San Luis Potosí. - En tiempos de la “austeridad republicana”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aplica recortes a diversos rubros, entre ellos el sector salud. En un período de seis meses ha provocado el desabasto de medicamentos y reducción presupuestal en todos los hospitales nacionales de alta especialidad, dependientes de la Secretaría de Salud (SSA).

La renuncia del ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez evidenció los problemas en el sector Salud y el papel que tiene Hacienda en la operación. Como consecuencia, programas, entre ellos el de trasplantes y de atención a la obesidad sufrieron disminución presupuestal.

“Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo… Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”, escribió el ahora senador.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló recursos que serían consignados a distintas áreas de este sector, entre los cuales se encuentran cerca de mil 363 millones de pesos, destinados al suministro de medicamentos y para mejoras al servicio. Además, también tiene detenido el pago de salarios de los delegados del IMSS en los estados, los recursos para obras y hasta lo necesario para pagar los adeudos con proveedores.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 aplicó recortes a centros médicos especializados de la SSA hasta un 85 por ciento, sobre todo en la sección de “compensaciones por servicios eventuales”.

Uno de los centros más afectados fue el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, ubicado al sur de la Ciudad de México. La Institución redujo en un 85 por ciento su presupuesto para el pago de “eventuales”. En 2018, este instituto recibió un presupuesto de dos millones 106 mil pesos, en tanto para 2019 se le asignaron 326 mil pesos. Una diferencia de poco menos de 2 millones de pesos.

“En el 2019 prácticamente está en cero por ciento el avance de obras y el pago a proveedores, los contratos y convenios de servicios se rezagan… las compras de equipamientos están paradas, las reclamaciones y litigios aumentan”, detalló Germán Martínez en su carta de once páginas en la cual presentó junto a su renuncia, que fue muy clara: “Los severos recortes al presupuesto del sector salud, hacen imposible que el instituto opere de manera adecuada”. El proyecto de nación de la “Cuarta Transformación” tiene como objetivo redistribuir el presupuesto de manera responsable y adecuada. Asimismo, precisa de austeridad para cumplir con todos los compromisos prometidos. Sin embargo, es ingenuo pensar que estos recortes no afecten al sistema de salud.

Ahora, los estragos en este sector son alarmantes y continuarán aumentado, poniendo en riesgo la vida de millones de mexicanos, que ya padecen las consecuencias de este recorte presupuestal. En San Luis Potosí, donde más de un 90 por ciento de la población se atiende en centros hospitalarios públicos, como el IMSS o el Seguro Popular (SP), se acabaron los apoyos para atender a personas que necesitan hemodiálisis, si antes era difícil que una familia pobre pudiera atender los gastos que implica este tratamiento, ahora, prácticamente se orilla a pacientes a que se resignen, a que su estado de salud se agrave, o peor aún, esperar la muerte.

“No podemos continuar con esta situación”

En San Luis Potosí, como en la mayoría de los estados, ya se detectaron problemas en el sector salud debido al recorte presupuestal, pues las condiciones por las que atraviesan habitantes de 20 municipios de la zona Huasteca son dramáticas. En el Hospital General del municipio de Ciudad Valles tiene equipo para hemodiálisis y es insuficiente para atender la gran demanda. Y si esto no fuera poco, el pasado 21 de junio se dio a conocer que más de un centenar de pacientes, provenientes de esta zona, están en riesgo debido a que se les disminuyeron las sesiones de hemodiálisis por falta de recursos en el HGCV, de la Secretaria de Salud estatal.

Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Andrés López Espinosa, comunicó que la Comisión ya siguió de oficio una queja por el asunto de la falta de hemodiálisis en el Hospital General de Ciudad Valles, incluso ya emitió una medida cautelar porque se trata de pacientes que requieren de hemodiálisis y que al ser un padecimiento crónico-degenerativo y no disponer de un tratamiento adecuado y oportuno, corre riesgo la vida del paciente.

Raúl Hernández de 74 años de edad, derechohabiente del Hospital General de Valles, denunció la falta de aplicación de este tratamiento vital y además el desabasto de medicamentos que tiene este nosocomio, “acudo a este hospital para que me realicen las hemodiálisis correspondientes, pero ya son varias semanas que las máquinas se quedan sin agua, por lo que no se nos da el tratamiento completo, esto emporará la enfermedad, además paso cada mes por mi medicamento, y ahora me dicen que no lo tienen, que no les ha llegado, esta situación está empeorando y el gobierno no da soluciones, no puede seguir jugando con la salud de la gente”.

