En Veracruz, diariamente son desaparecidas y asesinadas ocho personas en promedio; y sus victimarios abren fosas clandestinas en terrenos baldíos, montes, bosques, barrancas y pozos de agua, según la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB).

Además, de acuerdo con información de Lucy Díaz, coordinadora de los colectivos Solecito, y la Red de Madres Veracruz, en la entidad se hallan las dos fosas clandestinas más grandes de América Latina, con más de 600 cadáveres.

Fue en 2022 cuando se publicó la primera versión del informe Hasta encontrarlos: desapariciones forzadas cometidas por fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad, elaborado por ambas organizaciones civiles en coordinación con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

El recuento, de sólo 58 páginas, documenta las desapariciones forzadas que surgieron en 2006; y describe el horror padecido por los integrantes de los colectivos participantes durante 17 años de búsqueda permanente.

Solecito, una de las organizaciones firmantes, detalla que se localizó en Colinas de Santa Fe una de las dos fosas más grandes, con 305 cuerpos; la otra en El Arbolillo, con 310; y que de 2006 a la fecha, en Veracruz se habrían producido entre tres mil y 20 mil desapariciones forzadas.

En ese lapso, la entidad fue gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa (2010-2016); el panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) y actualmente lo es por el morenista Cuitláhuac García Jiménez.

En el curso de casi dos décadas, la incidencia de este delito se ha mantenido en el mismo promedio, sin que las autoridades locales hayan realizado las acciones mínimas indispensables para prevenirlo y evitarlo.

El pasado siete de noviembre, 32 colectivos tomaron el Palacio de Gobierno de Veracruz en Xalapa, la capital del estado, y se plantaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ubicadas en la calle Zaragoza, para exigir mayor atención a sus actividades de búsqueda.

En Coatzacoalcos, puerto ubicado en la región sur de la entidad, correspondió a Belén González, del colectivo Madres en Búsqueda, hacer el pronunciamiento de protesta y petición ante el gobierno estatal.

Belén es madre de Jacob Vicente Jiménez González, quien desapareció el 25 de septiembre de 2015, cuando tenía 27 años. El joven viajaba en un taxi en compañía de Abraham Torres y dos personas más, uno de ellos dueño de la unidad. Su desaparición y la de sus acompañantes ocurrieron en un retén del operativo Blindaje Coatzacoalcos; y fue a partir de entonces cuando sus familiares perdieron contacto con él.

En un mensaje público, Belén González reprochó al gobierno de García Jiménez y a la Fiscal General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, el enorme rezago en la identificación de los restos encontrados en las más de 173 fosas clandestinas localizadas en la entidad.

“Casi el 90 por ciento de los restos hallados no han sido identificados; el estado de Veracruz está lleno de fosas clandestinas y se han documentado en Playa Vicente (sur de la entidad) y el Puerto”.

En la lista que difundió, citó otras en la Barranca de la Aurora, descubierta en 2016 y ubicada en Emiliano Zapata (a 30 minutos de la ciudad de Xalapa); en La Guapota, en el municipio Úrsulo Galván; en Arbolillo, en el puerto de Alvarado, donde se hallaron 310 cuerpos y en Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, donde se localizaron 305 cadáveres.

Durante la toma del Palacio de Gobierno, los integrantes de los 32 colectivos denunciaron que “en las Fiscalías, no hay avances en las carpetas de investigación, no hay identificación humana; hay rezagos en los Semefos, en los Servicios Periciales… seguramente entre todos esos restos están los de nuestros hijos”, lamentó Belén González.

Desde que comenzó la llamada guerra contra las drogas en 2006, durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se mostró la grave crisis de derechos humanos que afecta a México, explicaron los familiares de los desaparecidos, que durante 35 horas mantuvieron cerrados los accesos a las oficinas del gobernador de Veracruz, de la SSP y las céntricas calles de Xalapa.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta que en el país existen más de 100 mil personas desaparecidas, de las cuales 88 mil se reportaron de 2006 a la fecha.

