La crisis por desapariciones en la que se encuentra sumido México, catalogada por la ONU como crimen de lesa humanidad, no hubiese alcanzado magnitud y complejidad tales sin la complicidad de las administraciones pasadas y sus nexos con grupos del crimen organizado.

El 17 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha, un plan de seis “acciones inmediatas” para atender la crisis de desaparecidos; pero voces de los colectivos que buscan a sus familiares, defensores de derechos humanos y expertos afirman que no se trata de ninguna estrategia para atender el problema de raíz; que sin recursos públicos, por decretos e iniciativas de leyes que ya se encuentran en el papel es como la mandataria pretende “resolver” el problema.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno Federal contabiliza que entre el sexenio pasado y lo que va del actual han desaparecido 96 mil 626 personas.

Para atender esta crisis, la Presidenta anunció la aplicación de seis puntos como si fueran novedosos. Éstos se resumen así:

1) Fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República;

2) Para identificar a las personas desaparecidas, añadir una reforma a la Ley General de Población que permita que la CURP sea la única fuente de identidad, además, reformar la actual Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas para crear la Base Nacional Única de Información Forense que se nutra con información de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la FGR, así como de los servicios forenses estatal y federal.

3) Incorporar en la Ley protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades federativas, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin tener que esperar 72 horas.

4) Equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la FGR; 5) Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la FGR, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 6) Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida.

Lo anterior ocurrió tras el descubrimiento que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizó el pasado cinco de marzo en Teuchitlán, Jalisco, de un campo de reclutamiento y adiestramiento forzado en el que se encontraron cientos de zapatos, prendas de vestir y artículos personales, así como restos óseos, lo que conmocionó a todo el país y trascendió las fronteras. Ante estos hechos, la Presidenta reaccionó rechazando que se tratara de un “campo de exterminio” y mostró poca empatía con los familiares de las víctimas, a quienes acusó de orquestar un montaje.

En respuesta, más de 100 colectivos de búsqueda de desaparecidos emitieron un comunicado conjunto el 18 de marzo pasado: “Las familias de personas desaparecidas vimos y escuchamos su respuesta frente a la crisis de desapariciones que cada día se agrava más. Nos preocupa profundamente la propuesta que hace, pues refleja un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación… Sabemos que, como todos los gobiernos de México, éste no ha mostrado interés real y serio en consultarnos y establecer un diálogo constructivo, sin embargo, ejercemos nuestro derecho no sólo a expresarnos, sino a la participación en temas relacionados con la búsqueda de nuestros familiares… lo que en este momento han presentado (Claudia Sheinbaum y asesores) sólo exhibe su ignorancia en el tema y/o su intención de engañar al pueblo”.

El profesor-investigador de la Universidad Iberoamericana campus León, Fabrizio Lorusso, en su artículo Desaparición y búsqueda: un balance preliminar de las propuestas de Claudia Sheinbaum, en el que analiza temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo destacó que, más importante que fortalecer a la CNB es retomar las tareas que han sido canceladas o arrinconadas en años recientes, como la búsqueda en panteones y la catalogación de fosas comunes para fines de registro y exhumación, en las que muchas veces son abandonados miles de cuerpos de personas sin identificación que podrían estar siendo buscadas.

Sobre ello, en 2023 la FGR bloqueó el Plan Nacional de Exhumaciones, lo mismo que los procesos de búsqueda e investigación relacionados con el periodo de la llamada “guerra sucia”. Los colectivos de búsqueda coinciden en que el aumento de presupuesto y capacidades a la CNB no tendrá la eficacia necesaria si continúa al frente del organismo Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, o como le llaman, Tere Lumpen, señalada por la ASF de desviar 450 millones de pesos del programa “Servidores de la Nación”, durante el gobierno de López Obrador, y quien ahora, al frente de la CNB, se ha negado a dialogar con los familiares de desaparecidos.

Los colectivos acusan falta de voluntad política del Gobierno Federal para romper los pactos de impunidad que persisten en el país y aplicar los mecanismos con que ya cuenta la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, en cuya elaboración participaron los propios familiares de desaparecidos.

