El Presidente y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dirán que tienen otros datos, pero la realidad supera los caprichos de una persona o un grupo, y la situación de México, irremediablemente grave, se perfila hacia el Estado fallido. El modelo de gobierno que han trazado Morena y su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), parte de una premisa falsa y, por tanto, sus conclusiones son también falsas. Morena afirma que el mal de males –la pésima distribución de la riqueza– es la corrupción; pero después de dos años de gobierno morenista, la pobreza sigue incrementándose y el flagelo de la corrupción sigue campante y sin que nadie lo detenga.

El obradorismo difundió que su modelo necesitaba un año para sentar las bases y volverse irreversible y, en función de este objetivo, el Presidente y sus colaboradores han modificado leyes a tontas y locas, con lo que han creado un Frankenstein que ahora no saben cómo controlar, ni qué desastres prever en los próximos años, con excepción de los beneficios electorales, jurídicos y políticos que esperan de él a partir de 2021.

Pero respecto al combate a la corrupción que supuestamente ejecuta el actual Gobierno Federal, hablemos de lo que no se dice con mucha frecuencia: que en realidad está favoreciendo a la clase más rica de México y del extranjero, es decir, a los empresarios que tienen las inversiones más grandes en el país. No sé si los morenistas se han propuesto este resultado, pero si éste no fuera el caso, sería malo y si, por el contrario, fuera el que buscan, sería mucho peor.

Trataré de darme a entender. Es cierto que después de la Revolución Mexicana de 1910-1917, que se hizo en nombre del pueblo, se creó una clase política gobernante que fue lo suficientemente hábil para mantener una buena relación con Estados Unidos (EE. UU.) y aplicar un nacionalismo entre socialista y capitalista, aunque evidentemente más cargado hacia esta ideología. Esta casta, que no pertenecía a la poderosa clase industrial, primero se desarrolló políticamente y más tarde pasó a formar parte de las filas empresariales. Esta transformación se acentuó al final del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), cuando surgió el Partido Acción Nacional (1939), el cual representaría bien y mejor los intereses de ese sector empresarial.

Ahora bien. Para ser capitalista, según Carlos Marx, es necesario tener dinero; pero no poco sino en cantidades suficientes para disponer de medios de vida holgados y adquirir medios de producción, con los cuales fabricar y vender mercancías, de cuya elaboración pueda obtenerse, además, plusvalía. De esta clase naciente, que dependía de la burocracia, surgieron los menos “puros” o deshonestos, que pudieron hacerse de capitales privados gracias a su pertenencia a los gobiernos de la Revolución Mexicana.

Los políticos de esos tiempos, incluso, tenían esta frase: “A mí no me des, solo ponme donde hay, de lo demás yo me encargo”. Es decir, bajo las alas tolerantes de esos gobiernos surgió una pléyade de políticos y burócratas que se volvieron empresarios que no solo se encargaron de abastecer a las dependencias estatales para provecho propio, sino que, además, fortalecieron los lazos de la casta gobernante con la clase industrial y comercial privada, nacional y extranjera.

Fue así como algunos políticos de origen pobre y desconocido tuvieron la posibilidad de acceder a las altas esferas del gobierno y, con ello, pudieron hacerse de capitales, invertir, incrementar sus ganancias y convertirse en parte de la poderosa clase empresarial mexicana. Muchas de estas personas se enriquecieron con negocios creados al amparo de los recursos públicos y otros, más cínicos, usaron esta frase: “Es un error vivir fuera del presupuesto”.

Este modelo cínico de corrupción llegó a su fin a principios de los años 90, cuando cambió la clase política en el poder y se implementó otro que, en esencia, no modificó significativamente el problema, pues se afianzó del poder público como mecanismo para capitalizar los negocios de ciertos funcionarios. Este cambio se hizo en concordancia con la fuerte presión interna y externa para “democratizar” México, lo cual propició la creación de instituciones autónomas como el Instituto Federal Electoral (IFE), entre otros, que se “ciudadanizaron” y comenzaron a criticar a los viejos políticos que usaban el poder público para enriquecerse personalmente.

 Esta vigilancia ciudadana hizo más difícil que los burócratas echaran mano de los recursos públicos de forma descarada; pero las crisis de 1995, 2000 y 2008 provocaron que los ciudadanos advirtieran que los funcionarios públicos seguían enriqueciéndose y que ellos, en contraste, no veían ninguna mejora en su situación socioeconómica. Entonces recordaron el pasado con este lamento: “Los políticos antes robaban, decía la gente, pero repartían; hoy roban, pero no reparten”.

Este descontento de la gente se manifestó en la alternancia de gobiernos producido entre los años 2000 y 2012, hasta que el discurso anticorrupción de AMLO sedujo a los votantes, ya que prometió eliminar la posibilidad de que el dinero público sirviera para crear nuevos capitalistas, fueran chicos, medianos o grandes. Por eso, todos los apoyos a emprendedores, cooperativas y asociaciones civiles fueron cancelados y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició la persecución de personas y agrupaciones sociales con dos objetivos: uno administrativo y otro político. El primero está orientado a castigar a quienes se han enriquecido con recursos públicos, pero el segundo tiene como finalidad eliminar de la palestra pública a quienes el Gobierno Federal considera sus enemigos, persecución que ejecuta mediante el uso de presunciones o mentiras manifiestas, porque no pone a la vista ninguna prueba. En contraste con la situación de algunas organizaciones y personas victimizadas por la UIF, no vemos muchos políticos y funcionarios de la “Cuarta Transformación” (4T) detenidos por ese motivo.

El resultado de esta política es que, sin proponérselo o a sabiendas, el presidente López Obrador ha eliminado de tajo una fuente de competencia al gran capital. Es decir, con base en su discurso y sus acciones está fortaleciendo al capital neoliberal, al que dice que quiere eliminar, pero al que en la realidad favorece. Y está logrando esto con su negativa a brindar apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las principales proveedoras de empleo en el país y ahora se hallan sin ninguna opción para sobrevivir o reabrir sus puertas, dado el ambiente de gran incertidumbre en que se halla colocada la iniciativa privada no corporativa.

De manera que el ganador de la película es la clase capitalista extranjera y nacional, que de pronto se ha visto fortalecida por AMLO al eliminarle una poderosa competencia: la formación y fortalecimiento del capital al amparo del sector público. Lo malo de todo es que no se ha acabado la corrupción, los políticos siguen enriqueciéndose al amparo del poder público y el gran ganador no es el pueblo pobre, sino otro actor: el gran capital. Éste es el secreto del combate a la corrupción; éste es otro más de los fatídicos resultados de la 4T.