El recorte al presupuesto a la educación se produjo horas después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregara a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) cuando aclaró que este gasto aumentará realmente 11.8 mil mdp, es decir, 3.5 por ciento. 

“… por un lamentable error, el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) salieron disminuidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se entregó hoy al Congreso de la Unión”, explicó también la SHCP, además de precisar que el incremento será equivalente a la tasa de la inflación de 2024. 

El monto inicialmente presupuestado a las instituciones federales de educación superior en 2025 se había fijado en 101.7 mil mdp y el de este año, 2024, fue de 112.6 mil mdp. 

El “involuntario” recorte fue de 10.9 mil mdp, cuya mitad correspondía a la UNAM, con 5.3 mil mdp menos que en 2024, por lo que su presupuesto bajaría de 50.4 mil a 45.5 mil mdp. 

Hace seis años, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aplicó la misma receta: “Se cometió un error en la presentación del presupuesto… en efecto, hay una disminución de cuatro mil, cinco mil mdp, al presupuesto de las universidades públicas”, precisó el 18 de agosto de 2018, durante una gira por Hidalgo, donde además intentó justificar la rebaja con la exigencia de supervisiones administrativas externas. 

Desde ese año se activó tal demanda por los gobiernos de Morena, así como la eliminación de la autonomía en las instituciones de educación superior. 

La comisión de recortes por “error” a estos centros de estudio representa una artimaña para luego repararla e insistir en la necesidad de que el Poder Ejecutivo intervenga en ellos y “ablandar” a sus directores o rectores. 

Esta táctica, propia de regímenes autoritarios, fue aplicada contra los ministros y magistrados del Poder Judicial, que finalmente logró desmantelar, al igual que los recién desaparecidos órganos autónomos. 

La reinstalación del presidencialismo priista se consolidó gracias a los políticos de Morena mediante campañas de intimidación y descalificación, la siembra de sospechas de corrupción, la denuncia de gastos excesivos y la demanda de aplicar la austeridad republicana. 

La presidenta Sheinbaum Pardo alentará las prácticas de su predecesor, como pudo constatarse el pasado 15 de noviembre, cuando intentó disminuir en lo posible el presupuesto históricamente rezagado de los institutos de educación superior, incluida la UNAM, su alma máter. 

Si se consideran los datos oficiales corregidos, con el aumento de 11.8 mil mdp, el gasto que éstos ejercerán en 2025 será de 124.4 mil mdp; pero con el tope que se le ha impuesto a cada una de ellas, se verán obligadas a “negociar” con los funcionarios y legisladores de Morena. 

En cuando estos gastos fueron validados, con la aprobación del PEF 2025 en el Congreso de la Unión y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se reabrió la campaña de hostigamiento contra los directores de los centros de educación pública. 

Rechazo a las trampas 

El 16 de noviembre de 2024, un día después de difundido el proyecto del PEF 2025 con la enmienda, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) se pronunció contra “injerencias externas en agravio de las autonomías universitarias”. 

La organización sindical refrendó su demanda de que un incremento presupuestal sustancial realmente subsane los rezagos financieros necesarios para que las instituciones de educación superior mejoren los ingresos salariales de los académicos y trabajadores. 

“Los trabajadores peor tratados por el Gobierno Federal, para los efectos de incrementar el salario y las condiciones de vida, somos los trabajadores universitarios”, reveló a buzos Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Contu. 

“Nos han aplicado incrementos salariales por debajo de la inflación; y esto, lo único que ha propiciado es que se empobrezca el salario, se precarice en algunos sectores como los trabajadores administrativos de las universidades, que obtienen demasiado poco. Están ganando salarios de miseria por la falta de presupuesto a las universidades; no pueden pagar más”. 

Levet denunció que, ante el escamoteo gubernamental, los sindicatos universitarios están en pie de lucha, “porque también de eso depende que podamos conseguir en las próximas negociaciones contractuales un incremento que por lo menos restituya la pérdida del poder adquisitivo por efectos de la inflación.

“Estamos luchando también por mejorar el presupuesto para hacer cumplir la Ley General de Educación Superior que establece muy claramente la gratuidad que deben aplicar las universidades a todos los jóvenes que desean estudiar una carrera profesional”, destacó Levet. 