El Informe Número 750, Situación de la impunidad en México, revela que en los últimos 15 años han sido localizadas cuatro mil 92 fosas clandestinas y llama al “Estado Mexicano a reconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad y remitir la situación de México a la Corte Penal Internacional”.

La Secretaría de Gobernación (Segob), por su parte, informa que únicamente en dos municipios de Veracruz (Úrsulo Galván y Playa Vicente) se han localizado 77 y 66 fosas clandestinas, respectivamente, y que ambas demarcaciones se sitúan entre los 10 municipios del país con mayor número de fosas clandestinas.

El Gobierno Federal asegura que éstos concentran el 41.7 por ciento de inhumaciones ilegales y los enumera: Tecomán y Manzanillo, en Colima; Úrsulo Galván y Playa Vicente, en Veracruz; Ahome y Mazatlán, en Sinaloa; Acapulco, Guerrero; Puerto Peñasco y Cajeme, en Sonora; y Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Se me acaba el tiempo”

Yolanda Espíritu Mota tiene 72 años y, desde hace 12, emprendió su peregrinaje para localizar a sus dos hijas desaparecidas en Xalapa, Ivone Amador Espíritu e Iriana Izet Luna Espíritu, ambas vistas por última vez el 14 de octubre de 2011.

La anciana no pierde aún la esperanza de encontrarlas con vida; pero también las busca en las fosas clandestinas, entre ellas las más grandes del país, que se ubican en el Estado de México (Edomex); Saltillo, Coahuila; Guadalajara y Chapala, en Jalisco; La Paz, Baja California Sur; Los Cabos en Baja California y en Puebla.

Sólo en el territorio de Veracruz ha visitado los municipios de Cosautlán, Coatepec, Córdoba, Alvarado. “No he parado, estamos en exhumaciones. No le he parado, lo peor es que siento que se me está acabando el tiempo y no sé nada de mis hijas”, expresó a buzos.

Ivone e Iriana, quien en el momento de su desaparición tenían 29 y 24 años, forman parte de la lista de las siete mil 500 personas desaparecidas en Veracruz consignadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Las manos de la señora Yolanda han escarbado la tierra de Arbolillo, en Alvarado; ha observado la exhumación de restos humanos en el panteón Palo Verde, de Xalapa; y en La Guapota, de Úrsulo Galván, desenterró huesos, ropa podrida y otras pertenencias. Al parecer sus hijas fueron secuestradas por un grupo armado en un bar de la capital veracruzana.

La encargada de despacho de la CEB del gobierno estatal, Brenda Cerón Chagoya, explicó que en el estado de Veracruz desaparecen diariamente ocho personas en promedio. En 2022, esta oficina emitió tres mil fichas para la localización de ciudadanos desaparecidos.

En palabras de la funcionaria, antes del gobierno actual no se contaba a las personas desaparecidas y ahora, gracias a las labores de búsqueda de la CEB, prevalece la confianza de los familiares de las víctimas.

“Son más de tres mil expedientes trabajados; recibimos tres mil reportes en el año, pero más del 70 por ciento son localizados. En este contexto, Veracruz ha sido uno de los estados más afectados por la violencia, particularmente en materia de desapariciones forzadas.

“De acuerdo con el RNPED, desde 2006 se han producido más de tres mil, si bien organizaciones de la sociedad civil estiman que las desapariciones podrían llegar hasta 20 mil”, precisó.

Apoyada en información de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (CNPD) y en datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, Mayra Ledesma Arronte, académica de la Universidad Veracruzana (UV) y promotora de derechos humanos, reveló que en lo que va del gobierno de García Jiménez (2019-2024), la cifra de desaparecidos es de dos mil 340 personas, hasta mayo de 2023.

Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (2017-2018), hubo 849 personas desaparecidas; en el de Javier Duarte (2011-2016), dos mil 311; y en el de Fidel Herrera Beltrán (2006-2010), 266.

