El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, creado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha fracasado, sostienen varios expertos y organizaciones civiles estudiosas del problema. Este programa que, además, ha mostrado graves irregularidades administrativas, formaba parte del fallido plan de seguridad “abrazos, no balazos”.

Se argumentó que mediante la entrega de un “pago mensual” de ocho mil 480 pesos a cada beneficiario se evitaría que los jóvenes se integraran a las bandas delictivas. Entre 2019 y 2024, el gobierno de AMLO destinó 130 mil millones de pesos (mdp) a este programa; sin embargo, cada vez es mayor el número de jóvenes de 15 a 29 años que se incorporan a las filas del crimen organizado.

Los niños, adolescentes y jóvenes de los sectores sociales más vulnerables sufren, hoy, las atrocidades del crimen organizado a pesar de que el Gobierno Federal ha entregado más becas escolares.

El 18 de agosto de 2024, en un balance sobre este programa durante los seis años de gobierno de AMLO, Marath Bolaños López, Secretario del Trabajo, informó en Monterrey, Nuevo León, que este monto se distribuyó a dos millones 973 mil 455 jóvenes que durante un año fueron capacitados en 570 mil centros de trabajo, cada uno obtuvo un ingreso mensual de siete mil 572 pesos y el 62 por ciento ya tenía trabajo fijo.

El reciente descubrimiento de fosas clandestinas en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, ha evidenciado prácticas de reclutamiento forzado, adiestramiento criminal y exterminio por cuenta de grupos criminales.

Las imágenes del rancho Izaguirre, expuestas públicamente por los familiares y colectivos buscadores de personas desaparecidas a partir del cinco de marzo de 2025, muestran la macabra realidad que se vive en muchas regiones del país.

Ese espacio había sido cateado por las autoridades federales en 2019 y 2024, pero “no encontraron nada”; y similar a la desaparición en 2014 de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno morenista está tratando de crear una “verdad histórica” para sepultarlo.

Pero el de Teuchitlán no es el único centro de exterminio en el país. El 12 de marzo de 2025, días después de ese hallazgo tenebroso, madres buscadoras del colectivo Amor a los Desaparecidos encontraron osamentas, partes de cuerpos calcinados, ropa y zapatos en un baldío del poniente de Reynosa, Tamaulipas.

En 2024, este mismo colectivo halló 50 fosas clandestinas con una indefinida cantidad de restos humanos; y el 29 de diciembre se produjo el último de sus hallazgos de ese año en Reynosa: un campo de exterminio en la brecha El Jabalí, dentro del ejido Benjamín. La mayoría de las víctimas era joven.

Con respecto a los resultados del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el director de la consultora Lantia Intelligence recientemente reveló que hasta ahora “no existe ningún análisis empírico que indique” que la entrega de becas a casi tres millones de jóvenes que no estudian ni trabajan (diciembre de 2023) “haya tenido algún tipo de impacto en el reclutamiento criminal”.

El reclutamiento

Alfredo Nateras Domínguez, especialista en antropología social e investigador de los problemas que más afectan a los jóvenes, explicó a buzos que la precariedad económica y social en que la mayoría de éstos se encuentra los deja vulnerables ante el crimen organizado.

Varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron, por otro lado, que las redes sociales son la principal vía que tienen las bandas criminales para contactar, atraer, manipular y amedrentar a jóvenes, incluso a menores de edad.

Los jóvenes de familias de escasos recursos son cooptados con engañosas ofertas de sueldos muy altos para supuestamente trabajar como escoltas, guardias de seguridad o levantar encuestas.

La organización YouthBuild México A.C. explicó que la pobreza afecta a más de la tercera parte de la población juvenil de entre 15 y 29 años; que 58 por ciento de ésta no accede a la seguridad social; 42 por ciento no cuenta con servicios de salud y el 22 por ciento muestra rezago educativo.

Los jóvenes son atraídos con ofrecimientos “de vacantes falsas las cuales prometen salarios altos con pocos requisitos; pero resultan ser fraudulentas y llevan a las víctimas a situaciones de reclutamiento forzado”, destacó.