“La Universidad es el último reducto de autonomía que le queda a la sociedad; y hay que defenderla a toda costa frente al acoso gubernamental”, demandó Lorenzo Córdova, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. 

“Lo que sigue es estar muy atentos para evitar que el recorte se concrete por otro error… y estar conscientes de que la UNAM les estorba y estará permanentemente bajo acecho… el oficialismo, además de que padece el grave mal de la ‘autonomofobia’, repudia, como ocurre con toda mentalidad autoritaria, todo espacio de libertad y crítica”, aseveró Córdova.

Con el arribo de AMLO a Palacio Nacional, en lugar de respaldo, se “abrió la temporada de mayor acoso y hostilidad desde el gobierno de que se tenga memoria en las últimas cuatro décadas y media”, alertó el académico, quien recordó que el expresidente es egresado de la máxima casa de estudios de México. 

“En efecto, la descalificación permanente, el hostigamiento discursivo y los ‘errores’ han sido el sello distintivo de la relación que han establecido los gobiernos morenistas con la UNAM…”. 

Además, reiteró que luego del “error” sobre el recorte al presupuesto universitario aplicado en 2019, “los años que siguieron fueron de descalificaciones continuas desde los circuitos del poder”. Córdova citó las iniciativas de reforma a las leyes orgánicas de las universidades públicas impulsada por Morena para que sus directivos sean electos por voto directo, como en adelante se hará con los jueces del Poder Judicial. 

El “error” como táctica 

Después de recortarles el presupuesto y someter, durante el bienio 2018-2019, a las autoridades de nueve universidades públicas en una crisis casi terminal, AMLO condicionó su rescate financiero a que se aceptara la política de “austeridad republicana” y a una mayor supervisión administrativa dedicada a resquebrajar su autonomía. 

Como resultado del hostigamiento, estas instituciones académicas son sometidas a seis auditorías anuales, además de los reportes contables que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) entrega anualmente a la Cámara de Diputados. 

“Si una entidad pública está siendo revisada, fiscalizada, son las universidades públicas; se hacen más de seis auditorías al año por distintos organismos fiscales, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las contralorías estatales”, informó a este semanario Enrique Levet, secretario general de la Contu. 

“No puede decirse que haya malos manejos, porque las universidades están acosadas de auditorías permanentemente; no pueden acusar a las universidades de que estén desviando los recursos, porque se están manejando con absoluta transparencia”, aseveró. 

Sin embargo, esas fiscalizaciones no son suficientes para los políticos morenistas porque, en realidad, su objetivo no es mejorar la administración universitaria, sino eliminar su autonomía. 

En un estudio fechado en septiembre de 2019, que recoge las primeras conversaciones entre las universidades públicas y el gobierno de Morena, Javier Mendoza Rojas, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IIUE), de la UNAM, establece que éstas enfrentan un intenso ambiente de presión burocrática y política. 

“Durante el proceso de diseño presupuestal, las universidades e instituciones públicas de educación superior fueron objeto, por parte de diversos funcionarios y legisladores del grupo político mayoritario, de señalamientos de privilegio, corrupción y opacidad en el ejercicio de los recursos”. 

El especialista denunció que, en la iniciativa del PEF 2019, hubo otro “error”, al parecer deliberado: se omitió la aplicación del concepto “autonomía” a las universidades públicas (Presupuesto federal de educación superior en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador). 

“El tema de la autonomía universitaria, y su omisión en la iniciativa presidencial de reforma del artículo tercero constitucional formó parte del entramado político en el que se decidieron las asignaciones presupuestales”, subrayó Mendoza.

La misma receta 

Después del “error” y enmienda del 15 de noviembre, la presidenta Sheinbaum Pardo advirtió, el jueves 21, que en su gestión (2024-2030) se aplicará a las universidades públicas un nuevo plan de “austeridad republicana”. 

Con esta actitud, la doctora egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM modificó su historial de activista en defensa de la independencia universitaria para convertirse en operadora del porrismo “antiautonomista” que rehabilitó en el sexenio pasado su predecesor y maestro, AMLO. 

Sheinbaum Pardo se olvidó del intenso movimiento estudiantil de 1929 conformado para que el Congreso de la Unión expidiera ese mismo año la Ley Orgánica en 1929, en la que se estableció la independencia administrativa de la UNAM respecto al Gobierno Federal, que hasta entonces decidía cómo debía aplicar el dinero público y que actualmente sólo le exige reportar cómo lo gasta. 

