Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
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El Congreso de la Ciudad de México exigió este jueves al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que sancione a los jueces que otorgaron suspensiones para frenar la reforma judicial, la cual fue aprobada en una sede alterna por la mayoría de Morena y sus aliados.
Los diputados locales demandaron que se inicien los procedimientos de investigación para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes contra el juez tercero de Distrito de amparo y juicios federales en el estado de Chiapas, así como la jueza quinta de distrito en el estado de Morelos.
En contra de este punto de acuerdo, la diputada del PAN, Claudia Susana Pérez Romero, aseguró que esta solicitud compromete la correcta impartición de justicia, atenta contra la autonomía que el Poder Judicial debería tener y busca perjudicar a jueces y juezas que defienden su postura frente a la reforma judicial.
“Hago uso de la voz porque este punto de acuerdo es una señal de intimidación hacia todos aquellos que puedan pensar diferente al régimen totalitario que hoy gobierna”, indicó Pérez Romero.
Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
Será el miércoles 8 de octubre cuando el juez defina si la imputada queda vinculada a proceso por asociación delictuosa.
Las autoridades de la máxima casa de estudios informaron que los implicados se encuentran bajo investigación.
Las autoridades del STC explicaron que la separación existe desde 2021, sin modificaciones; además, aclaró que resulta común en zonas con curvas.
Comerciantes rechazan el aumento del IEPS aplicado a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros.
Los vecinos han solicitado atención mediante escritos a las autoridades locales sin obtener respuesta.
Las autoridades indicaron que el homicidio calificado conlleva penas de 20 a 50 años de prisión en la capital del país.
Más de tres mil 500 personas han sido desalojadas de reuniones ilegales, donde circulaba presuntamente alcohol adulterado y drogas.
"No somos carne de cañón", señalan luego de que la marcha dejara 94 policías hospitalizados
El alcalde morenista, Janecarlo Lozano no recibe a los vecinos y argumenta que no es su problema.
Tras la revisión de ambos planteles, las autoridades concluyeron que se trató de falsas alarmas.
Un comensal se acercó a la mesa de Yunes y lo llamó “traidor”.
Los estados con precios más altos son: Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
Exigen medidas rigurosas para evitar la venta de drogas e impedir el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera