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El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, enfrenta una investigación por parte del Gobierno Federal debido al delito de enriquecimiento ilícito. Además, se le señala por poseer nueve ranchos en los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, cuyo valor asciende a cerca de 500 millones de pesos.
Además, el Gobierno Federal investiga la adjudicación directa de un contrato de 478 millones de pesos por parte del gobierno de Chiapas a la familia Carballo Zurita; tanto Ernesto como su esposa, Fátima Gutiérrez, son investigados como posibles prestanombres.
Asimismo, se descubrió que, entre 2020 y 2023, la empresa Production Suministro Jees recibió 79 adjudicaciones por un total de 323 millones de pesos. Estos contratos se asignaron a empresas ubicadas en domicilios abandonados en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, lo que sugiere la existencia de un esquema de empresas fantasma.
Ante esta situación y la crisis de seguridad que atraviesa el estado, Escandón permanece prácticamente desaparecido. Se especula que espera la fecha del 7 de diciembre, cuando deberá entregar el cargo.
En algunas comunidades de otros 10 municipios se impidió la instalación de casillas y más de 60 mil electores no pudieron participar con su voto en la “fiesta democrática” del pasado dos de junio.
Las comunicadoras detrás de la investigación se basaron en testimonios de funcionarios y exfuncionarios, de la misma manera que lograron documentar la operación de un laboratorio de fentanilo.
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Un total de 100 familias productoras hicieron historia al romper un récord Guinness.
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Denunciaron que el gobernador Eduardo Ramírez y a la fiscalía no atienden sus casos y que la entidad se ha convertido en “un cementerio clandestino”.
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La FGR solicitó copias de los expedientes sobre las suspensiones a los jueces involucrados.
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De manera preliminar no se reportaron personas lesionadas o fallecidas, ni afectaciones.
En Tuxtla Gutiérrez son tres las figuras en la contienda electoral.
Los pobladores de Pantelhó mantienen la esperanza de que la paz regrese y cesen los disparos.
Organizaciones civiles y defensores de derechos de los menores se han manifestado para exigir a los gobiernos estatal y Federal que pongan freno a la violencia.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.