Una de las medidas que ha sido criticada por diversas voces, es la relacionada con equiparar los delitos de desaparición y secuestro, como propone el gobierno morenista. “Cuando hablamos de generalizado y sistemático (como lo es la desaparición forzada) estamos empezando a hablar de delitos de lesa humanidad, eso está constatado, por eso es preocupante que ahora propongan equiparar este delito con el de secuestro, porque son dos realidades distintas; tienen que ser tratadas, investigadas, procesadas, de diferente manera… nos preocupa que se quiera equipararlo a un secuestro porque con eso se estaría, nuevamente, minimizando la problemática, desconociendo el fenómeno que está detrás de las desapariciones”, sostuvó el experto en derechos humanos Michael Chamberlain, quien también lamentó que los últimos gobiernos acusen a supuestos opositores en lugar de asumir responsabilidades propias.

“Voy a seguir buscando”

Adriana Ornelas, madre buscadora a quien le fue arrebatado su hijo en enero del año pasado, acudió a Teuchitlán con la esperanza de encontrar algún rastro de su hijo. Pero “hasta ahorita no tenemos indicios de nada, estoy aquí por solidaridad con mis compañeras, siento que mi hijo no estuvo aquí, no está aquí, pero voy a seguir en su búsqueda, mi hijo estaba en el lugar donde trabajaba cuando llegaron personas armadas y se lo llevaron a él y a otras dos personas. Desde entonces no hemos sabido nada de ninguno de los tres. Yo vine en enero y febrero, y no es lo que vimos nosotros hace tres meses, está completamente limpio en cuestión de prendas”, denunció ante medios locales.

Ella es testigo de una especie de escenario armado que inicialmente orquestó el gobierno de Jalisco, a través de su Fiscalía local y posteriormente, de la FGR, quienes permitieron el acceso al Rancho Izaguirre a activistas, madres buscadoras y medios de comunicación, lo que generó molestias sobre todo de parte de las madres y padres buscadores.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que descubrió la situación de terror en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, acusó a las autoridades del Gobierno Federal, en específico a la FGR, de ocultar las pruebas que evidenciarían la existencia de hornos crematorios utilizados para calcinar restos humanos.

Los buscadores denunciaron a través de sus redes sociales, en las que compartieron videos y señalaron que “en los últimos quince días han encontrado cubetas llenas de huesos y restos óseos calcinados por los peritos y personal del IJCF… no es un montaje, no es una invención. Es la cruda realidad que hemos encontrado en Teuchitlán. Queremos que la verdad sea conocida y que se haga justicia por las víctimas”.

Por si fuera poco, en los últimos días han sido objeto de una campaña de difamación y desprestigio tras descubrir los “hornos de Teuchitlán”, pues denunciaron la existencia de audios, videos e imágenes generados por Inteligencia Artificial “para editar voces e imágenes de algunos miembros de nuestro colectivo”. Advirtieron que dichos materiales buscan manipular la opinión pública, lo cual sería una acción esperada de parte de las autoridades respectivas luego de que este colectivo exhibiera la situación atroz en que se encuentra nuestro país y que ha manchado al gobierno que dice ser “el más humanista”.

En otros estados, como Tamaulipas, las autoridades tampoco ayudan en la búsqueda de los desaparecidos, así lo denunciaron colectivos como “Amor por los desaparecidos”, del cual es presidenta Edith González Treviño, y quienes encontraron fosas de exterminio, pero que el gobierno tamaulipeco se niega a aceptar, señalaron de manera particular al Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de la entidad, Jorge Cuéllar.

“Es indignante que se niegue la existencia de estos sitios clandestinos, para empezar sí existen cientos de sitios de exterminio aquí en Tamaulipas, como prueba estamos todos los colectivos de búsqueda que en nuestros recorridos hemos localizado estos sitios. Se le preguntó si sabía qué era La Bartolina, uno de los sitios de exterminio más grandes que se han localizado aquí en Tamaulipas, y desconoce qué significa, cuando es él el vocero de seguridad y debería saberlo. ¿Cómo queremos que conozca estos sitios si realmente no acepta la gravedad de lo que sucede en Tamaulipas?... Lo invitamos a que se siente con nosotros junto con el gobernador, porque nosotros tenemos documentado cada sitio de exterminio localizado. Realmente este sí es un sitio de exterminio porque se localizan restos óseos humanos calcinados; y ellos están tratando de minimizar el asunto con otra nota”, afirmó González Treviño el pasado 13 de marzo.

