1. Retraso en el pago a profesores de la UNAM y paros virtuales

A mediados de marzo del año en curso, cientos de profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)[1] no habían recibido su sueldo correspondiente, cuando menos, al semestre agosto-noviembre de 2020 y muchos de los que sí recibieron algún pago, lo recibieron incompleto. La situación había llegado a su límite. Los profesores, la gran mayoría de tiempo parcial, se movilizaron. Y como resultado, para el 23 de marzo, al menos 20 facultades de la UNAM ya estaban en paro virtual[2].

Las denuncias y protestas ayudaron a visibilizar el problema. La UNAM reconoció su falta, anunció que realizaría los pagos pendientes y para fines de mes reportó que ya estaba al corriente con 98% de su planta docente; esto, sin embargo, suponía que aún había profesores sin recibir su sueldo. De manera que el problema sigue sin solución definitiva, aunque con la promesa de que los pagos terminarán de realizarse durante abril[3].

Sobre las causas del problema, la UNAM informó que fueron el resultado de “complicaciones de carácter administrativo” derivadas del “confinamiento obligado del personal por la emergencia sanitaria.”[4]

La respuesta es verosímil, aunque poco satisfactoria. Es cierto que el problema de pagos a profesores, al menos con esta magnitud, no es frecuente. Sin embargo, tampoco es un problema absolutamente nuevo. En una nota publicada por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) se puede leer el testimonio de José Padilla, un ayudante de profesor de la Facultad de Ciencias, quien a finales de 2020 identificó irregularidades con su pago de nómina, por lo que empezó una serie de aclaraciones[5].

“«A mí me dieron de febrero a septiembre (…) ocho mil pesos, yo me quedé en shock, metí aclaraciones, me puse a leer todos los contratos colectivos del trabajo y metí la declaración y me devolvieron 15 mil pesos. La dirección general de personal dice que si ya pasó un año ya no puedes aclarar, entonces eso es un problema porque yo tengo problemas desde 2016, 2017 y 2018 y al intentar aclarar me dicen que ya perdí ese dinero, que ya lo intente para la próxima (…) Este problema lleva ocurriendo en mi caso en particular desde 2016 y hay casos de compañeros con estos problemas desde 2009…»”

Ahora bien, es claro que los casos particulares no hacen tendencia y que un testimonio no permite hacer generalizaciones; sin embargo, no es el único dato anecdótico al respecto[6] [7].

Pero la cuestión central es otra. El problema del retraso en pagos a profesores, la gran mayoría (si no es que la totalidad) de tiempo parcial, no nos habla solo de la coyuntura, sino de la vulnerabilidad estructural en que se encuentra un gran número de docentes universitarios.

2. Precarización docente y profesores de tiempo parcial

Hablamos de un problema de precariedad laboral en la labor docente. Los profesores de tiempo parcial son profesores con contratos temporales, con dificultades (o de plano imposibilitados) para acceder a prestaciones, antigüedad, definitividad y estímulos[8]. Son profesores que trabajan “a destajo” y que, para completar sus ingresos, muchas veces deben tener dos o más empleos, pues las horas que pueden llegar a conseguir en una institución, muy probablemente, no serán suficientes para adquirir siquiera la canasta alimentaria recomendada, tal y como ocurre en la UNAM, donde, si eres profesor de asignatura nivel A necesitas conseguir al menos 21 horas a la semana para poder adquirir la canasta alimentaria recomendada, y si eres ayudante de profesor de asignatura nivel B entonces necesitas al menos 25 horas.[9]

La cuestión es grave. 25 horas frente a grupo son, en promedio, 5 horas diarias durante la semana laboral. Pero por cada hora de clase se necesita tiempo adicional para preparar contenido y atender evaluaciones. De manera que el tiempo real destinado a la labor docente es mayor a las horas frente a grupo. Y, sin embargo, se necesitan al menos 21 o 25 horas para alcanzar la canasta alimentaria recomendada. Esta canasta, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, “se encuentra conformada por 40 alimentos, sin incluir los gastos que requieren su preparación, ni tampoco el pago de renta en vivienda, el transporte, vestido, calzado, aseo personal y muchos otros bienes y servicios que entran dentro del consumo de una familia (…) de 4 personas (2 adultos, un/a joven y un/a niño/a)” [10]. De manera que ni teniendo la suerte de conseguir 21 o 25 horas a la semana, los profesores de tiempo parcial en la UNAM estarían en condiciones de obtener un salario digno.

