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Controvertida compra de aerolínea
A tono con su política electoral, AMLO utilizaría a la quebrada Mexicana de Aviación para crear una nueva aerolínea, asignada a la Sedena. Los expertos anticipan un fracaso debido a su inviabilidad técnica y jurídica.
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A tono con su política electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intenta utilizar el conocido nombre comercial de la empresa quebrada en 2010 Mexicana de Aviación y crear otra a partir de ésta, argumentando que su intención es apoyar con transporte a familias pobres que deseen vacacionar, incluso, a Europa. Sin embargo, los pronósticos para la nueva aerolínea anticipan un fracaso debido a su inviabilidad técnica y jurídica.

Directivos de organismos internacionales de regulación aérea, de empresas del ramo y especialistas advierten sobre la inviabilidad de crear una nueva aerolínea comercial a cargo de las fuerzas armadas mexicanas, como la ha descrito el Presidente.

Más allá de los cuestionamientos técnicos, económicos y jurídicos, la nueva aerolínea forma parte de un paquete de “logros”, que incluye las megaobras inconclusas, impulsadas desde la Presidencia y consideradas inviables por especialistas, aunque AMLO prometa que estarán terminadas a más tardar en diciembre de 2023, poco antes de las elecciones presidenciales.

 

 

De sus dichos se desprende que el objetivo de la aerolínea militar es contribuir a la campaña de promoción de los “logros” de su gobierno, agregándola a las “obras emblemáticas” del sexenio, cuya vocación de propaganda electoral se ha demostrado, así como su nula utilidad para fines de beneficio social.

Además, busca darle movimiento al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado junto a la base militar de Santa Lucía, cuya primera etapa se inauguró el 21 de marzo de 2022 y que hasta ahora ha sido rechazado como alternativa por las aerolíneas; el AIFA sería precisamente donde operaría la supuesta flota de 10 aviones de Mexicana de Aviación.

AMLO incluyó en esa flota el ya famoso “avión presidencial”, que lo mismo ha “rifado”, anunciado su inminente venta y ofrecido para bodas y XV años; se trata de una nave Boeing-787 Dreamliner con características especiales de tipo ejecutivo, no de transporte comercial, cuya intención de venta resulta ser un disparate.

Se supone que el resto de la flota de la “Cuarta Transformación” (4T) serían aviones rentados para transporte de pasajeros; aunque, como indican especialistas, para determinar el tipo de aeronaves requeridas y sus costos de operación primero se deben establecer las rutas a cubrir, la afluencia de pasajeros a esos sitios, etc.; al cierre de esta edición, ni siquiera se había definido el marco legal bajo el cual las fuerzas armadas podrían operar esa nueva aerolínea.

 

Mexicana de Aviación

A principios de octubre de 2022, a través del “hackeo” y sustracción de documentos digitales oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los medios de comunicación revelaron que AMLO pretende crear una línea aérea comercial operada por la empresa denominada Olmeca-Maya-Mexica, sociedad mercantil creada el 13 de abril de 2022, cuyo socio mayoritario es la Sedena, que tiene a su cargo el AIFA y el Tren Maya. AMLO pretende bautizar esta aerolínea como Mexicana de Aviación, usando el nombre de una empresa quebrada en 2010 y que aún se encuentra sumida en deudas debido a conflictos laborales.

Originalmente, la Compañía Mexicana de Aviación S.A. de C.V. se fundó en 1921 como una sociedad mercantil con participación mayoritaria del Gobierno Federal, que se declaró en quiebra y fue vendida a particulares en 1980; esa línea cubría rutas nacionales e internacionales a Latinoamérica y el Caribe, así como a España y Reino Unido, en Europa.

Ahogada en deudas, con todo y sus filiales pequeñas, Link y Click, el 28 de agosto de 2010, Mexicana se declaró en quiebra solicitando entrar a un “concurso mercantil” para acordar la liquidación de cuentas a sus múltiples acreedores con mediación judicial, concurso que terminó el cuatro de abril de 2014, al mismo tiempo que se desencadena un conflicto laboral con sus trabajadores y pensionados que hasta el día de hoy sigue sin resolverse.

 

Una propuesta inviable

El cinco de octubre de 2022, Rogelio Rodríguez, doctor en Derecho Aeronáutico y Constitucional, declaró a El Financiero que la Sedena carece de facultades constitucionales para ejercer lucro, en este caso, para montar un negocio como una aerolínea con el fin de obtener ganancias por su operación. El especialista señaló al diario que se violaría la Constitución si la nueva aerolínea de la Sedena declarase tener fines comerciales y por lo tanto buscar la obtención de ganancias, de lucro “(…) pero si en los estatutos habla de fines sociales y establece el carácter no lucrativo, aun cuando las sociedades mercantiles son de fines lucrativos, se ve jurídicamente viable (…)”, dijo.

Si la aerolínea tuviera un objetivo social se podría entender que ofreciera un servicio público de transportación aérea gratuita a la población y que los costos fueran pagados con dinero público; pero no es así, el cinco de octubre de 2022, el presidente AMLO afirmó que las ganancias derivadas de la operación de la nueva aerolínea comercial Mexicana de Aviación a cargo de Sedena se destinarían a nutrir las pensiones de los militares.

