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Ante el poco interés del Gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Transportes y Movilidad de resolver la problemática que mantienen taxistas con aplicaciones de viajes DiDi y Uber, de nueva cuenta los ruleteros tomaron las calles de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Fueron alrededor de dos mil unidades las que se manifestaron en diversas arterias de la ciudad y se plantaron en la principal avenida, creando un caos vehicular en el primer cuadro de la ciudad durante varias horas.
Julio Cesar Moreno, Presidente de Promoción Social Avanzamos CROC Chiapas, apuntó que empresas transnacionales como DiDi y Uber han prestado el servicio de manera ilegal ya que existe la ley en donde se establece que nadie puede prestar este servicio público sino cuenta con las condiciones y permisos necesarios: “en el 2020 se reformó la ley pero estas plataformas han hecho y deshecho pese a lo que las autoridades les han manifestado”.
De seguir así declaró que esto podría estallar en un conflicto social más grande, lo cual debe evitar el Estado y realizar los operativos necesarios para sacarlos de circulación o bien regularizarlos: “Si puede trabajar DiDi y Uber pero con los concesionarios”, recalcó.
Roberto Valentín Gordillo Padilla, Delegado Estatal de la Confederación Auténtica de los Trabajadores de la República Mexicana, señaló que quien ha fallado y no ha resuelto en las mesas de trabajo es el Estado por lo que tienen contemplado un paro total, ningún taxi circulará en los próximos días y harán bloqueos en los accesos a la ciudad como medida de presión hasta que se cumpla la ley.
En cuanto a más enfrentamientos o querer armar un grupo para detenerlos, señaló que no son autoridad alguna como para hacer tales acciones pero no dejarán de poner el dedo en el renglón hasta que cierren operaciones o bien los regularicen, toda vez que este sector, el de los taxistas, pagan sus impuestos y hay una ley que protege los derechos de los transportistas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, calificándolo como un crimen absolutamente inaceptable.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México no reportó afectaciones en dichas alcaldías.
Autoridades de la alcaldía recibieron el llamado de auxilio por detonaciones de arma de fuego.
Hay muertos y casas quemadas tras varios días de enfrentamiento entre dos grupos armados, lo que ha provocado el éxodo de la población.
En algunas comunidades de otros 10 municipios se impidió la instalación de casillas y más de 60 mil electores no pudieron participar con su voto en la “fiesta democrática” del pasado dos de junio.
Durante el operativo se identificó a tres personas que portaban armas de fuego.
Para prevenir otras situaciones y cumplir con los cómputos distritales que establece el proceso electoral, otros municipios enviaron sus paquetes al IEPC.
Los manifestaron denunciaron las irregularidades de la investigación del crimen, por lo que catalogaron el asesinato como un crimen de Estado.
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Los medios locales varían en la cifra de muertos por las complicaciones de seguridad para llegar a Tila.
La violencia en esta zona del sur del país se intensificó desde el sábado 17 de agosto.
De manera preliminar no se reportaron personas lesionadas o fallecidas, ni afectaciones.
No se reportaron pérdidas humanas.
La iniciativa modifica el Artículo 4 de la Constitución estatal.
El Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas comunicó, a través de su cuenta de X, que se activó el protocolo de actuación.
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Escrito por Ricardo López
Colaborador