Las matanzas selectivas en Estados Unidos (EE. UU.) son episodios recurrentes por el odio racial, la venganza o por alcanzar la fama; y que se cometen mediante el uso de armas adquiridas con pasmosa facilidad. Estos ataques de civiles contra civiles retratan a una nación fragmentada y dominada por la cultura armamentista y por prejuicios racional en un Estado incapaz que ahora mismo enfrenta dos graves crisis: social y sanitaria, compulsadas por expresiones de enojo y violencia. Detrás de cada masacre, los cabilderos del complejo industrial militar (CIM) presionan al Congreso para mantener el libre acceso a rifles, revólveres, escopetas, granadas y otros equipos ofensivos.

Cuando se trata de masacres masivas, EE. UU., el “país de la democracia”, encabeza las listas mundiales. Si bien es difícil calcular la cifra exacta, para la organización suiza Evaluación de Armas Pequeñas (SAS), ninguna otra nación supera el arsenal que cada estadounidense posee en casa.

La superpotencia es la única nación del planeta donde existen más armas que personas. En ella hay un promedio de 6.87 víctimas por masacre; mientras en otros países solo excepcionalmente se registran actos de esa naturaleza y los perpetradores no son civiles, sino paramilitares o miembros de ejércitos regulares.

En EE. UU. hay un promedio de 100 muertes diarias por armas de fuego que suman unas 38 mil al año. Por el número de muertes, los efectos persistentes en la salud que ocasionan las heridas de armas de fuego, así como por el impacto psicológico, la violencia con armas representa un asunto tanto de política y salud mental como de justicia criminal.

El presidente de ese país, Joseph Robinette Biden, “sorprendido” por la noticia de lo ocurrido en Texas a su retorno de Asia, se mostró “harto” porque el Congreso de EE. UU. no impone el control a la venta de armas debido a la fuerte presión del lobby armamentista.

El mandatario estadounidense lanzó este mensaje: “los fabricantes de armas se han pasado dos décadas comercializando agresivamente las armas de asalto, que son las que mayores beneficios les reportan. Por el amor de Dios ¿cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas?”.

Y si para la prensa corporativa y los propagandistas de la Casa Blanca, ése fue un mensaje claro de Biden, cabe preguntar: ¿por qué, entonces, Biden ha resultado ser el gran vendedor de armas a países como Israel, Ucrania, Surcorea, India, Arabia Saudita y Pakistán, entre muchos otros?

Resulta al menos esquizofrénico que discretamente pida controlar la venta de armas en su país cuando anuncia multimillonarias ayudas para que sus aliados compren armas de alto poder.

¿Por qué?

Con el paso de los años, tampoco se ha dado respuesta a la pregunta: ¿por qué ese país no logra frenar las masacres? La más recurrente es que la relación de los estadounidenses con las armas es muy estrecha y que su cultura armamentística parece un caso atípico en el mundo.

Amparados en el derecho que les otorga la Segunda Enmienda de la Constitución a portar armas, millones de ciudadanos de EE. UU. colman ferias de armamentos en los condados o armerías para formar sus bien provistos arsenales.

La Segunda Enmienda establece que los estadounidenses tienen derecho a poseer y portar armas. Ello implica el derecho a la autodefensa, a la defensa de su Estado y país, una perspectiva que era vital para preservar la libertad, según los fundadores de la patria. Sin embargo, este derecho ya amenaza otro: el derecho a la vida de miles de inocentes.

El número tan elevado de masacres ya dividió a esa sociedad. Un sector aspira a establecer un control más firme a la venta, posesión y uso de armas; otro sector se opone a ello, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), liderada por Wayne LaPierre, quien critica que el Estado controle el derecho a tener un arma para defenderse.

La NRA realiza fabulosas donaciones a las campañas de políticos y fundaciones para atenuar su responsabilidad. El Centro para una Política Responsable (CRP) refiere que, tras la masacre de 2018 en Parkland, la NRA aumentó sus aportaciones por hasta 779 mil dólares.

Entre los beneficiarios de esa entidad figuran Donald John Trump y el senador republicano Marco Rubio. También se vincula a empresas como las agencias de renta de autos Hertz y Enterprise, la aseguradora MetLife, la telefónica Allied Van Lines, el First National Bank, etcétera.

En general, los fabricantes de armas realizan campañas para influir en la opinión pública y aprueban a candidatos afines a sus intereses.

En EE. UU. va al alza la fabricación de armas de fuego. Se estima que, solo en 2018, el Complejo Militar Industrial (CMI) produjo nueve millones de armas de fuego, más del doble de la cantidad producida 10 años antes.

