En 2021, las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México decomisaron dos mil 839 teléfonos celulares en los centros de reclusión locales, una cifra que superó los mil 500 aparatos hallados en 2005. A pesar de este aumento en las incautaciones, el Gobierno de la Ciudad de México decidió clasificar como reservada por tres años la información relacionada con los celulares decomisados en los penales durante el último sexenio.

La diputada Olivia Garza de los Santos expresó su preocupación sobre esta decisión, señalando que la falta de transparencia pone en duda si las autoridades están tomando medidas efectivas para combatir las extorsiones telefónicas realizadas desde los reclusorios.

Garza de los Santos, quien es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, también reveló que, el 5 de septiembre, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario aceptó la solicitud de reserva de la información, bajo el argumento de que divulgar estos datos podría generar desestabilización en los penales, al facilitar la organización de motines por parte de la delincuencia organizada.

“La respuesta que obtuvimos fue que no se daría la información porque, al divulgarse, la delincuencia organizada podría generar motines y actos violentos que complicaría la seguridad en los penales, incluso facilitando la evasión de reos”, explicó Garza.

En su solicitud de transparencia, la diputada pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana información sobre el número de celulares y chips decomisados, los reclusorios en los que se realizaron las incautaciones, y el destino de los aparatos. Todo ello, dentro del periodo de los últimos seis años.

“Lo han reservado por tres años, ahí queda su “transparencia”. Ahora no podemos saber si están combatiendo las extorsiones desde los penales o si están del lado de la delincuencia”, afirmó.

Garza de los Santos recordó que, a finales de 2005, el Gobierno capitalino instaló bloqueadores de señal en los centros penitenciarios con el objetivo de frenar las llamadas de los reos. En ese entonces, las autoridades estimaban que había unos mil 500 celulares al interior de los penales; sin embargo, los decomisos en 2021 demostraron que los esfuerzos para evitar el ingreso de teléfonos no han logrado frenar el problema.