“En este contexto, muchos jóvenes son reclutados por grupos criminales, viéndose forzados a participar en actividades ilícitas como una forma de supervivencia. La violencia no sólo impacta su seguridad física, sino también su salud mental y su futuro”.

Los grupos criminales reclutan personal nuevo para cubrir las continuas bajas por asesinatos o detenciones durante la ejecución de sus actividades ilícitas. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal difundió, el pasado 19 de febrero, un informe en el que se advierte que 20 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en México.

Cuatro semanas después, el 16 de marzo, un grupo armado masacró a ocho jóvenes mientras jugaban en la cancha de usos múltiples de la Parroquia de San José Mendoza, en Salamanca, Guanajuato.

Además, según datos de YouthBuild México A.C., entre 2018 y 2024 desaparecieron 69 mil 331 jóvenes, de los cuales 22 mil 468 (32.4 por ciento) continúan perdidos; el 67.5 por ciento fueron localizados (46 mil 863) y tres mil 268 asesinados.

El 54 por ciento de los jóvenes desaparecidos son hombres y el 46 por ciento, mujeres; los tres estados con el mayor número de víctimas fueron el Estado de México (Edomex), con 10 mil 428 personas; Nuevo León, con siete mil 201; y Jalisco, con cinco mil 292.

Pobreza y abandono familiar

Las organizaciones civiles Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Reinserta denuncian que no sólo jóvenes mayores de 18 años, sino también adolescentes y niños son capturados por el crimen organizado para realizar operaciones ilegales.

“En México no existen cifras oficiales sobre reclutamiento infantil, pero sabemos que entre 145 y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de reclutamiento por el crimen organizado”, reveló Redim.

Los menores con mayor susceptibilidad de reclutarse son los más pobres, abandonados y que han sido víctimas de violencia familiar; el Estado de México, Chiapas y Guanajuato reportan los números más altos de infantes en esta situación.

Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en los derechos de ese sector poblacional, afirmó que las redes sociales han intensificado recientemente este grave mal.

“Si bien se desconoce cuáles son las dimensiones reales de este problema, el número de estos niños, niñas y adolescentes oscila entre 35 mil y 460 mil de acuerdo con el estudio que se cite”, escribió el 17 de abril de 2023 en la Gaceta de la UNAM.

De los 129 millones de habitantes en México, 30.8 millones son jóvenes con edades entre los 15 y 29 años; y en conjunto equivalen al 24 por ciento de la población nacional; la mitad, 15.6 millones, son “jóvenes oportunidad”, concepto utilizado por las organizaciones civiles para referirse a quienes no estudian ni trabajan.

La organización YouthBuild estima que únicamente el 75 por ciento de estos jóvenes (23.1 millones) alcanza la educación media superior; 7.6 millones trabajan en condiciones precarias, obtienen ingresos insuficientes, carecen de servicios de salud y no recibirán pensión cuando sean adultos; y 494 mil pertenecen a la población económicamente activa (PEA), pero no han encontrado trabajo.

Hay 2.4 millones de jóvenes que viven en la pobreza laboral y están imposibilitados para cubrir sus necesidades de alimentación suficiente y, entre otros gastos, transporte y vivienda digna. 

El estudio de YouthBuild asegura que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”  no está dirigido a los jóvenes con las mayores dificultades de empleo y que no garantiza su capacitación ni contratación laboral futura.

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que entre 2019 y 2023 se registraron 61 mil 318 homicidios de jóvenes, 33 diarios en promedio, ubicados como principal causa de muerte juvenil.

“Las personas jóvenes con menores índices de escolaridad y acceso limitado a la educación tienden a presentar mayor propensión a ser víctimas de homicidios”, resaltó YouthBuild en su investigación. De 58 mil 833 víctimas de homicidio, el 45 por ciento había cursado la secundaria, 26 por ciento la primaria y el 21 por ciento, bachillerato. 