Sin embargo, este no es un problema exclusivo de los profesores de la UNAM. La condición de profesor de tiempo parcial se ha vuelto una generalidad en el subsistema de educación superior mexicano. De acuerdo con las Dras. Angélica Buendía y Abril Acosta, en México, durante “2019, aproximadamente el 75% del total de profesores que atienden la educación superior eran de tiempo parcial; 59% contratados en las públicas y 85% en las privadas.” [11] [12] En otras palabras, uno de cada cuatro profesores universitarios en México es profesor de tiempo parcial, lo que supone una situación laboral bajo un esquema de contratación temporal y, más o menos, todo lo que ya se mencionó antes.

3. ¿Un problema de asignación interna o un problema estructural del sistema educativo?

Demos un paso atrás para analizar una cuestión adicional. El problema que nos convocó fue el adeudo de pagos a profesores de la UNAM. Y fue la denuncia de este problema lo que puso el tema de la precariedad sobre la mesa. Y, como es lógico, fue así como también empezó la búsqueda de explicaciones.

La UNAM, por su parte, se limitó a decir que sencillamente todo había sido un problema administrativo derivado del confinamiento. Sin embargo, sabemos que, aunque no ocurría con esta magnitud, el problema en realidad tampoco es nuevo. La discusión, entonces, se trasladó a la precariedad docente. Pero aquí también hay puntos de vista diferentes. Por un lado, están las investigadoras, como Angélica Buendía y Abril Acosta, que presentan el problema de manera estructural y transversal al subsistema de educación superior. Y, por otro lado, están los que consideran que el problema es de pura y llana distribución interna del presupuesto; de manera que, si hay precarización docente, no es tanto por problemas más generales como la restricción presupuestal, sino por la corrupción o por la existencia de una “casta dorada” de burócratas e investigadores que, acaparando recursos, mantienen en carencia a los profesores de tiempo parcial[13].

El problema con este último punto de vista, sin embargo, es que resulta bastante unilateral. Incluso resulta conveniente si el objetivo del análisis es no llegar a la raíz del problema. Pero vamos por partes. Es cierto que allí donde hay corrupción hay un uso ineficiente de los recursos; de manera que, si se elimina la corrupción, los recursos rendirán mejor. Aquí no hay secreto. Asimismo, es verdad que allí donde hay distribución desigual de recursos, unos terminarán favoreciéndose en detrimento de otros. Acá tampoco hay secreto. Por lo tanto, quienes argumentan que eliminando la corrupción de la UNAM y acabando con las élites se solucionará la precariedad docente, están diciendo algo que es intuitivo y, hasta cierto punto, plausible, pero que no explica satisfactoriamente la transversalidad del problema en el subsistema de educación superior.

¿Acaso la corrupción y las “élites burocráticas universitarias” explican que tres de cada cuatro profesores universitarios en México estén contratados bajo un esquema de tiempo parcial? ¿Quiere esto decir que las universidades privadas, donde hay una mayor contratación de este tipo, hay también más corrupción y elitismo? ¿Podemos decir, entonces, que la asignación presupuestal del Estado mexicano a educación superior es suficiente y que, en cambio, son las instituciones las que están haciendo un mal uso de estos recursos, dando como resultado la precarización docente? Para tener más claro el problema, veamos una perspectiva un poco más amplia.

4. Una conjetura sobre política educativa y precariedad docente

Para entender la precariedad docente, que es transversal a la educación superior, hay que entender el problema a nivel estructural. Y para comprender la configuración actual del problema, hay que observar su proceso de conformación. 

La organización actual de la educación superior en México es resultado de las decisiones políticas de los últimos 40 años. Tras la crisis de la deuda, las políticas económica y social de México fueron reorientadas bajo un esquema de neo-liberalización. La receta, básicamente, consistía en lo siguiente. Primero, promover la estabilidad macroeconómica, manteniendo controladas la deuda pública, la inflación y la balanza comercial; segundo, desregular la economía, “promoviendo la libre competencia”, lo que supone no solo garantizar un estado de derecho para proteger la propiedad y dar certidumbre a la inversión, sino la promoción de beneficios fiscales, el establecimiento de políticas de flexibilización laboral para atraer inversión, la privatización de empresas paraestatales y el establecimiento de acuerdos y tratados de libre comercio; y, finalmente, mantener controlado el gasto público, tanto de inversión como social, esto último, con el objetivo de que el Estado no acapare posibles áreas de inversión privada, como la vivienda, la salud y la educación, todo, bajo el supuesto de que, al estar bajo un esquema de libre competencia, las empresas proveedoras tenderán a elevar la calidad y reducir los precios. En términos generales estas han sido las reglas de nuestra política económica y social desde 1982. 

