Una vez aprobada la Ley General de Salud, que modifica el etiquetado de productos con alto contenido de azúcar y grasas, los industriales del ramo alimentario recurrieron a altos funcionarios del actual Gobierno Federal para frenar el etiquetado frontal o, en su caso, retrasar la aplicación de esta iniciativa.

En realidad, desde hace varios sexenios, pese a algunas restricciones médico-legales, estas compañías han insistido en vender sus productos y aumentar sus grandes ganancias en perjuicio de la salud de millones de mexicanos, propensos a enfermedades como la obesidad y la diabetes.

Las reformas a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, se concretaron el 1° de octubre, cuando la Cámara de Diputados la aprobó por mayoría –445 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones– y la nueva legislación fue enviada para ratificación al Senado de la República. Las nuevas medidas disponen que los refrescos, jugos y toda clase de alimentos ultraprocesados dispongan de un etiquetado más claro y transparente en su contenido calórico.

Semanas atrás, industriales de los alimentos y bebidas procesados se reunieron con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero y legisladores de todos los partidos, así como con funcionarios de las secretarías de Salud y Hacienda, para evitar que tal advertencia se imprimiera en el etiquetado frontal de sus productos.

Participaron dirigentes del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A. C., (ConMéxico), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios (ANTA) y, entre otros, el de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), quienes argumentaron que dicho etiquetado frontal podría provocar la caída de sus ventas y, por lo mismo, la pérdida de fuentes de empleo.

En mayo pasado, incluso ConMéxico celebró una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad del etiquetado nutrimental frontal que actualmente se usa, aplicado en 2014. Según la resolución, “respeta los derechos a la alimentación adecuada, a la salud y a la información, además de apegarse a las recomendaciones internacionales de la materia”.

Jaime Zabludovsky, presidente ejecutivo de ConMéxico, afirmó en esa ocasión: “Esta resolución es una buena noticia para todos los mexicanos. Esto confirma que la información nutrimental contenida en las etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas es correcta, veraz y transparente”. Tal declaración fue aplaudida también por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Sin embargo, hay asociaciones civiles como El Poder del Consumidor, Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), ContraPESO, Salud Crítica, el Centro de Orientación Alimentaria (COA), así como instituciones académicas especializadas en salud, que respaldan la colocación del etiquetado nutrimental en un lugar más visible, no oculto, ni con letras “chiquitas”, para que el consumidor sea advertido de los “excesos” en azúcares, grasas, edulcolorantes y otros compuestos químicos en que puede incurrir, al consumir dichas mercancías. Y ese lugar corresponde precisamente a la parte “frontal” del etiquetado.

El cabildeo

A finales de mayo de 2019, la Segob se reunió con directivos de Fomento Económico Mexicano, S. A. de C. V. (FEMSA), productora de bebidas y alimentos, obviamente con el mismo propósito de evitar el etiquetado frontal. La reunión fue justificada por el Gobierno Federal aduciendo la necesidad de mantener conversaciones con el sector empresarial, ya que, para el crecimiento económico de México, se requiere de la iniciativa privada.

“El Gobierno de México respalda y considera que las empresas privadas son factores insustituibles para la transformación nacional. Queremos todos que empresas y empresarios sean aliados fundamentales de los tres órdenes de Gobierno, desde el municipio”, reza el comunicado oficial de la Segob.

La reunión fue organizada por Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA; este nuevo directivo asumió el cargo en febrero de este año, pero en el sexenio pasado se desempeñó como secretario del Trabajo y Previsión y Social del expresidente Enrique Peña Nieto.

En septiembre hubo otra reunión entre empresarios, industriales y, en ella, –según la propia Sánchez Cordero– estuvieron presentes legisladores de todas las fracciones parlamentarias y funcionarios de Salud y Economía. En este cónclave fue abordado el etiquetado frontal para alimentos y bebidas, incluida la iniciativa de reformar la Ley General de Salud, que se discutía en la Cámara de Diputados.

La convocatoria a la reunión fue hecha por la Segob, donde los industriales expusieron sus puntos de vista en torno a la medida: “Estuvieron representantes de todas las fracciones parlamentaria, del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadana, Morena y el Verde Ecologista, así como los subsecretarios de Salud y de Economía y, adicionalmente, la Segob y el encargado de enlace legislativo”, reportaron algunos medios.