 

 

De esa manera estaría procurando saltarse el impedimento constitucional para el lucro en el caso de militares, agregando que el dinero obtenido se usaría para el fondo pensionario militar, que en la realidad se nutre con recursos públicos destinados a la Sedena.

También en los hechos, la Sedena es accionista mayoritario de una sociedad mercantil –con fines de lucro– denominada “Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V”, comúnmente identificada como “Olmeca-Maya-Mexica”, creada el 13 de abril de 2022, y encargada de operar aeropuertos como el AIFA y el proyecto del Tren Maya.

Olmeca-Maya-Mexica también está a cargo de los aeropuertos de Chetumal, Palenque, Alberto Acuña –de Campeche–, y el de Tulum –actualmente en construcción–. El cinco de diciembre de 2022, AMLO asignó a la Secretaría de Marina (Semar) la operación de la terminal aérea de Ciudad del Carmen, Campeche.

AMLO ha expresado su deseo de que esta sociedad mercantil se haga cargo de la anunciada aerolínea de la 4T, que se toparía con severos problemas legales al contravenir las leyes del ramo aplicables.

 

Acomodar leyes al gusto

El 16 de diciembre de 2022, AMLO envió al Congreso de la Unión, al filo del cierre de las sesiones del año, una iniciativa, ya turnada a comisiones de estudio preliminar, con la cual busca que Morena y sus aliados modifiquen los términos de las leyes secundarias de Aviación Civil y de Aeropuertos. Con esa reforma a leyes secundarias busca autorizar a la Sedena para que pueda operar una aerolínea comercial, aunque esto no cambie las restricciones dispuestas en la Constitución que impiden ejercer lucro comercial a las fuerzas armadas.

En suma, la 4T ya realiza gestiones para poner en operación su línea aérea; la iniciativa de reforma, que sigue pendiente, sería votada durante el siguiente periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, a realizarse entre febrero y abril de 2023

Consultado por buzos, el abogado Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA), dijo: “en primer lugar, la Sedena, al día de hoy, conforme a la Ley de Aviación y la Ley de Aeropuertos, no puede ser operador aeroportuario y operador aéreo al mismo tiempo. Con base en eso, el titular del Poder Ejecutivo envió una iniciativa de reforma a esas leyes a la Cámara de Diputados, en la que, entre otras cosas, viene también esta reforma para que puedan ser al mismo tiempo operadores aéreos y aeroportuarios; solo que esa reforma, conforme a los tiempos legislativos, será a partir de febrero, cuando comience el siguiente periodo de sesiones de la Cámara. Entonces, falta que se analice y, en su caso, se apruebe en la Cámara de Diputados y la Sedena ya pueda ser un sujeto de derecho para tener esta dualidad de ser operador de aeropuertos y operador aéreo.

“Pero como todo lo que hace la 4T, empezaron por la Z en lugar de la A”, expuso Casas Lías, quien señaló que la 4T está asumiendo el compromiso de comprar la marca Mexicana de Aviación y de liquidar a los trabajadores en conflicto con esa empresa que se declaró en quiebra en 2010, aunque no se tenga certeza jurídica, porque aún no se ha aprobado la mencionada reforma.

 

 

El abogado especializado agregó que la 4T está actuando “cuando no se tiene la certeza jurídica de que la Sedena va a poder ser esa empresa que ellos pretenden… lo ideal sería primero obtener las autorizaciones; primero tener el marco legal que lo permita, y una vez que se tenga esto, entonces ya se puede entrar al fondo, a ver lo del dinero”.

En ese marco dijo que como está ejecutándose, esta operación podría incluso ocasionar daño al erario, “en el sentido de que ya se están comprometiendo a pagar cuando jurídicamente ni siquiera podrían tener todavía esa aerolínea, dado que la quieren incrustar en la Sedena; ése es el punto central”.

El ocho de diciembre de 2022, en el marco del evento Global Media Days (GMD) del siete de diciembre en Ginebra, Suiza, el director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Willie Walsh, consideró inviable la nueva línea aérea planeada por el gobierno mexicano; y describió como muy difícil la operación de una empresa de tipo comercial bajo control de un Estado, debido a que queda bajo influencia de la política, informó el medio especializado A21.

Por otro lado, el 18 de octubre de 2022, en un evento de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo realizada en Buenos Aires, Argentina, Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, calificó como innecesaria la creación de una nueva aerolínea en el país y consideró un sin sentido el plan de abrir una línea para tomar rutas nacionales no cubiertas por otras empresas comerciales, calificando el proyecto como inviable e incosteable.

La prioridad gubernamental –afirmó Conesa– debería ser aplicar mejor la inversión oficial necesaria para recuperar la categoría 1 de la que México fue degradado a la 2 en 2020 por la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, al no garantizar una adecuada supervisión de la seguridad de aeropuertos y aeronaves, por lo que redujo drásticamente los permisos de ingreso a su “espacio aéreo” por parte de aeronaves mexicanas, perjudicando financieramente a las aerolíneas.

