Todas las personas que habitan el estado de Guerrero son conscientes de que existe, de manera soterrada, una guerra cotidiana. Aunque las explicaciones de la existencia de esa guerra permanente puedan ser diversas, la guerra existe y se manifiesta de formas concretas. Enfrentamientos cotidianos, desapariciones de estudiantes, crimen organizado, policías comunitarias o violencia exacerbada, son únicamente botones de muestra que confirman el estado de excepción que se vive en este sitio.

Indagar en los orígenes y las causas históricas de la violencia excepcional en el estado es una tarea, desde luego, complicada. Y pasa por entender la existencia de una violencia social particular y distinta al resto de las entidades federativas, puesto que en la región existe una inmensa red de caciques, acaparadores e intermediarios que han formado una élite, o una oligarquía, si se quiere, que ha controlado el Estado bajo la moral de las armas.

Si la violencia social y política dentro de Guerrero no es endémica, es, por lo menos, histórica y tiene causas históricas que deben tratarse (y apuntar a su resolución) como tales. También es histórica la falta de oportunidades, la pobreza, la marginación, el dominio, el control y el desprecio de las élites por el pueblo; lo que conforma un escenario sumamente problemático en donde la ingobernabilidad y la inestabilidad son cotidianas, ya que las relaciones entre los representantes de las oligarquías regionales no son siempre armónicas.

A pesar de la socorrida versión de la violencia en Guerrero como parte de la sociabilidad de los guerrerenses; es decir, de la existencia de un Guerrero bronco, habitado por gente inclinada naturalmente a ser de armas tomar, valiente, aguerrida y sin miedo a la muerte; intempestiva e irresponsable, dominada por impulsos vesánicos, lo cierto es que hay variables más contundentes para explicar, de cierta manera, la situación de violencia imperante desde hace muchas décadas.

Hay factores históricos mucho más contundentes que pueden explicar de mejor manera la violencia en Guerrero. Uno de ellos es, sin duda, la guerra que el Estado empleó contra la insurgencia a partir de la década de 1970 y que comúnmente fue denominado Guerra Sucia. La región del estado de Guerrero, debido a las condiciones sociales de la época, fue semillero de guerrilleros que optaron por la vía armada para tomar el poder durante esa década. Cuna del Partido de los Pobres y de las guerrillas rurales de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, los rebeldes de esa entidad reivindicaron el reparto agrario, la autonomía de la comunidad y la lucha contra el caciquismo familiar que ejercieron las élites posrevolucionarias.

Las rebeliones populares impulsaron cierto tipo de violencia que puede leerse como la violencia ejercida de abajo hacia arriba, como respuesta a la opresión de los grupos dominantes. Sin embargo, como han estudiado Adela Cedilla o Carlos Illades, ninguna organización guerrillera pudo plantear realmente una revolución, ni siquiera planear una insurrección y nunca lograron conformarse como una amenaza real para la seguridad nacional.

Empero, la respuesta del Estado para combatir a los focos guerrilleros rurales fue totalmente desmedida. La represión descarnada contra la guerrilla y contra el Partido de los Pobres fue la creación y el combate con cuerpos especializados, para terminar con ella mediante un ejercicio de despliegue militar sin precedentes que, como explica Carlos Illades, explican en buena medida la violencia de hoy.

Desde ese entonces, los aparatos estatales de represión no han cedido un palmo en su dominio y su control para evitar la emergencia de grupos guerrilleros radicales u alternativas políticas pacíficas, en una atmósfera irrespirable que ha costado y sigue costando vidas como las de los luchadores sociales Conrado, Mercedes y su pequeño hijo Vladimir, asesinados cobardemente por los grupos delictivos insertos en una dinámica de violencia que parece no tener freno. Terminar con la violencia en el estado no es cosa fácil y no involucra solo al “crimen organizado”; pasa por reformar las instituciones que “imparten” justicia, principal semillero de impunidad y criminalidad.