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El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, enfrenta una investigación por parte del Gobierno Federal debido al delito de enriquecimiento ilícito. Además, se le señala por poseer nueve ranchos en los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, cuyo valor asciende a cerca de 500 millones de pesos.
Además, el Gobierno Federal investiga la adjudicación directa de un contrato de 478 millones de pesos por parte del gobierno de Chiapas a la familia Carballo Zurita; tanto Ernesto como su esposa, Fátima Gutiérrez, son investigados como posibles prestanombres.
Asimismo, se descubrió que, entre 2020 y 2023, la empresa Production Suministro Jees recibió 79 adjudicaciones por un total de 323 millones de pesos. Estos contratos se asignaron a empresas ubicadas en domicilios abandonados en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, lo que sugiere la existencia de un esquema de empresas fantasma.
Ante esta situación y la crisis de seguridad que atraviesa el estado, Escandón permanece prácticamente desaparecido. Se especula que espera la fecha del 7 de diciembre, cuando deberá entregar el cargo.
Habitantes de Pantelhó, en Chiapas, expresaron su firme deseo de que se cancelen las elecciones extraordinarias.
De manera preliminar no se reportaron personas lesionadas o fallecidas, ni afectaciones.
Por lo menos 10 menores de edad asesinados y cuatro más que resultaron heridos en contextos de violencia criminal.
En algunas comunidades de otros 10 municipios se impidió la instalación de casillas y más de 60 mil electores no pudieron participar con su voto en la “fiesta democrática” del pasado dos de junio.
Personal de Servicios Periciales arribaron al lugar para trasladar el cadáver.
Los pobladores denunciaron que el ex candidato Gaspar Santis usa como grupo de choque a la organización PAPICH
Derivado de los acuerdos emitidos por los Consejos Distritales 02 y 08 del INE Chiapas, no se celebrarán comicios, debido a la falta de condiciones de seguridad y actos de violencia.
En Tuxtla Gutiérrez son tres las figuras en la contienda electoral.
El Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas comunicó, a través de su cuenta de X, que se activó el protocolo de actuación.
Para prevenir otras situaciones y cumplir con los cómputos distritales que establece el proceso electoral, otros municipios enviaron sus paquetes al IEPC.
33 personas de origen egipcio, nepalí, cubano, hindú, pakistaní, árabe y latinoamericano.
Agentes de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales se trasladaron al lugar de los hechos.
La FGR solicitó copias de los expedientes sobre las suspensiones a los jueces involucrados.
Respecto al crimen organizado, la secretaria se limitó a señalar que no le corresponde brindar esa información.
Tras nueve días de plantón señalan que tomarán y bloquearán el Puente de Chiapa de Corzo como medida de presión.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.