Los republicanos, perdedores del voto popular en la elección de 2020, castigan a quienes eligieron al candidato opositor e inhiben sus derechos. Este partido aprobó más de 361 leyes que restringen el voto de latinos (mexicanos en su mayoría), afroamericanos y ciudadanos empobrecidos por la pandemia y la crisis económica. Su estrategia consiste en vetarles el derecho a las urnas en los comicios de 2022, con medidas excluyentes y racistas que arriesgan la calidad de la democracia en Estados Unidos (EE. UU). Eso suscitó una gran oleada de resistencia, lo que anticipa un escenario de mayor polarización en ese país.

Los graves abusos policiacos que, en los últimos tiempos, provocaron la muerte de varios ciudadanos afroamericanos, llevó a algunos sectores en EE. UU. a ajustar cuentas con ese legado racista. Sin embargo, el Partido Republicano (PR) no solo no lo asume, sino que pretende restar derechos a afroamericanos y latinos.

Su estrategia ha impuesto más restricciones electorales y cambiado todas las reglas que, a su juicio, les impidieron mantener la presidencia. Y así promueven una fiebre de iniciativas (361) en 47 de los 50 estados de ese país para imposibilitar el voto de las dos minorías que más han contribuido a que EE. UU. sea una potencia mundial.

Con ello, los republicanos confían en dominar el Congreso hacia 2022; y si esa ofensiva resulta exitosa, asegurarían el 2024, cuando se decidiera sobre quién presidirá la superpotencia mundial.

Los republicanos no tienen el monopolio del pensamiento conservador estadounidense, pues ni ellos ni los demócratas honran el ideal de diversidad social del que la superpotencia alardea en el exterior. No obstante, como comenta el analista de la agencia Associated Press (AP), Steve Peoples, existe escaso interés republicano en combatir el racismo.

En EE. UU. la esencia clasista se manifiesta en sus élites político-económicas. Ambos partidos son muy afines en su actuación ante las minorías, a pesar de que difieren en sus agendas políticas. Esta naturaleza marginal de los partidos es obvia en sus respectivas direcciones, que integran exclusivamente hombres anglosajones y sus bases, blancas en general.

Para marcar distancia de sus adversarios políticos, hoy, Joseph Robinette Biden adopta posiciones “progresistas” y se muestra interesado en superar el historial racista del país. En ese objetivo le ayudan, involuntariamente, los republicanos más refractarios a admitir su derrota electoral que reposicionan su defensa de lo que llaman “las tradiciones políticas anglosajonas”.

Incitados por Donald John Trump y las fuerzas que representa, los republicanos se proponen evitar que se repita el fenómeno electoral de Biden –que ganó la presidencia por solo 11 mil 770 votos contra Trump– y optan por privar de su principal derecho cívico a millones de estadounidenses.

Al socavar así la democracia, el PR de EE. UU. fracasa en su misión de alentar la confianza en la integridad del Estado. Parece que su propuesta es ampliar la brecha de exclusión entre privilegiados y quienes aún confían en ejercer plenamente su derecho al voto.

Algunos advierten que esa fiebre de leyes restrictivas al voto popular representa una revancha de perdedores que lo llevará hacia “el suicidio político”. Sin embargo, tal estrategia plantea cierto dilema para los demócratas y su capacidad para contener esa ofensiva legislativa. De lograrlo, se podrían promover como garantes de la universalidad del voto popular y si fracasa, perderían la reelección.

Veto al voto

Hasta el 24 de marzo, la fiebre legislativa de los republicanos sumaba 361 iniciativas. Tan solo en mes y medio aumentaron a 108, y lograron su inmediata aprobación en gran número de estados. Ante las críticas por la exclusión de minorías que impone ese nuevo marco electoral, los legisladores republicanos afirman que solo es cuestión de “sentido común”.

Su primer objetivo son los llamados estados “péndulo o bisagra”, cuyo comportamiento electoral no está definido y votan tanto por demócratas como por republicanos. Se trata de Minnesota, Arizona, Carolina del Norte, Michigan, Iowa, Nevada, Ohio, Pensilvania, Texas y Wisconsin; que son clave para definir el resultado electoral.

Dos meses antes de la anterior elección presidencial, una encuesta de Real Clear Politics mostró que, en estos estados, el voto a favor de Biden superaba el 47 por ciento. Es ahí donde los republicanos ya aplican su estrategia para impedir el voto de electores pertenecientes a las minorías.

El segundo objetivo de esa “ola” de iniciativas consiste en prohibir el voto a distancia en entidades con fuerte población afroamericana y latina, como Florida, donde legisladores republicanos propusieron eliminar los buzones para votar o reducir su número, con el pretexto de evitar contagios por la pandemia.