Discurso vs. realidad

En un brevísimo discurso, y antes de dar a conocer su “estrategia”, Sheinbaum Pardo señaló que para la administración que encabeza, la atención al problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una “prioridad nacional”.

Ante las exigencias de colectivos de búsqueda de desaparecidos, la mandataria anunció su “nueva estrategia”. Sin embargo, debido a la complejidad para atender el problema, queda demostrado que “hay una máquina perfectamente diseñada, planeada, sistematizada, que consiste en esta constante abducción de personas; no es secuestro, es desaparición forzada porque estos crímenes no sólo son culpa del crimen organizado o redes de narcotráfico, etc., sino de algo mucho más complejo; estamos hablando de redes de macrocriminalidad donde agentes del Estado, de diferentes corporaciones policiacas, militares y de la administración pública están involucrados, colaboran con el crimen organizado a través de mecanismos de protección, de venta de protección, de las llamadas plazas, de venta de rutas de drogas, etc. Esta colusión tan extrema ha permitido el perfeccionamiento de este sistema”, dijo la especialista en violencia y redes de narcotráfico en México y Estados Unidos, Adela Cedillo.

La narrativa de las conferencias de prensa matutinas, que señala una baja en la tasa de homicidios en el país y omite hablar de las desapariciones forzadas, dando a entender que la política pública de Morena es un éxito, se contradice ante el descubrimiento incontenible de fosas clandestinas y predios para la desaparición de cadáveres, a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Un informe reciente de la organización México Evalúa detalla el grado de violencia en los meses de enero y febrero de este año, añade las estadísticas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y da un panorama con mayor certeza sobre el grado de violencia homicida. Con ello, el reporte añade a los estados de Sonora (178 por ciento), Tabasco (72.7 por ciento), Puebla (112.3 por ciento) y la Ciudad de México (72.5 por ciento) como las entidades con mayor porcentaje de violencia, con una tendencia al alza.

Un Estado cómplice

Aun así, Claudia Sheinbaum aseguró que “antes, en el pasado, las desapariciones en México eran perpetradas por el Estado; ahora están principalmente vinculadas con la delincuencia organizada”. Sin embargo, a decir de Michael Chamberlain, el Estado mexicano no puede deslindarse de su responsabilidad directa de las desapariciones diciendo que ése es un asunto de los grupos criminales; estos últimos pueden estar involucrados, pero quien lo permite es el actual Estado con la impunidad, la corrupción y, desafortunadamente, con la conquista o la pérdida de territorios a manos del crimen organizado.

Los análisis y evidencias sobre esta crisis permiten concluir que se trata de un problema tan grave, de tal magnitud y complejidad que no pudo haber alcanzado esas dimensiones sin la complicidad entre autoridades de todos los niveles y los grupos criminales. Sólo así se explica la total impunidad de que gozan los perpetradores, pues resulta irónico que a pesar de la alta tecnología con que cuenta el Estado mexicano para dar seguimiento a este delito sea la población, con sus propios y escasos recursos, quien descubra fosas comunes, campos de exterminio y hornos crematorios. Para los expertos, todo ello sugiere que, lejos de erradicar el problema, al Estado le resulta funcional perpetuar la violencia y la descomposición social, ya que ambas sustentan un sistema económico basado en la desigualdad social.

Expertos coinciden en que si no hay un cambio estructural de fondo, la crisis de las desapariciones en el país continuarán y cada vez con mayor intensidad, como viene ocurriendo desde los últimos años, con López Obrador al frente del país. Según el último Informe Nacional 2024 de Red Lupa, organización ciudadana que se dedica a monitorear, evaluar y dar seguimiento a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, así como a leyes locales, 2023 fue el año con más personas desaparecidas: 10 mil 315 casos. Además, el periodo comprendido entre 2019 y mayo de 2024 concentra el 48 por ciento de los registros de personas desaparecidas; mientras en lo que va de 2025, del primero de enero al 22 de marzo se cuentan seis mil 556 desapariciones, lo que equivale a 80 personas diarias.