En 2021, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) informó que ese año marcó un aumento anual más alto en la verificación de antecedentes federales que, supuestamente, exigen las tiendas para vender armas. La cifra fue del 60 por ciento más que en enero de 2020.

El informe Tiroteos masivos en EE. UU. (abril 2021), de la influyente Corporación Rand, explica que la mayoría de los atacantes son hombres, que las víctimas se seleccionan arbitrariamente y que las masacres se cometen en sitios públicos y sin motivos mafiosos.

Otras bases de datos especializadas sugieren que los tiroteos se producen en zonas urbanas; y los motivos de los perpetradores son muy subjetivos. Sin embargo, la mayoría cometió las masacres en escuelas o en sus propios lugares de trabajo. Además, la mayoría de los atacantes disparó antes o después contra un miembro de su familia.

Con los registros de la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Rand indica que es difícil afirmar que los tiroteos se incrementen, aunque advierte que su frecuencia aumenta. Para Humans Rights Watch (HRW), los tiroteos masivos resultan de la violenta cultura estadounidense. En 2009, el índice de homicidios con arma de fuego era de 33 por cada millón, muy superior al promedio de la vecina Canadá.

“¡Es suficiente!”, escribieron en su rostro decenas de estudiantes. Y es que EE. UU. es el país con mayor número de armas. De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, en sus 50 estados circulan entre 270 y 310 millones de armas. Si la población estadounidense es de 319 millones de personas, se estima que cada una posee un arma.

Resulta paradójico que, ante la proliferación de estos ataques, la prensa corporativa y los analistas insistan en que son actos de enfermos mentales. Niegan el problema de la marginación socio-política que subyace en su país y el hecho de que los perpetradores hayan sufrido acoso sistemático (bullying) y discriminación por su origen étnico, clase social o alguna discapacidad.

Las masacres también expresan la furia del tirador, que por lo general admira o pertenece a grupos de odio xenófobos o racistas; y aunque opera en solitario, enfoca sus actos contra miembros de comunidades de origen étnico minoritario o centra como objetivos de su ira a los anglosajones que lo han hostigado.

Atacantes y consultorías

Aún sin reponerse por el efecto devastador de lo sucedido en Buffalo, Nueva York, cuando Payton Gendron acabó con la vida de una decena de personas en una tienda de barrio con alta concentración de afroamericanos, una nueva matanza sacudió a los estadounidenses. Salvador Ramos, de 18 años, abrió fuego el martes 24 de mayo contra 19 estudiantes y dos maestras en la escuela primaria Robb, de Uvalde, Texas. La matanza le llevó 11 minutos; antes había disparado contra su abuela.

Este horror coincidió con el décimo aniversario de la terrible masacre en la primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut que, en 2012, cobró la vida de 20 niños, de entre seis y siete años, así como de seis trabajadores de la escuela. Buen número de las víctimas letales del tiroteo de Ramos son también de origen mexicano.

Ante ese segundo tiroteo masivo, en solo 10 días avivó el encono entre opositores a las armas. Legisladores, organizaciones y analistas exigen endurecer el control sobre la disponibilidad de las armas.

Una ola de rabia se sumó a la incredulidad de miles de estadounidenses ante la incapacidad del gobierno federal y sus gobiernos locales para enfrentar lo que llaman una epidemia de violencia armada.

“¡Cuándo vamos a hacer algo para detener esto!”, gritó el entrenador de la Liga de Basquetbol (NBA), Steve Kerr, a los legisladores republicanos que rechazan el control de armas. Pero no solo es el Congreso, sino las consultorías estratégicas que han diseñado la relación entre el Estado y los fabricantes de armas.

La embajadora de EE. UU. ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield, no es pacifista sino una exempleada de la consultoría estratégica global Albright Stonebridge Group, dirigida por la ex Secretaria de Estado del expresidente William Clinton, Madeleine Albrigth.

Todos ellos, mirando sobre el hombro de Bush padre, Bush hijo, Obama y ahora Biden, han supervisado la intervención estadounidense en Libia, el desastroso involucramiento en la guerra de Yemen, la ocupación aún en curso de Afganistán, el apoyo al golpe en Honduras y mucho más. En síntesis, Biden tiene hoy el mismo equipo de asesores y traficantes de influencias que colaboraron para que sucedieran esos conflictos regionales que costaron muchísimas vidas y dejaron enormes ganancias al complejo industrial militar.