En 2018, durante su campaña política como candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, García Jiménez sostuvo reuniones con los colectivos de desaparecidos y algunas se realizaron en el Centro Recreativo Xalapeño, ubicado en la calle Xalapeños Ilustres de la capital veracruzana.

Los familiares de las víctimas recuerdan que hace cinco años fueron atendidos y se les prometió apoyo con recursos para sus labores de búsqueda después de que Cuitláhuac ganara la elección; sin embargo, eso no ocurrió, por lo que el siete de noviembre de 2023, 32 colectivos instalaron un plantón frente a la oficina del gobernador Cuitláhuac García en protesta por la falta de resultados en las tareas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

“Estamos hartas. Hartas de la burla de estas autoridades que tenemos en Veracruz. Cada día tenemos más desaparecidos, más carpetas de larga data acumuladas, y más y más problemas, y sólo nos dan largas. Pero ya hemos dicho basta”, dijo una de las activistas de los 32 colectivos.

En respuesta a las quejas, el gobernador Cuitláhuac García emitió un documento oficial en el que detalló que el presupuesto de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) había pasado de cinco millones 913 mil pesos en 2018 a 100 millones en este año; además de que la dependencia había sido “fortalecida con fondos federales”.

Pero a pesar de las declaraciones del gobernador, las cifras de los desparecidos aumentaron en los cinco años de su administración, pues hasta mayo de 2023 los registros han contabilizado dos mil 340 personas desaparecidas. Por lo que, ante el hartazgo popular y una falta de respuesta real del gobernador, los 32 colectivos decidieron instalar un plantón a las afueras del palacio de gobierno. 

“Somos víctimas por la desaparición de nuestros hijos y víctimas también de unas autoridades que no nos dan respuesta”, argumentó Marcela, una de las madres buscadoras, a los medios locales. La activista aseguró que desde hace nueve meses, en febrero pasado, mantuvieron una primera reunión con el gobernador García junto con la Fiscalía estatal, en la que les pidieron más recursos y celeridad en las labores de búsqueda y, sobre todo, en las de identificación de restos humanos”, dijeron.

Finalmente, las madres buscadoras levantaron su plantón permanente en Palacio de Gobierno luego de haber logrado que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se comprometiera a recibirlas y atender sus demandas. 

400 cuerpos identificados

La Fiscal General del Estado (FGE) de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, aseguró que no fue convocada a la reunión sostenida por los 32 colectivos de búsqueda en la entidad con el gobernador García Jiménez el pasado nueve de noviembre, en un hotel de la ciudad de Xalapa, pese a que aquéllos habían previsto su presencia.

La funcionaria estatal anunció, sin embargo, que solicitará más apoyo al Gobierno Federal para realizar acciones que tengan que ver con los colectivos de búsquedas en 2024; e informó que hasta ahora la dependencia a su cargo trabaja en la identificación de cerca de 400 cuerpos hallados en las fosas clandestinas de la entidad.

La información difundida por Hernández Giadáns no precisa ubicación de las fosas clandestinas o si la FGE continúa realizando jornadas de búsqueda en el territorio estatal. El número de personas desaparecidas y halladas sin vida publicado por la FGE discrepa del contabilizado por las madres, padres y organizaciones civiles dedicados a su búsqueda, escarbando tierra y oliéndola para detectar la putrefacción.

Los integrantes de los colectivos de personas desaparecidas de Veracruz afirman que las cifras oficiales están alejadas de la realidad, que no hay un número exacto y que el horror producido por la localización de una fosa clandestina es indescriptible.

Las estadísticas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) indican que del 1° de enero de 2010 a la fecha, hay 11 mil 732 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales cinco mil 371 fueron localizadas y seis mil 361 se desconoce el paradero.

Ésta es la razón por la que sus familiares las buscan escarbando tierra, desenterrando restos de las fosas clandestinas, haciendo marchas de protestas y gritando siempre “¡hasta encontrarlos”.