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En 2012, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hubo 36 millones de defunciones provocadas por las enfermedades no transmisibles (diabetes, hipertensión, infartos y cáncer), cuyo impacto fue equiparable al de epidemias como la gripe española, que segó la vida de más de 50 millones de personas a principios del siglo XX, y de la peste negra, que en el siglo XIV terminó con más de 25 millones de hombres y mujeres, la misma cifra alcanzada por el VIH.
De acuerdo con estimaciones de la OMS, en 1980 padecían diabetes aproximadamente 108 millones de personas, cifra que se cuadriplicó en solo un tercio de siglo al afectar a 422 millones en 2014, año en el que además su tasa de incremento anual se elevó del 4.7 al 8.5 por ciento en la población adulta.
A esta realidad no escapa México, en cuya población la diabetes ocupa el primer lugar como causa de muerte con más de 50 mil defunciones anuales, lo cual está estrechamente asociado a las posiciones primera y segunda de los principales factores de riesgo, la obesidad infantil y en adultos, según datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais).
Los vecinos de la colonia Lomas Estrella, de la alcaldía Iztapalapa, aún recuerdan con afecto a la señora Lourdes Espinoza (1962-2018) cuyos múltiples padecimientos a causa de esta enfermedad, que le fuera diagnosticada en 2013, le hicieron más difíciles sus últimos días. Doña Lulú vivía sola en un departamento del edificio multifamiliar en esa la colonia y era muy querida y respetada por todos los vecinos.
La pérdida de fuerza en sus brazos y piernas fue la causa inicial por la que supo que padecía diabetes. Luego perdió, paulatinamente, la visión, razón por la que sus vecinos se mantenían al pendiente de sus necesidades. En una ocasión advirtieron que no la habían visto bajar ni subir; cuando fueron a ver qué pasaba la encontraron inconsciente en el sofá.
Los paramédicos dijeron que ya no había nada qué hacer, pero ante la insistencia de los vecinos fue trasladada a un hospital general, donde se detectó que sus niveles de glucosa estaban elevadísimos. Dos semanas después salió caminando del nosocomio, pero su desenlace era inminente. Doña Lulú murió en la víspera de la Navidad de 2018, acompañada de su único hijo.
Los señores Nicolás Sánchez y Mario Buendía, ambos del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, quienes vivían en los barrios San Juan Zapotla y Tlaixco, respectivamente, murieron también en 2018. Uno se dedicaba al comercio y el otro al transporte público y ambos sufrieron la amputación de sus extremidades inferiores debido a infecciones mal atendidas en sus pies diabéticos.
Alerta en el Estado de México
Los seis estados de la República con mayores casos de diabetes entre 2002 y 2008 fueron Tlaxcala, Guanajuato, Puebla, Chiapas, Tabasco y México. Este último se posicionó en primer lugar nacional en defunciones debido a la diabetes mellitus con más de 11 mil personas, seguido por la Ciudad de México (CMDX) con nueve mil casos. El 62 por ciento de los decesos se presentaron en adultos mayores de 65 años.
Ante este panorama, en el oriente mexiquense, el gobierno municipal de Chimalhuacán abrió las puertas del Centro de Atención a Enfermedades Crónico Degenerativas (CAECh) en 2011, en el que desde el principio se brindó servicio a 300 pacientes de estos padecimientos.
De entre los más de tres mil pacientes que el CAECh atendió en 2018, una quinta parte, 620 fueron personas diagnosticadas con diabetes, de las cuales el 60 por ciento fueron mujeres, informó el director de esta unidad, Alejandro Magdaleno Reyes, en entrevista con buzos.
El director agregó que el 40 por ciento de los pacientes que atienden en esa institución padecen de sobrepeso y obesidad, de los cuales el 10 por ciento son infantes, lo que equivale a 120 menores. También reveló que en lo que va de 2019 se han detectado problemas de hipertensión arterial en 320 personas, de las cuales casi el 70 por ciento son mujeres.