Después de ese encuentro, se activaron campañas a favor de diversos productos con altos contenidos de azúcares, colorantes y grasas. Una de ellas es impulsada por la Industria Mexicana de Bebidas y se difunde en algunas de las principales cadenas de radio, es titulada A mi manera; hace referencia al trabajo que realiza esta industria –que agrupa a 120 empresas embotelladoras– para reducir 20 por ciento más al contenido de azúcar en sus productos.

Alejandro Calvillo, director de la organización no gubernamental (ONG) El Poder del Consumidor, mencionó que existe evidencia de que empresas trasnacionales como Nestlé, –con presencia en México– cabildean y destinan millones de pesos para revertir diversas iniciativas concernientes a sus ventas.

De hecho, Nestle patrocina FunSalud, iniciativa que, según la información disponible, fue creada para “velar por la nutrición y salud de los mexicanos, contribuyendo al debate y proponiendo iniciativas de solución a problemas de malnutrición y enfermedades metabólicas mediante esfuerzos coordinados”. A esto se refiere Calvillo cuando afirma que la industria pretende minimizar los daños, impulsa diversas campañas, destina recursos a instituciones y envía cabilderos para negociar a su favor.

Por su parte, la Industria Mexicana de Bebidas (IMB) hace lo propio, en este caso a favor del medio ambiente y, para ello, se sumó a una iniciativa para reducir el pet. Sobre el etiquetado frontal, usó la campaña Por un México más saludable con el que busca “innovar y evolucionar de la mano de las preferencias y necesidades de todos nuestros consumidores para que puedan elegir una bebida de un portafolio mucho más diversificado en opciones, tamaños y sabores acorde a su estilo de vida”.

La industria no pierde

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó, en diciembre, el informe Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: ventas, fuentes, perfiles de nutrientes e implicaciones normativas, donde revela que hubo un incremento en el comercio de productos chatarra en diversos países latinoamericanos, incluido México. Su análisis se emite de acuerdo con el porcentaje de incremento en la cantidad de calorías per cápita.

El organismo advierte que las tendencias de las ventas diarias per cápita de alimentos ultraprocesados en las tiendas minoristas de los siete países de América Latina, examinados del 2009 al 2014, aumentaron y que las previsiones para el periodo 2015-2019 se confirmaron. “Las ventas aumentaron en 8.3 por ciento al pasar de 408 kcal per cápita/día en 2009 a 441 kcal per cápita/día en 2014. Se prevé que aumenten en otro 9.2 por ciento, hasta 482 kcal per cápita/día en 2019”, señala el estudio.

Por productos, las bebidas endulzadas y los jugos tuvieron un mayor crecimiento en ventas; le siguen las barras energéticas, el queso procesado, el yogur endulzado y con saborizantes, los helados, las bebidas energéticas, los dulces, las sopas instantáneas, salsas y aderezos, el pan industrial y las mermeladas.

En 2018, FEMSA, la mayor productora de refrescos y bebidas azucaradas, obtuvo ganancias por mil 247 millones de dólares, de acuerdo con el ranking de Fortune Global 500.

Arca Continental,  empresa  con presencia en Estados Unidos (EE. UU.), México y algunos países latinoamericanos, que se dedica a la venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas saladas y dulces con las marcas Bokados en México, según  su Informe Anual 2018, en nuestro país: “el principal mercado de la empresa reportó su cuarto año consecutivo con crecimiento de volumen, 2.3 por ciento superior al año anterior, demostrando la fortaleza de sus capacidades de comercialización y atención al cliente. Las ventas netas totalizaron 62 mil 383 millones de pesos, 6.7 por ciento más que el año anterior”.

Otra de las empresas mexicanas que registró un incremento fue Grupo Bimbo. La panificadora, cuyos productos son ampliamente conocidos, cerró 2018 con cifras récord en ventas netas, así como en la utilidad bruta, utilidad de operación y flujo operativo (Uafida). En su reporte del cuarto trimestre, presentado este año, precisó que las ventas netas a nivel global se incrementaron el 7.8 por ciento en 2018, porque alcanzaron 10 mil 820 millones pesos en utilidad neta.