Otras iniciativas incluyen la exigencia de certificados médicos a personas con alguna incapacidad o imponen requisitos onerosos y más complicados para que no emitan su voto quienes lo hacen por correo. En el caso de poblaciones pobres, esas dificultades los inhibirían de votar.

Las leyes republicanas prohíben “obsequios” –como agua y comida– a personas en fila, que estén a menos de 47 metros de distancia de una mesa de votación. Esa medida afecta a electores en zonas populosas que esperan horas para votar.

Georgia es uno de los casos más dramáticos en la estrategia republicana de restringir el voto de las minorías. De sus 10.6 millones de habitantes, el 30 por ciento son afroamericanos, el 7.5 por ciento son latinos (entre los que predominan los mexicanos) y el 2.7 por ciento asiáticos.

Ese estado fue escenario de la presión sin precedente de Donald Trump sobre el Secretario de Estado local, el republicano Brad Raffensperger. Alegando fraude, sin probar, el magnate le exigió revertir los resultados electorales a su favor.

Sin embargo, en marzo, los republicanos lograron que el Congreso local aprobara una reforma electoral que inclinaría la balanza a su favor en los comicios legislativos de 2022. Este nuevo marco suprime el poder del Secretario de Estado local como principal autoridad electoral de Georgia y deja esa tarea al Congreso local, de mayoría republicana.

En síntesis: aumentaron los requisitos para comprobar la identidad de quienes solicitan votar por correo, que tradicionalmente son, en su mayoría, habitantes de zonas urbanas con gran densidad de población y bajo poder adquisitivo. A la vez, se redujo el tiempo para registrar su voto a distancia.

La ley federal permite sufragar en ausencia, por lo que en 2020, un cuarto del electorado votó así y, según la BBC, dos tercios de ellos apoyaron a Biden. De ahí que la iniciativa de los republicanos imponga más candados.

Además de dificultar el voto, se proponen hacerlo más costoso y confundir al electorado, denuncia el directivo de la organización Todo voto es local, Brad Ashwell. Otras medidas ya aprobadas son: tipificar de delito menor que alguien ajeno al personal electoral ofrezca agua o asiento.

El impacto de esas restricciones para la democracia estadounidense será devastador, pues dejarán de emitir su voto miles de miembros de comunidades afroamericanas y latinas, así como un amplio sector de personas discapacitadas.

Resistencia al alza

Los medios estadounidenses mostraron a la legisladora demócrata Park Cannon esposada y arrestada tras protestar contra la polémica reforma electoral de Georgia. Su delito: golpear la puerta de la oficina del conservador gobernador, Brian Kemp, cuando firmaba las leyes que privan a los negros del derecho al voto.

Esa resistencia social contra las leyes que privan a millones de ciudadanos del principal derecho cívico adopta ya una forma que se conoce como cultura de “cancelar”. Se trata de una forma de presión que ha logrado éxito en muchos ámbitos y es similar al boicot contra una empresa, persona o ley gubernamental.

La prensa corporativa silenció la reacción del actor Will Smith y del director Antoine Fuqua, en protesta por las restricciones republicanas en Georgia. El 12 de abril, ambos retiraron de ese estado su nueva película Emancipación, en la que Smith interpreta a un esclavo fugitivo de Louisiana; el arranque en las filmaciones de la cinta estaba previsto para junio.

“Ahora, la nación está aceptando su historia y trata de eliminar los vestigios de racismo institucional para lograr una justicia racial. Por tanto, no podemos apoyar económicamente a un gobierno que promulga leyes regresivas, diseñadas para impedir el acceso de todos los electores”, denunciaron. Georgia habría recibido 15 millones de dólares (mdd) en exenciones fiscales por esa película.

A su vez, la Liga Mayor de Beisbol (MLB) decidió trasladar el Juego de Estrellas de Georgia a Colorado, en respuesta a la aprobación del proyecto de ley que, desproporcionadamente, priva del derecho al voto a millones de electores de color en esa entidad.

Al calificar como racista esa ley, la MLB se incorporó a la batalla política librada en EE. UU. por el derecho a elegir a los políticos. Los conservadores, tanto los republicanos como los medios de información de esa tendencia, reviraron y pidieron boicotear a esa organización y, en particular, al juego de estrellas.

La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, ofreció su apoyo a todas las expresiones de protesta contra la intención de privar a millones de su derecho al voto. Recordó que esa táctica tuvo éxito contra el Apartheid en Sudáfrica.