El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción en el gobierno de México; pero a un año y medio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la lucha anticorrupción se ha centrado, solo en perseguir a los miembros de otros partidos políticos y los opositores del gobierno actual, como lo han demostrado especialistas en el tema.

El estudio Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), realizado este año por la organización empresarial Americas Society and Council of the Americas (AS/COA) en colaboración con la consultora internacional Control Risks of Mexico, evidencia que el gobierno no ha logrado prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción y que su lucha está estancada. En una escala del uno al 10, México apenas alcanzó una calificación de 4.5 puntos.

La organización estadounidense afirma que las prácticas que no permiten al gobierno de AMLO concretar su discurso contra la corrupción son: las adjudicaciones directas en las contrataciones públicas; el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): el desmoronamiento de los órganos reguladores y la falta de independencia de agencias clave como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El documento, publicado el pasado ocho de junio, se centra en el análisis de la capacidad institucional para combatir el fenómeno en tres rubros: Capacidad Legal, Democracia e Instituciones Políticas y “Sociedad Civil, Medios de Comunicación y Sector Privado”. Con excepción del último, en el que México obtuvo una puntuación de 6.2 puntos, en los demás salió reprobado con 4.5 puntos, colocándose en el octavo lugar entre 15 países evaluados por la AS/COA.

El analista de Control Risks of Mexico, Francisco García, declaró al diario Reforma que el estudio hace un análisis muy particular de la reacción a las investigaciones y casos de corrupción que el gobierno emprende contra la oposición y el grupo en el poder, es decir, contra los miembros de su mismo partido.

“AMLO ha impulsado su campaña anticorrupción alrededor de su habilidad personal para erradicar el problema. Mientras tanto, el Presidente ha ignorado prácticamente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ha incrementado el uso discrecional en contratos públicos y pasado por alto los controles para mejorar el Estado de Derecho”, asegura el CCC 2020.

En 2019, la puntuación de nuestro país en la lucha contra la corrupción fue de 4.6 puntos, mientras que en este año solo alcanzó 4.5; esto significa que la actual administración no logra avanzar en “su bandera” principal; por el contrario, está estancada.

Pero AS/COA no es la única organización que ha dado bajas calificaciones a México en su lucha contra la corrupción. El 23 de enero de este año, Transparencia Internacional (TI) y Transparencia Mexicana (TM) publicaron el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019 en el que se calificó a México con 29 de 100 puntos en el nivel de corrupción percibido dentro del sector público, donde cero significa altamente corrupto y 100 es muy limpio.

Sobre estos resultados, la investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) Fernanda Avendaño aclaró que la percepción de corrupción no puede medirse con precisión, pero refleja la frustración, enojo o descontento con el gobierno; lo que la convierte en un elemento fundamental en la evaluación del desempeño gubernamental y, posteriormente, en información para tomar una decisión electoral.

“El presidente AMLO considera el combate a la corrupción como uno de sus principales emblemas. Hasta ahora no hay una estrategia institucional, integral y nacional para combatir la corrupción. Tampoco se han fortalecido los instrumentos judiciales y fiscales para recuperar activos robados, reparar daños a víctimas y desmantelar las redes de corrupción existentes”, aseguró la investigadora en su artículo Combatir la corrupción: ¿espejismo o realidad?, publicado por el IMCO.

“Decir que vas a terminar con la corrupción vende en taquilla, pero llevarlo a la realidad es otra historia”, afirmó en entrevista con Reporte Índigo el analista político Salvador Mora, quien aseguró que, en vez de luchar contra la corrupción, la administración lopezobradorista utiliza estratagemas como las consultas populares para determinar investigaciones contra sus detractores; pero “cuando se trata de sus cercanos la severidad de sus acusaciones disminuye o simplemente se pasa por alto. ¿Cómo la administración de un Presidente cuya bandera dice ser el combate a la corrupción, investiga a Bartlett y lo declara inocente?”.