Esta situación es desesperante para los enfermos y sus familiares, por lo que los pacientes del Centro de Nefrología y Diálisis de dicho hospital, ante la falta de servicio amenazaron con encadenarse fuera de la clínica si no reciben respuesta del delegado del Gobierno federal, Gabino Morales, y la secretaria de Salud de SLP, Mónica Rangel.

Tal parece que el presidente de México olvidó el artículo 4to de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. “El derecho a la salud significa que los gobiernos deben implementar las medidas que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible, incluyendo la disponibilidad garantizada de servicios de salud”.

 Este derecho está consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) de 1966; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, entre otros.

Inconformidad contra el recorte

Hace más de un mes, un grupo de médicos residentes marchó hacia el Palacio Nacional, portaban un pliego petitorio en el que pedían la resolución de problemas como el desabasto de medicamentos, retraso del pago de salarios y la falta de claridad en algunos contratos. De igual forma, en San Luis Potosí, el pasado 30 de junio, un contingente de ciudadanos protestaron en las principales calles del Centro Histórico en contra del gobierno de AMLO, exigieron que regrese los recursos a cada programa y sector que ha afectado, como lo es la salud.

Estas demandas no se ven tan alejadas de los problemas que estados como Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, San Luis Potosí y otros 20 presentan en estos últimos meses: Desabasto de medicamentos, reducción del personal médico, falta de apoyos a pasantes, falta de personal administrativo, negativa a vacaciones o incapacidad, falta de pagos, retraso en la entrega de medicamentos, etc.

Los recortes del gobierno federal en el sector ya impactan a hospitales y clínicas de San Luis Potosí, con la reducción de 50 por ciento de los apoyos a médicos y enfermeros pasantes hasta el suministro de medicinas, que está garantizado solo 70 por ciento.

Las diferentes clínicas del estado ya tienen estragos por la falta de medicamentos, con el argumento de obtener ahorros presupuestales y evitar supuestos actos de corrupción. La clínica número 45 del IMSS, tiene desabasto de medicamentos, por lo que muchos de los pacientes se han visto en la necesidad de comprar gran parte de su tratamiento, y quienes no tienen la solvencia económica para hacerlo, solo les queda esperar “a ver si después llega”. “En mi caso requiero medicamento para la diabetes y necesito cada mes venir a surtir mi receta, ahora me dicen que no hay, por lo que me veo en la necesidad de comprarla, lo que afecta mi economía pues no gano lo suficiente en mi trabajo, de por sí existe un descuento en la nómina que se va directo a los gastos médicos, esta situación es injusta”, señaló el señor Carlos Loredo, derechohabiente afectado.

“Apenas comienza esta crisis en el sector salud, ¿Cómo se puede hacer un recorte a algo tan importante como lo es la salud y por ende la vida de las personas?, de por sí ya tiene muchas carencias y deficiencias, debieron incrementarse más los recursos en estas áreas y no hacer recortes inconscientes, porque los enfermos somos cada día más; desapruebo totalmente esta medida del presidente de México”, agregó.

Al respecto, el secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, consideró que la situación es grave, “tratando de hacer ahorros cuando esta Institución se regula con las cuotas obrero-patronales y se brindan servicios de salud, hospitalización, maternidad, pensiones y jubilaciones, como pensar que haya ahorros y que se reduzca casi 30 por ciento cuando las aportaciones no son del gobierno sino de los patrones, de los trabajadores y la aportación del gobierno es muy poca”.

El desabasto de medicamento ya llegó al cuadro básico, de manera que en nueve estados de la República, escasean de forma urgente antirretrovirales y oncológicos. Los hospitales no dan abasto para atender a los pacientes que ingresan día con día ni cuentan con las camillas necesarias para todos.

Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presupuesto para la salud del pueblo de México no tiene límites en su Gobierno. “Que quede claro: Para la salud del pueblo no hay límites en cuanto a presupuesto”, comentó el presidente.

Mala política de austeridad.

La situación no se queda ahí. La Secretaría de Hacienda congeló más de 794 millones de pesos del presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad. Además, ordenó reducir un 30 por ciento los gastos operativos respecto a los montos aprobados y 50 por ciento los relativos a servicios personales.

Marco Antonio García Ayala, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SSA, advirtió en las semanas anteriores que el sistema de salud está en colapso debido al despido de numerosos trabajadores.

Datos oficiales indican que con el arranque de gobierno de AMLO se dieron de baja 10 mil 585 funcionarios públicos. Específicamente en el IMSS, en diciembre anunciaron que habría recortes de personal, pero “sin tocar a médicos y sindicalizados”.

