La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) propuso que los gobiernos deben garantizar la ayuda a los grupos más vulnerables de la región, con la entrega de transferencias monetarias temporales, que les permita satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, “lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida”.

Además, en el largo plazo, el organismo reiteró que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, así como ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población vulnerables a caer en condiciones de marginación, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena presentó este martes el Informe Especial “El desafío social en tiempos del COVID-19”, el cual realiza una estimación del impacto social y los desafíos relacionados que tendría la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo.

En conferencia de prensa virtual, Bárcena entregó también los detalles de la propuesta de la CEPAL sobre un ingreso básico de emergencia (IBE) que se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país. “Esto es especialmente relevante dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva”, agregó en un comunicado.

“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Alicia Bárcena.

La propuesta de la CEPAL es la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020. En el caso de la región, equivale a unos 215 millones de personas, es decir el 34,7 por ciento de la población. Esto implicaría un gasto adicional del 2,1 por ciento del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.

El informe realiza un balance de los efectos sociales que traería la pandemia del COVID-19.  Provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico. Ante la caída del -5,3 por ciento del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por la CEPAL.

Y es que en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7 por ciento de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.