También detalló que la pandemia modificó el mercado de la aviación nacional, por lo que hasta agosto de 2022 no se habían ampliado rutas –por incosteables–; las operaciones solamente habían crecido en 20 por ciento con respecto a 2019, mientras las tarifas se mantenían 20 por ciento por debajo de su nivel observado antes de la crisis sanitaria.

 

Las supuestas rutas

El cinco de octubre de 2022, AMLO afirmó en su mañanera que la nueva aerolínea tomaría las rutas canceladas por líneas comerciales, como serían los casos de Mexicana de Aviación e Interjet, así como de Aeromar, que al cierre de esta edición seguía operando, aunque había disminuido rutas por ser económicamente inviables.

“Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales; además, ha habido una disminución, pues no solo fue Mexicana, sino Interjet, y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay”, señaló AMLO.

El dos de septiembre de 2022, efectivos de la Marina desalojaron a los trabajadores de Mexicana de Aviación que mantenían un negocio desde 2011 en la zona conocida como Cafetería, al interior de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de donde obtenían recursos para sostener a sus familias y sus gestiones legales en busca de una liquidación.

Tras la intervención de los marinos, la directiva del AICM expuso que se había desalojado un “campamento” montado por los trabajadores argumentando “razones de seguridad” de los usuarios y operadores, y porque representaban una competencia desleal y ocasionaban quebrantos económicos a una cafetería existente en el sitio, autorizada por la dirección del aeropuerto.

Por separado, la Asociación de jubilados, trabajadores y extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM), denunció que este desalojo afectaría los ingresos de 70 familias de trabajadores y obstaculizaría el seguimiento de dos juicios laborales en proceso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

El viernes 13 de enero de 2023 A21 reportó que elementos de la Semar tomaron el control de una parte de las instalaciones de la línea Aeromar en el AICM para garantizar el pago de 500 millones de pesos adeudados al AICM, que presuntamente la empresa se negaba a liquidar, según reportes oficiales de la terminal aérea.

El gobierno adjudicó a la aerolínea la ejecución de graves irregularidades con el uso de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria, lo que podría ameritar la cancelación total de sus operaciones como línea aérea.

 

 

El caso de Mexicana

El cinco de diciembre de 2022, AMLO aseguró que su gobierno se hallaba gestionando la adquisición de la marca comercial Mexicana de Aviación, que sería utilizada por la aerolínea de la Sedena, y aseguró que los trabajadores en 2010 –incluso los jubilados– afectados por la quiebra de esta empresa ya habían aceptado recibir dinero por la venta de la razón social.

Especialistas indicaron que para conseguir el uso legal de la marca Mexicana de Aviación, como pretende AMLO, la 4T tendría que asumir los costos originados por los juicios pendientes entre los trabajadores y la empresa aérea; es decir, tendría que recontratarlos o indemnizarlos conforme a la ley.

 

Las aventuras de un avión presidencial

El avión presidencial que AMLO rechazó por ser lujoso, y que lo mismo ha rifado que ofrecido en venta o alquiler a particulares y gobiernos de otros países, gasta más por mantenimiento que por su uso. Se trata de una aeronave Boeing-787 Dreamliner.

Durante 2022, el gobierno de México gastó más de 300 millones de pesos en el mantenimiento del avión. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, la Sedena solicitó una partida de 331.4 millones de pesos para su mantenimiento y arrendamiento, misma que fue incluida en el rubro 12071320003.

El avión, propiedad de Boeing, con un costo de tres mil 300 millones de pesos, fue entregado al gobierno de México bajo un contrato de arrendamiento financiero a 15 años, firmado en 2012, en el que se acordaron pagos periódicos a modo de renta por medio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) –un banco del gobierno–, y asignado a la Sedena, su operador, mediante la Fuerza Aérea Mexicana.

A decir de diversos especialistas, esa nave aérea es un “prototipo” tipo ejecutivo (tiene mesas, sillones anchos, etcétera), un diseño especial registrado legalmente por el fabricante y pensado incluso como muestra para promocionar el modelo ante otros gobiernos; que esa firma de aviones lo adapte para transporte comercial de pasajeros costaría lo menos 100 millones de dólares, casi dos mil millones de pesos… cantidad que, en los hechos, alcanzaría para hacer otro avión.

 

El 11 de enero de 2023, AMLO dio a conocer que el pago por la compra de la marca Mexicana de Aviación se había calculado oficialmente en 816.7 millones de pesos, y que las indemnizaciones a los trabajadores se cubrirían en un periodo de tres meses, es decir, entre enero y abril de 2023.

Eduardo Barrera, presidente de la delegación de Mexicana ante la ASPA, informó que el embargo sobre la empresa sería levantado una vez que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indicara de dónde saldrán los fondos para cubrir esos 816.7 millones de pesos; sin embargo, hasta el momento se desconoce la existencia de los recursos.


Escrito por Martín Morales


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