La reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación ha acaparado en los últimos días la discusión pública; y no es para menos, pues con esta reforma, el todavía presidente López Obrador y su partido Morena, pretenden apoderarse del Poder Judicial, el único poder que le ha hecho contrapeso, pues ha revertido reformas y actos de su gobierno contrarios a la Constitución y los derechos de los mexicanos. 

No me referiré aquí al contenido de la propuesta de reforma, que ha sido comentada ampliamente, y cuyo objetivo fundamental no es mejorar la impartición de justicia en el país, sino socavar la independencia e imparcialidad de los juzgadores federales, al someterlos a una elección popular con reglas que garantizan que los jueces ganadores serán los propuestos por el partido en el poder, obedientes a éste y no personas capacitadas para ejercer el cargo. Me referiré al burdo engaño que significaron los “Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial”, foros organizados por la Cámara de Diputados para, supuestamente, escuchar todas las opiniones en relación con esta reforma impulsada por el Presidente. Como ha sucedido con foros parecidos organizados en torno a otras reformas polémicas impulsadas por Morena en los últimos años, por ejemplo, la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología; al terminar los nueve foros de la reforma judicial, lo único que quedó claro es que todo fue un montaje, un engaño morenista para decir que la propuesta fue sometida al escrutinio público, que se escuchó a la oposición (porque son muy plurales) y que nadie reclame después. 

En dichos foros, que se realizaron en diversas partes del país, pudimos escuchar opiniones de diversos actores políticos, juzgadores y sociedad civil. Por un lado, escuchamos opiniones en contra de la reforma judicial, varias de ellas muy bien informadas, sustentadas y críticas, que señalaron lo peligroso y costoso que resultaría para todos que los jueces sean electos por voto popular y demás aspectos perjudiciales de la reforma judicial, pero señalaron la urgencia de revisar y reformar el sistema de justicia, que no sólo implica a los jueces, sino también a las fiscalías. Por otro lado, escuchamos en su mayoría, discursos y opiniones de los morenistas que apoyan la reforma judicial de López Obrador, con acusaciones reiteradas de corrupción sin pruebas, y alegando el supuesto mandato popular que, según ellos, “el pueblo” les otorgó en las pasadas elecciones y les da facultad de hacer lo que quieran. Algunos de estos discursos morenistas rayaron en lo absurdo, como los de la ministra Lenia Batres (nombrada directamente por López Obrador), quien dice que el Poder Judicial es corrupto, hay simulación e influyentismo, pero que todos los días muestra su ignorancia del derecho y su total desconocimiento de la labor de los jueces; la misma ministra que ha andado muy activa promoviendo en todos lados la reforma judicial, pero que tiene prácticamente abandonados los asuntos que le tocan resolver en la Suprema Corte como ministra en funciones, trabajo por el que le pagamos todos los mexicanos, pero que no realiza. Aunque sí vimos participar en los foros a funcionarios públicos, legisladores, la ministra presidenta y otros ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la judicatura federal, algunos jueces y abogados; varios realizados al interior de la República, a algunos jueces y magistrados les cerraron el micrófono al intervenir, no los dejaron hablar, o no los dejaron ingresar para participar, tal como lo denunció la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).

Si bien en los foros se hicieron análisis valiosos y se dijeron muchas verdades en relación con lo peligrosa, perjudicial y costosa que resultará la reforma judicial morenista, como adelantamos, nada será tomado en cuenta, pues el morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo dijo antes de iniciar con los foros de la reforma: “estos foros son para oír, no para debatir, pues las cosas están claras hacia dónde van”. Y así sucedió: la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación pasará tal como la mandó el Presidente, sin cambiarle nada, o a lo más, agregar la nueva ocurrencia presidencial, una tómbola para disminuir el número de candidatos en la elección de jueces y magistrados, pues queda claro que no han dimensionado el costo económico de su necedad.

Por ello decimos que los foros de la reforma judicial resultaron ser una mentira más de Morena a los mexicanos, aunque algunos no lo quieran ver. Lo peor es que ésta será la forma de gobernar en los próximos seis años: un Poder Ejecutivo que ordena, un Legislativo que obedece y, si pasa la reforma, un Poder Judicial sumiso y complaciente, que ratifica los abusos del poder.