En el caso de las universidades, la Presidenta recurrió a las mismas acusaciones utilizadas por AMLO para destruir al Poder Judicial y siete organismos autónomos: los gastos exorbitantes de las “burocracias doradas”. 

Para difundir la idea pública de que en la UNAM, prevalece un desorden administrativo y de dispendio financiero, Sheinbaum reconoció haber hablado por teléfono con Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM: “incluso él me dijo que estaba de acuerdo en que tenían que revisar sus gastos, en qué se destinaban sus recursos”. 

Con esta versión también atrajo la atención mediática hacia el alza de 3.5 por ciento al presupuesto universitario y “lanzó una cortina de humo” contra la vieja demanda universitaria de un incremento sustancial al gasto de los centros de estudios superiores públicos de México. 

Anualmente, estas unidades académicas requieren más dinero para invertir en sus instalaciones, su estructura tecnológica, docencia, laboratorios de investigación científica y áreas de difusión cultural. 

Desde que AMLO llegó a Palacio Nacional en 2018, el morenismo ha usado el poder presidencial para infundir que las autoridades de las universidades públicas son malvadas y que no quieren abrir sus instalaciones a más estudiantes. 

A partir de 2019, y en el marco de su campaña electoral permanente, AMLO se ofreció como el salvador ante los jóvenes con el invento de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), que durante cinco años acumularon denuncias públicas por sus múltiples irregularidades derivadas de una insuficiencia presupuestal. 

UBBJG: puro cuento 

Los investigadores especializados en educación pública denunciaron la persistente actitud de los gobernantes morenistas de anteponer el financiamiento de sus proyectos políticos autoritarios a las urgentes necesidades de la educación superior nacional. 

El hecho más reciente consiste en el proyecto del PEF 2025 en el que, a diferencia del “error-enmienda” de noviembre pasado cometido contra las universidades estatales, se propone un aumento de 93 por ciento al presupuesto de las UBBJG; pues pasarán de 1.5 mil mdp en 2024 a 3.1 mil mdp en 2025. 

En la citada “mañanera” del 21 de noviembre, Sheinbaum defendió así su propuesta de gasto: “Hay que preguntarles a las y los jóvenes que asisten a las Universidades Benito Juárez, ellos pueden decir mejor que nadie lo que han significado estas universidades en sus vidas… es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento”. 

Pero los críticos de las UBBJG y sus alumnos tienen otros datos y los han difundido en medios de prensa tradicionales y redes sociales: “nos ilusionaron con prometernos que en cuatro años terminábamos la escuela y nos entregaban nuestro título”, denunció Ricardo, estudiante de Enfermería y Obstetricia entrevistado el 18 de noviembre de 2024 en un conocido medio radiofónico. 

Este alumno de la Universidad del Bienestar, en Tihosuco, Quintana Roo, denunció que su escuela no tiene recursos suficientes, carece de instalaciones adecuadas y de un sistema de prácticas profesionales, además de que no les han entregado un título validado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

“Hay cuatro salones, pero no están equipados; se nos niegan prácticas, no hay sillas, no hay ventiladores y en tiempo de calor, sufrimos. Es insoportable; en tres generaciones no se les han entregado títulos profesionales ni cédula; y no estamos validados por la SEP. No tiene vínculo con otras instituciones y no podemos ir a hacer prácticas en hospitales y clínicas”, abundó el estudiante. 

La revista Expansión evidenció que casi el 80 por ciento de quienes han egresado de las UBBJG “no tienen cédula profesional. Es decir, que los alumnos no han logrado titularse de las distintas carreras que ofrece esta universidad creada en 2019”. 

Sin embargo, en respuesta a una demanda de información, la SEP aseveró que “hasta mayo de este año, se han expedido mil 335 cédulas profesionales a los estudiantes de 47 de las 200 sedes que tienen estas universidades”. 

Pero el pasado 1° de septiembre de 2024, durante su último informe de gobierno, AMLO volvió a mentir pues aseguró que, hasta ese día, en las UBBJG se habían titulado “tres mil 299 profesionales de las diferentes carreras.