El IMSS cuenta con 1.44 médicos por cada mil habitantes, cuando los indicadores internacionales manejados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) establecen que deben ser 3.4 médicos por cada mil habitantes. “El IMSS atiende a más de 80 millones de mexicanos, esto lo convierte en el eje de las políticas de salud, por lo que es indispensable su reforzamiento en materia de infraestructura hospitalaria, de personal e insumos”.

En los últimos siete años (de 2013 a 2019), el presupuesto federal para la adquisición de medicamentos disminuyó 10.5 por ciento, al pasar de 88 mil 743 millones de pesos en 2013 a 79 mil 417 millones de pesos en 2019, mientras que el número de personas que gastaron en la compra de medicinas se incrementó en un millón y medio, destacó un reporte del Centro de Investigación Presupuestaria.

Roberto Martínez, director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México para América Latina, informó que México es el segundo país miembro de la OCDE, en el que el paciente ha de destinar más recursos propios para recibir tratamiento. El llamado gasto de bolsillo, lo que tiene que poner el paciente de su propio dinero para atender las enfermedades supone el 45 por ciento del gasto total de salud en el país.

Además, el tiempo de espera que tiene una paciente es de 91 minutos, cuando el deseable es de 30 minutos, con el recorte de personal esta situación empeorará. “El estado de fragmentación de las instituciones de salud y la desigualdad en el acceso a la atención de calidad, requiere aumento del presupuesto, no recortes ni ajustes que atenten contra las necesidades de la población”.

Paulatina desaparición de programas

Con la eliminación de la partida destinada al componente de salud del programa Prospera, que en las últimas dos décadas brindó atención médica a población mayoritariamente vulnerable, principalmente ubicada dentro de los polígonos de pobreza, se afectaría a cerca de medio millón de potosinos que quedarían desprotegidos en seis rubros vitales de salud.

Datos de la propia SSA, indican que durante el 2018 el componente de Salud de Prospera atendió a cerca de 470 mil habitantes ubicados en los 58 municipios con 6 programas esenciales: Paquete Básico de Salud Garantizado, Estrategia Integral de Nutrición, Estrategia de Desarrollo Infantil, Plan de Comunicación Indígena, Trabajo Comunitario, y Sistema Nominal de Salud y Supervisión, sectores que estarían en gran riesgo de perderse su seguimiento.

Además, el Programa que en 2018 ejerció 87.7 millones de pesos estaría dejando sin contratación a 201 médicos, personal de salud y enfermeras, además del apoyo de subsidio a 850 auxiliares de salud, quienes tenían un estrecho contacto con comunidades rurales, principalmente en comunidades indígenas.

El recorte presupuestal desarticula las brigadas y red de cuidados médicos que operaba la SSA de San Luis Potosí y que en 2018 atendió a más de 116 mil familias en zonas de alta marginación, cerca de un millón de acciones de salud con cobertura especial a mujeres embarazadas en control, embarazo de riesgo, en periodo de lactancia, niños con problemas de desnutrición, consultas médicas generales y estimulación temprana en menores de cinco años.

La decisión de la eliminación del componente Salud del programa Prospera se formalizó el pasado viernes 1 de marzo, con la publicación de las reglas de operación del programa Prospera para el ejercicio fiscal 2019, y que por primera vez en 22 años no contemplará una bolsa destinada a la salud.

Otros intereses, más estragos

Mucho se ha mencionado sobre el interés que tiene el presidente de México, AMLO, en promocionar más el beisbol que la vida de millones de mexicanos, que a diario se afrontan ante enfermedades tan graves como lo es el cáncer o la diabetes; pues durante este año se invertirá el 44 por ciento de lo que Hacienda congeló a los hospitales en la difusión de este deporte.

El impulso del juego ha traspasado los discursos y se ha trasladado al plano económico. Tan sólo en este año, el mandatario planea destinar 350 millones de pesos a este deporte, el 44 por ciento de lo que Hacienda congeló a los hospitales. Y de seguir así, al final de su sexenio se habrían invertido más de dos mil 100 millones en su promoción. Tal parece que las nuevas medidas de austeridad no aplican en todas las áreas. Sin embargo, López Obrador dijo que “aunque exista inconformidad con las políticas de austeridad de la Secretaría de Hacienda, las medidas van encaminadas a garantizar el combate a la corrupción y unas finanzas sanas”.

Con un recorte que afecta severamente al sector salud a nivel nacional, que de por sí ya contaba con deficiencias en la calidad de muchos servicios, ahora se enfrenta a un nuevo reto con las nuevas reglas de operación que están deteriorando la salud de los millones de enfermos que tiene el país.