En su informe del siete de agosto de 2024 sobre los “Jóvenes Oportunidad”, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza subraya que resulta indispensable que el Gobierno Federal ejecute acciones efectivas para lograr la inclusión económica de 16 millones de jóvenes desempleados, de los cuales 2.4 millones viven en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esta misma agrupación reveló que el 42 por ciento del total de los jóvenes con edades entre 15 y 29 años vive en condiciones de pobreza y que casi la mitad de quienes tienen entre 25 y 30 años (48 por ciento) procede de hogares pobres y padece desnutrición crónica.

Las “irregularidades” del programa

Según datos oficiales, en 2024, los beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” recibieron siete mil 572 pesos mensuales durante un año; es decir, 90 mil 864 pesos cada uno; y que, a partir de este año, el apoyo mensual será de ocho mil 480 pesos, esto es 101 mil 760 pesos al año.

Los 15 programas sociales del gobierno morenista presentaron un incremento de ocho por ciento en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2025; suman en conjunto 773 mil 300 mdp y el monto destinado a atender a los jóvenes es de 24 mil 200 mdp. 

En sus revisiones a las cuentas públicas de 2019 a 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó “posibles daños al erario público” por 178 mil 700 mdp por irregularidades, como inexistencia de centros de trabajo, la entrega de apoyos a personas fallecidas y la duplicidad nominal de beneficiarios. 

En su informe 373-DE sobre el programa en 2019, el primer año del programa, la ASF aclaró que la autoridad responsable, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cometió varias inconsistencias.

El proyecto de trabajo no informó sobre las metas a cumplir; y del total de 2.3 millones de jóvenes beneficiarios, no detalló la identidad, ubicación barrial, municipal y estatal ni estableció el procedimiento para verificar la existencia de los centros de capacitación laboral.

La STPS tampoco definió el procedimiento para acreditar que, luego de un año de “capacitación”, los egresados del programa hubieran adquirido realmente las habilidades laborales aportadas por las empresas privadas donde fueron contratados. 

La ASF encontró, asimismo, que en 2019 hubo mil 681 nombres de beneficiarios que también aparecían como receptores de una beca educativa y que, “en consecuencia, debieron ser dados de baja”.

El 27 de enero de 2022, la ASF reportó que en su revisión de la cuenta pública de 2020 detectó que quedaron 28.9 mdp pendientes de aclarar; pagaron 351.7 mil pesos a 38 personas fallecidas; 242 burócratas en activo se hicieron pasar por jóvenes y cobraron 5.1 mdp.

La ASF inició también una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la contraloría de la STPS en Michoacán investigara a funcionarios por no denunciar “el extravío o robo de 355 tarjetas” y no tramitar la devolución de cinco mil 491 tarjetas no entregadas a sus beneficiarios.

No basta un programa de largo plazo

Entrevistado por buzos, el académico e investigador Alfredo Nateras aseveró ante que un programa como “Jóvenes Construyendo el Futuro” podría ser positivo si se enfocara en la atención de las causas socioeconómicas de fondo en el corto y mediano plazo.

“No basta con un programa a largo plazo. Hay que trabajar con los niños en las escuelas, con los medios y en la sensibilización social… hay que hacer reestructuraciones; la impunidad es terrible, la corrupción está peor. No ha mejorado.

“La gran prioridad son las desapariciones forzadas; los servicios médicos forenses estatales están saturados y el gobierno es insensible”, destacó Nateras, que es académico de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) e investigador de los problemas juveniles.

“El gobierno se pierde en la idea de que toda crítica es conspiradora. Creo que ya es tiempo de que Morena haga autocrítica, escuche las críticas, que no se hacen porque uno sea fifí o de ultraderecha. Es necesario que escuche; es lo menos que puede hacer”.

Para el especialista, el Estado está ausente en términos generales… “deja vacíos; no cubre la función de salvaguardar la seguridad de la población ni logra mantener el control de todo el territorio nacional.

“El gobierno debe ejercitar la autocrítica y la escucha, porque: ¿qué esperaban de una manifestación de las madres buscadoras?, que además algunas son asesinadas… ellas están haciendo el trabajo que le toca al gobierno y al Estado… ya basta; no es posible que este país siga así”, exclamó el experto.