UIF, el brazo represor de AMLO

Dentro de la administración de la 4T, la UIF fue presentada como pieza clave para poner en práctica lo que AMLO consideró como su lucha contra la corrupción. Desde el inicio de la administración morenista, esta tarea quedó en la responsabilidad del abogado Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la que fue destituido en 2017 por investigar los contratos corruptos entre Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, y las compañías Odebrecht y OHL.

Sin embargo, el fiscal que alguna vez fue elogiado por los medios de comunicación por su investigación de actos corruptos, quedó en entredicho cuando la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue criticada por el CCC al no cumplir con su papel, debido a que subordina sus investigaciones a las decisiones políticas del titular del Poder Ejecutivo Federal.

En el documento de la CCC se asegura: “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha expandido drásticamente sus actividades, develando supuestos casos de corrupción que involucran a miembros de partidos opositores, la Suprema Corte y otros. En cualquier caso, los observadores han cuestionado el grado de control que AMLO tiene sobre la UIF. En concordancia, el puntaje de independencia y eficiencia de las agencias anticorrupción en México se ha venido abajo”.

El estudio también advierte que “la calificación de México en cuanto a independencia y eficacia de las agencias anticorrupción en el país disminuyó al igual que para el sistema de justicia”, ya que estas dependencias actúan conforme a los intereses del grupo en el poder.

En este enfoque coinciden especialistas como Salvador Mora: “La UIF lo que ha hecho es impartir justicia de manera parcial para los opositores del gobierno. Además, su titular, con el respaldo del Presidente, ha utilizado la tribuna de la conferencia mañanera para lanzar acusaciones, judicializar casos o intimidar”.

El caso más emblemático es el de Manuel Bartlett, de quien se difundió, en agosto de 2019, que contaba con un imperio inmobiliario de 23 casas de lujo ubicadas en zonas residenciales del Valle de México, cuyo valor conjunto asciende a 800 millones de pesos. Sin embargo, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) declaró a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una fortuna de “apenas” 51 millones de pesos e ingresos por 11 millones anuales. Esta investigación, realizada por la periodista Areli Quintero, evidenció que la fortuna de Bartlett era 16 veces mayor a la que reportó a la SFP.

Cuatro meses después, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, fue cuestionada por los partidos políticos de oposición debido a que no utiliza a la UIF para investigar la fortuna no declarada de Bartlett y su pareja sentimental, la empresaria Julia Elena Abdala, como sí lo hizo con Emilio Lozoya, contra quien la UIF giró una orden de aprehensión en 2019 y canceló sus cuentas bancarias por delitos de corrupción. La SFP declaró finalmente al morenista Manuel Bartlett inocente por los delitos de conflicto de interés y enriquecimiento ilícito.

El propio AMLO aceptó su predominio sobre la UIF cuando declaró en la  conferencia mañanera del nueve de enero pasado que “Santiago Nieto no hace nada sin consultar con el Presidente”. Hizo tal declaración luego de que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz declarara, en una cena con empresarios, que el titular de la UIF no respeta la presunción de inocencia.

Investigar solo a la oposición

Con Santiago Nieto a la cabeza, las investigaciones de la UIF se centran en los colaboradores más cercanos al expresidente Peña Nieto, cuyo círculo se angosta cada vez más, según él mismo declaró el pasado 11 de mayo en una entrevista con el diario español El País: “La investigación a Peña Nieto y Videgaray llegará, no somos tapadera de nadie”.

En una entrevista anterior con Aristegui Noticias, Nieto admitió que estaba investigando las cuentas del expresidente en el sistema financiero nacional e internacional. “Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”.

En la actual administración, figuras centrales del peñismo han sido denunciadas por actos de corrupción, entre ellas la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y el abogado Juan Collado, quien fue acusado por la creación de supuestas empresas “fantasma” que sirvieron para lavado de dinero y delincuencia organizada. Todos están actualmente detenidos.

Sin embargo, los escándalos por supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios o familiares de funcionarios de la 4T no han sido investigados con el mismo rigor. El más reciente hecho fue la adquisición de 20 ventiladores con un costo superior a 31 millones de pesos (con un precio unitario de un millón 550 mil) que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró al hijo de Manuel Bartlett, León Manuel Bartlett, cuando el precio de los aparatos es de 880 mil pesos cada uno.

