El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
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Foto: Internet
El estado de Chiapas enfrenta una reducción de recursos federales en el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA) para el ejercicio fiscal 2025, lo que limita las acciones de prevención y control de plagas y enfermedades en cultivos, ganado y acuicultura.
La disminución obedece a que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) recortó su aportación en 3 millones 904 mil 796 pesos, al pasar de 115 millones 271 mil 297 a 111 millones 366 mil 501 pesos, mientras que la contribución estatal se mantiene sin cambios, en 10 millones 625 mil pesos.
El recorte impacta principalmente al Componente de Campañas Fitozoosanitarias, que baja de 94 millones 966 mil 98 a 91 millones 61 mil 302 pesos, afectando las labores de control de plagas en vegetales, la prevención en acuicultura —conjunto de actividades, técnicas y conocimientos dedicados a la crianza de especies acuáticas—, así como la erradicación de enfermedades en ganado.
El ajuste se formalizó mediante un Convenio Modificatorio firmado el 28 de julio de 2025 en Tuxtla Gutiérrez, por el director del SENASICA, Ing. Francisco Javier Calderón Elizalde, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Chiapas, Marco Antonio Barba Arrocha. Posteriormente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2025.
El documento mantiene sin cambios otros rubros, como la vigilancia epidemiológica, con 8 millones 669 mil 547 pesos, y la inocuidad alimentaria, con 11 millones 635 mil 652 pesos.
De igual forma, se precisó que el programa modificado tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, en un contexto de restricciones presupuestales federales que generan preocupación entre los productores chiapanecos, dependientes de estas campañas para proteger cosechas clave como café, maíz y frijol.
El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
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Desde 2020, el Instituto Nacional Electoral ha registrado casi 500 personas responsables de violencia política de género; Oaxaca concentra el mayor número de infracciones a nivel local.
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En las etiquetas de los envíos se concentra información sensible.
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Para la construcción del Tren Maya no se hicieron los estudios suficientes que permitieran conocer las afectaciones que traería.
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Estos cambios fueron oficializados a través de decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, en el que establece modificaciones en cuestión de características, materiales y diseños de ambas denominaciones.
Carlos Torres, esposo y ex funcionario, presuntamente formaría parte de una red dedicada a actividades como extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.