Chiapas ocupa uno de los primeros lugares nacionales en feminicidios; entre enero y agosto de este año, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia la Mujer de Chiapas (OFVMC) contabilizó 117 muertes violentas de mujeres, 34 de las cuales pueden catalogarse como violencia de género.

En 2022 hubo 40 crímenes de este tipo; y a partir de 2016 –cuando se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) en siete municipios chiapanecos– se han registrado mil 255 muertes violentas de mujeres; el promedio por año es de 179 casos, de los cuales 323 fueron feminicidios y 436 feminicidios en grado de tentativa, según la misma organización no gubernamental (ONG).

Desde el pasado ocho de diciembre, Flor Emilia Alcázar Coutiño, madre de una de las víctimas, exige a las autoridades judiciales que capturen al responsable de la muerte de su hija Paola Yazmín Ocampo Alcázar, cuyo cadáver apareció en una de las cisternas de la Escuela Primaria David Gómez, de Tuxtla Gutiérrez, donde trabajaba desde hace ocho años.

Afirma que las investigaciones sobre el asesinato de Paola no avanzaron en los primeros meses debido a la negligencia y corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE); pero que ahora el caso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos agentes muestran mayor voluntad para atenderlo.

Explicó que esta institución atrajo las indagaciones gracias a que sus compañeras de trabajo y ella, quien es maestra jubilada, se movilizaron hasta lograr que el asunto no siguiera en manos de la FGE-Chiapas, cuyos funcionarios “querían hacer pasar la muerte de mi hija como accidente laboral… pero hoy vamos a llegar a la última instancia.

“Mi hija desapareció el siete de diciembre; pero la fiscalía no podía hacer la búsqueda porque tenía otros compromisos; y fue mi familia, mis otras hijas, las que comenzaron a rastrearla”, informó Flor Emilia, quien está convencida de que Paola fue asesinada en el interior del centro educativo y que su cuerpo fue “sembrado” en la cisterna.

La maestra teme que las investigaciones puedan ser entorpecidas con la reactivación del ciclo escolar y que él o los feminicidas, quien o quienes siguen laborando en la escuela, no sean detectados.

Paola tenía 36 años, era originaria del municipio de Venustiano Carranza y se graduó como licenciada en administración de empresas. Su madre la describe como muy responsable y “la más alegre” de sus cinco hijas, sobre todo la más acomedida para organizar las fiestas decembrinas y los cumpleaños.

La situación de doña Flor es bastante complicada ahora porque, a un año de la muerte de Paola, el monto de su pensión laboral y el apoyo de sus hijas no son suficientes para cubrir los gastos para continuar su demanda de justicia.

Pero, a pesar de la falta de recursos y de algunos síntomas de diabetes que la agobian, asegura que “sacará” de donde sea el dinero necesario para sus gastos porque “yo soy la voz de mi hija y voy a seguir, hasta el último día de mi vida, hasta ver al feminicida en la cárcel”.