Ante las preguntas de los reporteros, Nieto Castillo informó que la UIF no investiga al hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, pero afirmó que procesaba información solicitada por la SFP. “Nos ha solicitado información la Secretaría de la Función Pública. Estamos ahorita procesando, solicitando estos elementos”, fue su respuesta evasiva fuera del Palacio Nacional. Hasta el momento, el caso no se ha esclarecido.

Otro escándalo que involucró a un miembro más de la 4T fue el generado por una información publicada el 31 de mayo por el diario Reforma, en la que se aseguraba que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, de manera directa, adjudicó a la empresa Grupo Huerta Madre, propiedad de su compadre, el empresario veracruzano Arturo Quintanilla Hayek, el acondicionamiento de los terrenos para la refinería de Dos Bocas por cuatro mil 968.8 millones de pesos.

Un día después, la funcionaria publicó una carta deslindándose de las acusaciones y aseveró que su compadre no tiene ninguna participación en la empresa Grupo Huerta Madre, a la cual fue asignada la obra de Dos Bocas. En este caso tampoco se inició investigación alguna.

Pero ése no ha sido el único escándalo de corrupción de la actual Secretaria de Energía. El 12 de mayo, el IMSS difundió la rescisión de un contrato por 114 millones de pesos asignado a la empresa Bidcom Energy S.A. de C.V., propiedad de unos sobrinos del compadre de Nahle. Tampoco en estos asuntos “puso la lupa” la UIF.

En cambio, esta oficina sí inició una investigación en la Secretaría de Salud durante la administración de Peña Nieto, cuando fue encabezada por el doctor José Narro Robles. El asunto que se investigó fue un pago por 83 mil millones de pesos a empresas farmacéuticas donde se detectaron pérdidas fiscales por 416 millones de pesos que Nieto calificó como defraudación fiscal.

Los medios de información y analistas políticos se sorprendieron cuando el anuncio de esta investigación se emitió pocos días después de que Narro Robles publicara, en su cuenta de Twitter y en varios artículos de opinión, una serie de datos que desmintieron lo dicho por el doctor Hugo López-Gatell, actual subsecretario de Salud morenista, quien se encarga de informar oficialmente acerca de la pandemia generada por el Covid-19 en México. “En el siguiente hilo explico porqué ahora, igual que en 2009, las cifras de @HLGatell no cuadran, al tiempo que generan desconfianza e incertidumbre”, advertía el mensaje publicado el 28 de abril en su cuenta @JoseNarroR.

Ante la avalancha de críticas por la actitud vengativa contra Narro Robles, la propia UIF publicó el 13 de mayo, en su cuenta de Twitter, que las investigaciones sobre el sistema de Salud no incluían al también exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque no aclaró en quién recaerá la culpa de la defraudación fiscal en el IMSS durante el periodo en que Narro Robles fue titular de la SS.

Otro de los grupos a los que Santiago Nieto se la tiene jurada es Antorcha Campesina, organización social opositora a la política de la 4T y la que más protestas ha encabezado contra el gobierno de AMLO para exigir la entrega directa de apoyos de programas sociales y protestando por la desaparición del Ramo 23 en los presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) en 2019 y 2020.

En su entrevista con El País, el titular de la UIF declaró que investiga a Luis Miranda, “un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. Está relacionado con el regalo al Sindicato Mexicano de Electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad, está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros Estados”.

En su libro Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo, publicado en 2019, el exfuncionario de la Fepade confiesa su parcialidad y no puede ocultar su animadversión hacia Antorcha, a quien acusa de ser “un problema social por ser especialista en extorsión política”. Un año después, a principios de 2020, el Tribunal Electoral de Puebla le negó a esta organización el derecho a conformarse como partido político local, al mismo tiempo que Nieto hacía pública una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) acusándola por los delitos de lavado de dinero y corrupción; hasta el momento, las investigaciones no han avanzado y el fiscal no ha exhibido pruebas que sustenten sus acusaciones.