El presidente del consejo y director general de la compañía, Daniel Servitje, comentó que “cerramos el 2018 rompiendo récord en ventas netas, utilidad bruta, utilidad de operación y Uafida ajustada, posicionándonos como una empresa con mayor firmeza y eficiencia, que continuará creando valor y sirviendo a nuestros consumidores”.

Si de jugos se trata, una de las compañías con varios productos en los anaqueles y pequeñas tienditas es Jumex: cerró el año pasado con 16 millones 42 mil pesos en ventas, un crecimiento de 9.3 con respecto al año anterior, informó Manuel Martínez López, vicepresidente y director general a la revista Expansión.

Con datos de Euromonitor Internacional, una firma de investigación mercadológica, el segmento de los jugos en México registró ventas por dos mil 794 mdd en 2018: “Jumex es la segunda marca más vendida en el país, detrás de Jugos del Valle, propiedad de The Coca-Cola Company. El tercer lugar lo ostenta Boing, de la Cooperativa Pascual. En 2018, las marcas de Jumex con mayores ventas fueron Jumex, Bida y Amí”, añade el reporte.

Las empresas antes referidas conforman ConMéxico y generan –según su información institucional– el 52 por ciento de la inversión publicitaria en televisión y redes sociales, 500 mil empleos directos y, en conjunto, dos y medio millón de empleos, con mil marcas y 52 mil productos “llegamos a donde nadie llega”, afirman.

La oposición al etiquetado

Al menos públicamente, los empresarios han reiterado su respaldo al etiquetado frontal, como el caso de la industria mexicana de bebidas, que se pronunció en un comunicado: “a favor de mejorar el etiquetado como una herramienta adicional a programas educativos para ofrecer información clara, transparente, y sencilla”, pero en los hechos se muestra reacia a cumplir los lineamientos.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, en entrevista con buzos, comentó que el etiquetado actual beneficia a la industria, es por ello que se oponen a un nuevo formato, como el que se aplica en Chile y Canadá.

“Les conviene que haya un etiquetado sesgado, no visible; es un etiquetado que nadie usa. Ellos no quieren reducir sus ventas, no quieren reformular, no quieren invertir, no quieren destinar parte de sus ganancias para tener productos, quieren ganar y ganar, y su objetivo es la Bolsa de Valores y que las acciones crezcan; ése es el objetivo y, para eso, meten ingredientes de bajo valor; no tienen moral y tienen toda una campaña para dar una imagen de que son empresas que se preocupan por la salud, que generan crecimiento económico”, destacó.

El Poder del Consumidor y otras asociaciones –impulsores de las modificaciones a la Ley de Salud– aplicaron una encuesta donde el 94 por ciento de los participantes aprobó que los alimentos y las bebidas contengan sellos de advertencia al frente de los empaques cuando los productos superen los límites establecidos de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías.

En la misma encuesta, 90 por ciento de los consumidores manifestó que prefiere que los sellos de advertencia sean octagonales y de color negro, tal como lo propone el proyecto.  Así como la inclusión de la palabra “exceso” para ser utilizada en los sellos de advertencia que muestren el producto excedente en los límites establecidos para químicos y azúcares.

En contraparte, el costo erogado por el Estado en la atención a los males provocados por grases y azúcares suman millones de pesos. La ONG informó que uno de cada dos niños nacidos partir de 2010 desarrollará diabetes a lo largo de su vida. En el año 2000 se estimaba en 40 mil mdp el costo de los tratamientos contra la obesidad; ahora se proyectan alrededor de 200 mil mdp; es decir, esto sube y, sobre todo, suben las consecuencias. El sector social de los más pobres es el mayor afectado, porque la gente sola no detecta la diabetes cuando va al médico.

Será hasta 2021 cuando se concrete la iniciativa, en caso de su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Mientras tanto, los empresarios no cesarán de convencer a las autoridades para que se frene la medida. Las asociaciones civiles confían en que tanto las autoridades de Salud, Economía y los legisladores asuman su responsabilidad y avancen en el proyecto que obligaría al etiquetado frontal de las mercancías cuyo consumo implique riesgos para la salud.