Además, agregó que el 15 por ciento de los pacientes atendidos sufre de insuficiencia renal y el 10 por ciento de los pacientes atendidos por diabetes han tenido que someterse a la amputación de alguna de sus extremidades.
El doctor Magdaleno Reyes explicó que cada organismo responde de manera diferente a estas enfermedades, pero existen factores y condiciones que agudizan los padecimientos. Esos factores son: el diagnóstico no oportuno, no aceptar la enfermedad, llevar vida sedentaria, someterse a altos niveles de estrés, mala alimentación y no llevar un tratamiento con medicamentos controlados.
Todo esto, enfatizó, deriva en una muerte prematura, años de vida con discapacidades, ceguera adquirida en una edad económicamente activa, insuficiencia renal crónica o amputación no traumática de extremidades.
“Este centro depende del gobierno estatal. Aquí los pacientes permanecen de seis meses a un año en promedio, ya que somos una unidad de transición, tiempo en el que son atendidos por 14 personas, entre médicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y administrativos. El 95 por ciento de las personas que tratamos son de Chimalhuacán, pero también damos servicio a habitantes de municipios como Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Texcoco; así como de los estados de Puebla y Oaxaca”.
Para reforzar el trabajo del CAECh, el gobierno de Chimalhuacán abrió en 2013 el laboratorio municipal, que ofrece estudios cuyo costo es 60 por ciento menor que los centros de análisis privados. Por su destacada labor en la química clínica e inmunológica, el laboratorio municipal ha recibido, desde 2015, el reconocimiento anual de la empresa mexicana Programa de Aseguramiento de la Calidad en los Laboratorios.
La falta de medicinas elevará el costo de tratamientos médicos
Magdaleno Reyes dijo que entre 2011 y la primera mitad de 2018, el funcionamiento del CAECh fue aceptable, pues los pacientes acudían con regularidad para aprender a controlar sus niveles de glucosa; participaban en talleres y terapias y recibían gratuitamente sus medicamentos, previa presentación de sus pólizas del Seguro Popular.
Pero esta situación cambió a raíz de las decisiones administrativas y restrictivas que el sector salud del Gobierno Federal anterior comenzó a aplicar en la segunda mitad del año pasado, presionado por la futura nueva administración federal del sexenio 2018-2024. El primer efecto nocivo fue el desabasto de medicinas en 24 de las 32 entidades de la República Mexicana.
Destacó que el plan de austeridad republicana enarbolado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), resultó negativo, al provocar diversos efectos colaterales en materia de salud. Además de la falta de medicamentos, está detenida la construcción de hospitales y la adquisición de equipo médico; existe rezago en los pagos a proveedores, contratos y servicios.
A estas medidas de control, que han alterado el funcionamiento adecuado de los servicios públicos de atención médica debe sumarse la decisión incomprensible de AMLO de eliminar el Seguro Popular, cuyo padrón de afiliados superaba los 57 millones de personas.
Todas estas acciones, comentó el médico, orillaron a renunciar a su cargo al exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, en mayo pasado, quien aseguró que “ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”.
Al ser cuestionado insistentemente por los medios de comunicación, AMLO reconoció que sí hay un problema de desabasto de medicamentos, pero que antes la situación era “peor” y “no se hacía nada”. Ahora, “con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos se está ventilando el asunto”.
Con el mismo discurso que empleara cuando lanzó su guerra contra el huachicol, el mandatario federal dijo que “no es el que no se estén comprando las medicinas o que falten las medicinas, es que se están revisando contratos que se hicieron con empresas de construcción de hospitales que quedaron inconclusos”.
Y mientras esto sucede en el discurso, pacientes como Gerardo Rangel García sufren las consecuencias de estas decisiones.
A los 42 años, Gerardo fue diagnosticado con insuficiencia renal en un hospital privado, pero por cuestiones económicas comenzó a tratarse con un homeópata, quien le recetó simplemente unas gotas. Pronto se sintió peor. Un día, mientras se dirigía al consultorio homeopático, el mareo extremo lo obligó a pedir ayuda; alcanzó a comer un taco de queso antes de desmayarse.