“Antorcha podrá ser lo que sea, (pero) ya está marcada por la 4T, quien ya le soltó a su verdugo favorito, a la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Santiago Nieto; pero lo que no se puede negar es que también había cumplido con todos los requisitos para poder erigirse en partido político local”, aseguró el periodista Ricardo Morales, en su columna Las Serpientes, del nueve de febrero de 2020.

Daniel Linsker, director regional de Cotrol Risk en México, Centroamérica y el Caribe, declaró al diario Reforma que la estrategia presidencial de culpar a las administraciones pasadas de los males del país se está agotando: “El tiempo de culpar a las administraciones pasadas de los hechos de corrupción se está agotando. Ahora se podrá saber si las instituciones tienen la independencia y la capacidad para perseguir y castigar actos de corrupción o sucede lo mismo que en el pasado, cuando los miembros del mismo grupo político no eran investigados”.

El miedo, última estrategia

Se publicó el pasado 11 de junio, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo para “establecer las bases conforme a las cuales se creará, promoverá, dará acompañamiento, seguimiento y coordinará el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”.

Nuevamente será Irma Eréndira, a través de la Secretaría de la Función Pública, la que active la plataforma de “alertadores” de corrupción, una figura que no tiene sustento jurídico ni legal, por lo que deja a discreción del gobierno considerar como válidas o no las “denuncias” o “filtraciones” de los alertadores.

Pero ¿quiénes son esos “alertadores”? según reza el Artículo III de dicho acuerdo: “Toda persona física que hace del conocimiento de la Coordinación General una alerta (de corrupción) a través de la plataforma”, a saber: alertadores.funcionpublica.gob.mx, éste “proporcionará información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo, o sea probable que se cometan por servidores públicos respecto de presuntos actos de corrupción”.

El coordinador general de Ciudadanización de Combate a la Corrupción de la SFP, Jesús Robles Maloof justificó que con el programa se busca fomentar la cultura de la denuncia y garantizar la protección de los alertadores para que no sean víctimas de represalias.

En los hechos, cualquier ciudadano que sospeche que una persona cometa o pueda llegar a comer actos de corrupción, puede denunciar, sin presentar pruebas ni mayores indicios. Incluso, según el Diario Oficial de la Federación, en su Artículo 8º, los “alertadores” podrían recibir “incentivo económico como necesario e imprescindible”.

El Acuerdo entró en vigor el 11 de junio de este año y la SFP expuso que la modificación de los lineamientos permitirá enfocarse “estratégicamente” en las conductas que más daño han provocado al país, tales como “cohecho”, “peculado” y “desvío de recursos”.

La abogada Maribel Rodríguez, especialista en el tema, aseguró a buzos que “el principal problema de los alertadores “es que no existe regulación alguna que le dé sustento legal, por lo que al no existir un mecanismo que establezca criterios para aceptar las filtraciones se deja a discreción del gobierno considerar como válidas o no las pruebas que sustenten lo que se denuncie, y atentar contra la presunción de inocencia”.

En su columna publicada en el Financiero, el periodista Pablo Hiriart, aseguró que lo que el Gobierno Federal está haciendo es “montar una estructura de terror en contra de los ciudadanos. Lo que se publicó en el Diario Oficial es una estructura que legaliza la intimidación. Deja impune el falso testimonio. Alienta el chantaje. Cualquiera puede amenazar con una denuncia anónima, sin riesgo alguno. Y mientras se aclara, destruyen una carrera o una familia. Legaliza el escarnio y el despojo sin que necesariamente haya culpabilidad de por medio. Ahora, un soplido anónimo –o pagado por el mismo gobierno–, de que tales funcionarios y particulares piensan cometer un acto de corrupción, puede dar lugar a una denuncia. Y tras la denuncia, va la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Como sabemos, a través de esa ley –de la 4T– se pueden embargar bienes donde se presuma que hubo actos de corrupción, sin que un juez haya dictado sentencia de culpabilidad. Faltaba algo: legalizar un sistema de soplones. Ya lo tenemos en el Diario Oficial de la Federación. Crearon un monstruo institucional de intimidación hecho ex profeso para los que disienten”.