Tras la normalización de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos (EE. UU.) con la visita de Richard Nixon a Mao Tsetung en 1973, la política exterior de Washington se planteó el objetivo de integrar y subordinar a China al orden internacional de Breton Woods. Durante los 80 y 90, la estrategia estadounidense consistió en promover la desestatización de la economía china con el supuesto de que, una vez abierto al mercado internacional, habría necesariamente un cambio en el desarrollo socialista, en el sistema político liderado por el Partido Comunista, y que China se integraría al capitalismo globalizado con un gobierno democrático liberal.

La economía china atrajo capitales de todo el mundo cautivados por las facilidades para la inversión; los bajos salarios de la abundante fuerza de trabajo; las Zonas Económicas Especiales abiertas para promover la transferencia tecnológica de las empresas extranjeras a las chinas; la privatización de casi la totalidad de la economía (hoy, las empresas son privadas en un el 84 por ciento) y la inserción de la República Popular de China al sistema económico internacional, mediante la Organización Mundial del Comercio en 2001. Sin embargo, no hubo ningún cambio sustantivo en el sistema político chino y el Partido Comunista se mantuvo en el poder.

La reforma y la apertura económica que China aplicó en los años 80, 90 y 2000 se basó en la producción manufacturera de mercancías de bajo valor agregado destinadas a la exportación, estrategia que generó tasas de crecimiento inéditas en la historia mundial y permitió que millones de personas salieran de la pobreza. Pero este modelo de desarrollo tuvo sus consecuencias negativas también, entre ellas la contaminación medioambiental, la desigualdad, la sobrecapacidad y problemas de rentabilidad. La crisis de 2008 lo volvió prácticamente inviable. Para sustituirla, se planteó un modelo de crecimiento basado en la tecnología y en productos de alto valor agregado (cuarta revolución industrial); mientras, China hacía fuertes inversiones en algunas regiones de África, Asia y América Latina, y la Olimpiada de Beijing 2008 mostraba al mundo su impresionante progreso económico y social.

Fue a partir del cambio de modelo económico y de la creciente proyección internacional, que EE. UU. comenzó a ver a China con preocupación. Durante el mandato de George W. Bush, la política exterior estadounidense se enfocó en su cruzada contra el terrorismo en el Medio Oriente. El gobierno de Obama sostuvo una fuerte presencia militar en los países de esta región y alentó las “revoluciones de colores” en el norte de África. En su segunda administración, Obama aplicó una actitud denominada “pivote a Asia”, que consistió en cambiar el centro de su política exterior del Medio Oriente hacia China para contener su crecimiento. Washington asumió a China como un rival estratégico.

Con el “pivote a Asia” Obama intentó aislar comercialmente a China mediante el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), reforzó sus lazos militares con los países aliados del Sudeste Asiático (Corea del Sur, Japón, etc.) y, en general, buscó frenar el crecimiento chino. Donald Trump continuó la política exterior anti-China, aunque con otras estrategias, como el inicio de la guerra comercial, la imposición de sanciones económicas y la campaña ideológica que señalaba a China como un peligro para la supervivencia de las sociedades occidentales. En la administración Trump, las relaciones diplomáticas entre China y EE. UU. se deterioraron más desde los tiempos de Nixon.

Joseph Biden pretende retomar el liderazgo al que renunció Trump, y busca aplicar una política exterior más activa contra China. El primer paso de esta nueva política fue la cumbre bilateral de alto nivel realizada en Alaska los días 18 y 19 de marzo. Acostumbrados a imponer al mundo sus decisiones, los representantes estadounidenses acusaron a China de violar sistemáticamente los derechos humanos en Hong Kong, Xinjiang y Taiwán. Por su parte, los dirigentes chinos respondieron que EE. UU. no está calificado para dirigirse a China desde una posición de fuerza; afirmaron que las perspectivas del gobierno estadounidense no representan al mundo, sino únicamente a su país, y exigieron respeto a su soberanía. Después de la cumbre, la delegación china se retiró sin ofrecer un mensaje a los medios como señal de descontento, lo que se comprende si se considera que, un día antes de la cumbre, Washington aplicó sanciones a 24 ciudadanos chinos.

La cumbre bilateral en Alaska representa el episodio más reciente de los fracasos en política exterior estadounidense contra China, sus intereses y decisiones. Hoy, el país asiático enfrenta a EE. UU. en condiciones equivalentes y reclama también un diálogo como iguales.