Recobró el conocimiento en un hospital en Moctezuma, donde le informaron que su nivel de glucosa había llegado a 980 puntos. Estuvo internado un par de semanas. “Afortunadamente, no resulté con daños en la vista, ni en el hígado, ni en los riñones. Pasé nueve años así, sin control”. Fue a principios de 2019 cuando comenzó a tratarse en el CAECh, donde le han enseñado a controlar su alimentación.
“El Presidente dice que hay medicinas para todos y creo que es lo justo para las personas de bajos recursos. Así que es momento de que el Gobierno (Federal) se ponga las pilas y nos dé esas medicinas, porque no nos alcanza para estarlas comprando. Uno tiene que buscarle y tomar las genéricas, porque no nos alcanza para las de patente; por ejemplo, una cajita de metformina cuesta hasta 200 pesos. Yo tengo que limitarme”, comentó Gerardo.
Gerardo es comerciante, tiene 51 años y afirma que cada día lucha contra su enfermedad: “Aquí nacimos para luchar, no hay más. Mi madre murió de cáncer en el páncreas y también era diabética. Yo trato de salir adelante porque no voy a dejar que me acabe esta enfermedad. Tengo a una persona con discapacidad que depende de mí y es por ella que no me voy a dejar vencer; pero le pido al Gobierno que nos ayude, que ya nos den las medicinas que tanto necesitamos”.
El director del CAECh precisó que con el gobierno de López Obrador y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se agudizó el problema del desabasto de medicamentos. “De enero a mayo solo nos han surtido en dos ocasiones; de 100 claves (medicamentos) que pido, me llegaron 40, pero ésas no corresponden a las necesidades básicas de los pacientes; y del 100 por ciento que deberían traerme, solamente traen un 40 por ciento. Es decir, si pido 100 metforminas solo traen 40 cajas con 30 pastillas cada una, mismas que debo distribuir entre los pacientes a quienes se les puede recetar como dosis máxima cinco tabletas al día.
“La política de control lo único que va a ocasionar es que se dupliquen los costos para la atención de enfermedades crónicas. Por ejemplo, en este centro se realizó un ejercicio para cuantificar el gasto que representa el tratamiento para un paciente con diabetes; el resultado fue que se invierten hasta cinco mil pesos en medicamentos; y si fuera un paciente que ya requiere de un apoyo sustitutivo por hemodiálisis gastaría hasta 30 mil pesos mensuales. Solo la insulina tiene un costo de mil pesos; las consultas con psicólogos y nutriólogos rondan los 300 y 500 pesos”.
Un estudio multidisciplinario realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y varias instituciones de salud pública, reveló que la atención al sobrepeso y obesidad cuestan al sector médico 120 millones de pesos cada año.
“Así como al gobierno se le ocurrió hacer cierre de guarderías y de comedores, esperamos que no tenga la intención de cerrar las puertas de centros de especialidades, que son muy importantes para el bienestar de personas con enfermedades crónicas. De continuar con esta carencia de medicamentos y con una política de mucha restricción y poca atención al sector salud, estará en riesgo todo el trabajo que hemos realizado”, dijo el director del CAECh.
Magdaleno Reyes hizo un llamado al Gobierno Federal para que reconsidere su política de restricciones en el Sector Salud y advierta que una reducción presupuestal a éste es un golpe muy duro para los pacientes, porque las enfermedades crónico-degenerativas tarde o temprano traen complicaciones y la carencia de medicamentos contra estas afectaciones se presentan en el corto plazo y son mortales.
México.- Tras las fuertes lluvias que causaron severas inundaciones en Sinaloa, se abrirán los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la población en general en la entidad.
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Los casos de depresión aumentan durante la temporada navideña, afectando principalmente a mujeres entre 25 y 30 años.
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Aunque la Constitución Política dicta que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud”, además de que el derecho a la salud es el derecho humano.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.