Bajo este contexto, la educación superior se enfrentaba a un dilema. Por un lado, la sociedad, siguiendo la promesa de movilidad social, demandaba mayor cobertura y acceso a las universidades. Mas, por otro lado, se imponían restricciones al gasto público derivadas de la construcción de un nuevo modelo económico; y las decisiones de política educativa se ajustaron a esta tendencia. Así, por ejemplo, comenzó un proceso de desregulación de la educación superior privada; de manera que, tan solo entre 1990 y 2015, el número de unidades privadas de educación superior pasó de 464 a 2,619[14]. Otra medida fue la diversificación del financiamiento institucional[15]; en otras palabras, se buscaba que las instituciones de educación superior se hicieran cargo, al menos parcialmente, de la obtención de sus propios ingresos, lo que ha llevado, entre otras cosas, al aumento de cuotas de inscripción en algunas universidades.

Pero lo que impactó directamente en la labor docente fue, en primer lugar, la desregulación institucional de “los términos y procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico”[16] en las universidades. Y segundo, el establecimiento de programas de estímulos por competencias y bajo criterios de productividad, como el Sistema Nacional de Investigadores: “por primera vez se daría paso a una política que aportaría ingresos adicionales, no salariales, a profesores universitarios que, como resultado de una evaluación específica, obtendrían reconocimiento y estímulo por la calidad de sus productos y actividades.”[17]

En pocas palabras, la política del periodo neoliberal en materia de educación superior ha consistido en abrir el camino a las instituciones privadas y restringir el presupuesto a las públicas, exigiendo a estas últimas cubrir parte del financiamiento y dándoles facilidades para manejar sus propios esquemas de contratación, al tiempo que ha creado políticas de estímulos no salariales para incentivar la competencia y la productividad entre investigadores. Y por si esto fuera poco, habría que considerar dos aspectos adicionales que solo contribuyen a agravar el problema: el primero es la constante, aunque relativamente lenta, expansión de la educación superior pública y, el segundo, es la reducción real del presupuesto y de los salarios debido a la inflación, todo lo cuál solo contribuye a aumentar las restricciones económicas de instituciones y profesores.

De manera que las universidades en México, unas buscando maximizar su ganancia y otras tratando de ajustarse a las restricciones presupuestales, cuentan con todos los incentivos y facilidades para promover, sistemáticamente, esquemas de contratación de profesores a tiempo parcial. Por supuesto, esto no excluye la posibilidad de que al interior de las universidades haya corrupción y privilegios; sin embargo, el problema de fondo no es ese, sino la configuración general del subsistema de educación superior en los marcos del neoliberalismo.

5. Orientaciones mínimas para un cambio

Todo empezó con el adeudo de sueldos a profesores de la UNAM. La discusión de este problema nos llevó a considerar la precariedad docente y sus explicaciones. Unos se han centrado en denunciar la corrupción y la desigualdad al interior de la UNAM. Sin embargo, el problema resulta ser estructural. La precarización docente es tan solo un resultado de la forma en que se han configurado las políticas y el subsistema de educación superior en los marcos de un proyecto de neo-liberalización. El problema es, entonces, más profundo. Y las soluciones posibles solo podrán llegar a realizarse si se aborda el problema en sus dimensiones reales. No es que la corrupción y las elites burocráticas de esta o aquella institución no sean un problema. Es que no son el único problema y acaso tampoco son el principal, al menos en cuanto a precarización docente se refiere. Para pensar, siquiera, en solucionar estos problemas, es necesario un cambio de lógica en las políticas económica y social. Es necesario pasar a esquemas de tributación progresiva y aumento en el gasto social. Es necesario promover la protección laboral de los trabajadores en general y de los trabajadores de la educación en particular. Pero como esto no ha ocurrido y no parece que vaya a ocurrir por la sola voluntad de los gobiernos, es entonces necesario que estudiantes y profesores se organicen para exigir políticas orientadas a realizar estos cambios. De lo contrario, la precariedad y la vulnerabilidad seguirán presentes.