Las campañas políticas previas a la jornada electoral del dos de junio, en las que se renovarán 20 mil 367 puestos de elección popular –entre ellos 629 federales, incluidas la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías y nueve gubernaturas– transcurren en un ambiente de violencia pocas veces visto; actores de perturbación son el crimen organizado y algunas autoridades del Gobierno Federal.
Los actores criminales intervienen especialmente en los comicios locales, en cuyo ámbito al menos 98 millones de ciudadanos, según el Instituto Nacional Electoral (INE), renovarán 19 mil 738 cargos estatales y municipales, entre ellos los de la Ciudad de México (CDMX), con sus 16 alcaldías, Chiapas, Morelos, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Yucatán; mil 802 presidencias municipales; mil 98 diputaciones locales; poco más de 14 mil regidurías; más de mil sindicaturas y 400 autoridades auxiliares.
En la presentación del informe Atlas de Homicidios: México 2022. Una crisis que no cesa, de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Sandra Ley, especialista de la organización civil México Evalúa, advierte que el riesgo de violencia ha aumentado en estos procesos porque el crimen organizado busca establecer o ratificar pactos con las autoridades políticas.
El pasado siete de diciembre, la investigadora de México Evalúa previó que en 2024 habría un incremento en las acciones de violencia contra candidatos y otros actores políticos debido a las disputas sostenidas por las bandas delincuenciales frente al control territorial de múltiples regiones de la República.
Por su parte, la empresa consultora Laboratorio Electoral (LE) difundió, en la primera quincena de marzo, el reporte preliminar Violencia Electoral proceso 2023-2024, en el que reporta que, del cuatro de junio de 2023 al 12 de marzo de 2024, se han registrado 109 casos de violencia electoral, de los cuales 43 culminaron en asesinatos y 18 en atentados.
De los 43 políticos asesinados, 37 eran hombres y seis eran mujeres; 21 aspiraban a una candidatura; siete de éstos fueron asesinados, dos eran colaboradores de partidos y una familiar. Apenas el pasado 23 de marzo fue asesinado a balazos Jaime González, candidato de Morena a la alcaldía de Acatzingo, en el estado de Puebla.
Días antes, en el estado de Oaxaca, mataron al presidente municipal de Chahuites, Joaquín Martínez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Humberto Amezcua, expresidente municipal de Pihuamo, Jalisco, quien aspiraba a reelegirse, fue ejecutado. El precandidato de Morena a la alcaldía de Chilapa, en Guerrero, Tomás Morales Patrón, fue asesinado de dos balazos en la cabeza la noche del 12 de marzo cuando llegaba a su casa, cercana al cuartel de la Policía Municipal.
En la Costa Chica de Guerrero, pero un día antes, el excandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Honorio David Morales Sandoval, y su esposa, Juana Suastegui Guzmán, fueron asesinados en su domicilio.
Entre el 26 y 27 de febrero, sujetos a bordo de motocicletas mataron, en sitios diferentes, a dos aspirantes a la alcaldía de Maravatío, Michoacán: Armando Pérez Luna, del Partido Acción Nacional (PAN) y Miguel Ángel Zavala Reyes, de Morena.
El 26 de febrero se reportó un atentado a balazos contra Omar Jalil Majul, aspirante a alcalde de Taxco, Guerrero, por la coalición Fuerza y Corazón por México (FCM), integrada por el PAN y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), quien sobrevivió al ataque porque viajaba en una camioneta blindada.
La misma situación había vivido, el 24 de febrero, Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, aspirante chiapaneco al Senado por la coalición FCM, cuando se dirigía al municipio de Teopisca.
El 10 de febrero fue atacado Jorge Antonio Monreal Martínez en su domicilio de Fresnillo, Zacatecas; era funcionario de Desarrollo Social en la alcaldía y sobrino del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal, ambos morenistas.
Días antes, el siete de febrero, fue ejecutado, en el centro de Fresnillo, Juan Pérez Guardado, cuñado de los Monreal; se desempeñaba como director municipal de Desarrollo Social, oficina que hasta octubre de 2023 había encabezado Saúl Monreal Ávila, hoy candidato morenista al Senado.
En Zapopan, Jalisco, el 1° de febrero, murió por disparos de arma de fuego Armando Jaime Vera Alanís, precandidato del PVEM al municipio de Mascota. El 27 de enero fue atacado José Alejandro Naredo García, dirigente regional del PRD, mientras caminaba por una calle del municipio de Cuitláhuac, Veracruz.
El 11 de enero fue abatida a balazos Miriam Ríos, comisionada municipal del MC en la localidad de Jacona, Michoacán, quien además era presidenta del Colectivo Vive Libre Jacona. El hecho ocurrió mientras atendía su puesto comercial ubicado sobre la avenida Juárez, en la ciudad de Zamora.
El seis de enero fueron asesinados dos precandidatos a presidente municipal: David Rey González Moreno, de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Suchiate, Chiapas, y Sergio Hueso, del MC, en Armería, Colima.
El secretario general del PAN en Morelos, Giovanni Lezama Barrera, fue ejecutado el cuatro de marzo al interior de un gimnasio en Cuautla, Morelos; aspiraba a una diputación local por la alianza estatal PRI-PAN-PRD.
El 21 de diciembre de 2023, a consecuencia de un ataque armado, resultó muerto Ricardo Taja Ramírez, aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Acapulco, Guerrero.