La democracia es el único sistema político que dirime las pugnas por el poder sin quebrantar la estabilidad social. El cambio de gobernantes mediante elecciones cumple dos objetivos básicos. Por un lado, el desempeño del gobernante es evaluado en las urnas; por otro lado, los partidos perdedores se ven obligados a aceptar su derrota y a legitimar así al contendiente ganador. El mecanismo es sencillo pero eficaz. 

Cuando un gobierno pretende eternizarse en el poder, el pacto social se rompe y ocurren los levantamientos armados. En la historia de México, el pasaje más conocido es la Revolución de 1910. El estallido social comenzó más por la falta de un cambio en el poder que por las condiciones de explotación en que vivían los trabajadores. No es gratuito que uno de los principales legados de la gesta revolucionaria haya sido el lema abanderado por Francisco I. Madero: “Sufragio efectivo, no reelección”.

Pero la Revolución no fue el único episodio de este tipo en el Siglo XX. En la segunda mitad de la centuria, el orden autoritario establecido por el PRI comenzó a hacer crisis por los mismos motivos. Las expresiones de descontento más radicales fueron las guerrillas nacidas en los años 60. Tras la represión del movimiento de 1968, no fueron pocos los mexicanos que concluyeron que la única manera de terminar con la “dictadura perfecta” –Mario Vargas Llosa dixit– era usar el poder del fusil. Con el desgaste del régimen, la presión de las guerrillas y la inconformidad social generalizada, el PRI se vio obligado a abrir los canales institucionales para cambiar al partido en el poder, proceso que concluyó con el ascenso del PAN en 2000 y posteriormente con la llegada de Morena.

Hoy el partido gobernante parece dispuesto a caer en los mismos errores que cometieron Porfirio Díaz y el PRI. En su afán de mantenerse en el poder a toda costa, Morena ha copado ya los tres poderes de la nación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero el control del aparato de Estado no se observa solo en las estructuras más visibles –Presidencia de la República, Congreso de la Unión y Suprema Corte de Justicia– sino también en organismos “menores” como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Más recientemente, el morenismo busca colocar a cuatro consejeros afines en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que se apoderaría también del aparato responsable de vigilar el funcionamiento democrático del país.

Pero el fenómeno no ocurre únicamente en el nivel nacional. En el estado de Puebla, donde gobierna el morenista Miguel Barbosa Huerta desde la muerte aún misteriosa de Marta Érika Alonso, los mecanismos institucionales para supervisar la democracia poblana son cooptados por el partido en el poder. Desde el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, Barbosa busca frenar a las fuerzas políticas que amenazan a su partido y su gobierno. Así se explica que el mismo día que Miguel Ángel García Onofre –de reconocida filiación morenista– asumió la presidencia del Consejo General del IEE, se le negó al Movimiento Antorchista Poblano (MAP) la posibilidad de convertirse en partido político; esto ocurrió a pesar de que los antorchistas cumplieron todos los requisitos exigidos por la ley y de que el mismo IEE los había supervisado y validado. En Puebla, como en el país, el partido gobernante comienza a cerrar los mecanismos necesarios para el funcionamiento de la democracia.

Los peligros de un gobierno antidemocrático son evidentes. Negarle a la población el derecho que tiene a elegir a sus gobernantes puede desembocar en la ruptura de la paz social y, en el caso extremo, dar lugar a levantamientos armados. Así ocurrió con Porfirio Díaz y con el gobierno autoritario del PRI. Es necesario que el partido en el poder respete el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes; no hacerlo así es agregar un elemento más al descontento social existente. Es verdad que la mexicana no es la mejor de las democracias posibles; sin embargo debe resguardarse, pues atentar contra ella significaría desatar la inconformidad y alentar un posible estallido social.