“La desaparición de personas en México es generalizada y sistemática. Después de un año de llegar a 100 mil casos de personas desaparecidas, la cifra aumentó en un 7.3 por ciento en 2023 y siguió aumentando en 2024 en un 6.3 por ciento. A la fecha, los reportes de casos de personas desaparecidas siguen aumentando”, apunta el último informe de Red Lupa. Estadísticas más recientes del propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señalan que en 2024 hubo 18 mil 816 registros de personas desaparecidas, lo que lo colocaría como el año con más desapariciones.

Sobre esto, la historiadora por la UNAM y experta en temas de violencia, Adela Cedillo, en su participación en la mesa de análisis Lo marginal en el centro, sostuvo que la actual situación que aqueja a los mexicanos es “producto de décadas de negligencia, de pensar que la violencia sólo le pasa a la gente mala, pero que no iba a alcanzar a la gente de clase media y alta, pero ahora, cuando estamos tan rebasados por la violencia es que empezamos a sorprendernos de su normalización, porque ya son muchos años de vivir en estas condiciones esquizofrénicas; porque por un lado estamos en un Estado de Derecho, con autoridades democráticamente electas, y por otro en un Estado de excepción, donde en muchas partes del país quien tiene la última palabra es el crimen organizado coludido con las fuerzas a las que corrompen (Ejército, policía, diferentes corporaciones, etc.). Es como vivir entre dos mundos, pero ¿en cuál estamos viviendo realmente? ¿En aquel donde hay que obedecer las leyes del Estado de Derecho o en el que estamos a merced de criminales increíblemente desalmados, deshumanizados, que no tienen ningún respeto por la vida?”.

México vive un Estado de excepción

Ya se habla de las desapariciones como una práctica cotidiana en el país, la mayoría de los mexicanos ya no se estremece al escuchar títulos tan escabrosos y terroríficos como Desaparecen 30 personas diariamente, Más de 15 mil desaparecidos; Jalisco encabeza lista, Asciende a más de 125 mil la cifra de desaparecidos en México, Crisis de desaparecidos en México: casi 8 mil víctimas más en 5 meses, México, el país que desaparece: sin rastro de 125.000 personas. Incluso los trabajos periodísticos en torno al tema revelan la deshumanización y descomposición social que ha provocado el sistema económico imperante.

El reclutamiento forzado de personas de clase muy humilde, campesinos y clase trabajadora, no empezó hace seis años, sino desde la década de 1960 al menos; actualmente, la mayoría de los desaparecidos en México van desde los 18 hasta los 30 años. Y del total de desaparecidos, sólo un 25 o 30 por ciento son mujeres, sin embargo, de este porcentaje casi todas son niñas o menores de edad, de acuerdo con el especialista en temas de violencias, desaparición y búsqueda de personas en México y Guanajuato, señaló Fabrizio Lorusso .

“¿Cómo es posible que con la tecnología de que disponemos ahora para el espionaje, el seguimiento, la persecución del crimen, etc., puede haber 125 mil personas desaparecidas; o que luego de un sexenio de Guardia Nacional pueda haber casos como el del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán?” Cuestionó Cedillo, quien criticó el papel que la “Cuarta Transformación” le atribuye a la GN como la gran solución al problema de la inseguridad, ya que la realidad contradice los dichos, “vemos estos macrocrímenes, atrocidades, que no son cosas que puedan pasar en un Estado de Derecho normal, en una situación de normalidad; éstos son hechos propios de un Estado de excepción”.

La administración actual, encabezada por Claudia Sheinbaum, hace un esfuerzo propagandístico por ocultar, por poner en duda los hallazgos y el trabajo de Guerreros buscadores, es decir, los está revictimizando y está perpetuando la atrocidad, es una voluntad de no querer esclarecer ni aceptar el fracaso de la GN en México, donde la falta de empleos bien remunerados y demás oportunidades de desarrollo orilla a miles de jóvenes y adultos a caer en las manos del crimen organizado.