El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySP) anunció en una circular el 14 de febrero, que cancelaba sus convocatorias a refugios para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, porque los 346 millones de pesos (mdp) que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2019) adjudicó a este rubro, en el Ramo 12, serían transferidos a otro.

De inmediato, organismos civiles dedicados a la defensa de la mujer manifestaron su inconformidad y calificaron de injusta y “absurda” dicha medida.

El 24 de febrero, el Gobierno Federal revocó tal decisión y las convocatorias se reactivaron, pero en los refugios prevalece la incertidumbre y el temor de que el recorte presupuestal del CNEGySP genere más limitaciones y despidos de personal.

“Salí corriendo de esa casa, aturdida, apenas podía hablar. Solo veía la sangre escurrir por mis manos; no podía detenerme a ver las heridas; mi vida estaba en peligro”, relata Lucía “N”, de 29 años, en torno a la última agresión que sufrió a manos de su expareja.

En entrevista con buzos, Lucía recordó así su relación: “Yo viví en unión libre con Luis por más de cinco años. Nos conocimos en la universidad, la que dejé porque me impidió continuar mis estudios, dijo que él se dedicaría a trabajar. De esa relación procreamos a Ximena, mi niña, que actualmente tiene seis años. Yo creía que era normal su manera de celarme e incluso llegué a pensar que sus celos eran su prueba de amor. Me prohibía ver a mis amigos y familia, no me dejaba trabajar, controlaba mi manera de vestir”.

En su relación con Luis, la constante fueron los insultos, humillaciones, violaciones y golpes, que fueron agravándose conforme fue pasando el tiempo. “Incluso me dejaba encerrada en casa con Ximena. Las golpizas eran cada vez más frecuentes, por todo y nada. Porque no le gustaba la comida, porque la niña lloraba, porque se acabó el gas.

“El día que logré escapar fue porque conseguí llamar la atención de una vecina, quien acudió a mi llamado. Le dije que por favor llamara a mi hermana, la única familia que tengo en San Luis. Yo estaba totalmente incomunicada, así que le di su número; le pedí que le dijera que viniera por Ximena lo más pronto posible.

“Pasaron aproximadamente 45 minutos, casi una hora; llegó y, como pudimos, forzamos una ventana sin tener éxito. Rompimos uno de los vidrios de la ventana, orificio en el que apenas cabía Ximena; envolví a mi niña en una cobija para protegerla de los vidrios rotos y se la di a mi hermana. Le dije: ‘llévatela, Luis nos maltrata mucho’.

“Cuando llegó Luis y se dio cuenta de la ventana rota y de que Ximena no estaba, tomó un bate que tenía en la sala y comenzó a golpearme en las piernas, en la espalda. Con sus puños me dio varias veces en la cara, me arrastró por toda la casa, dejándome caer por las escaleras; me desnudó, abusó de mí varias veces, después de todo, se quedó dormido. Con las pocas fuerzas que me quedaron, busqué las llaves de la casa, casi al punto de desvanecerme, las encontré y salí como pude de aquel infierno”.

Lucía es una de las más de 12 mil mujeres víctimas de violencia extrema en México en los últimos años. San Luis Potosí está entre las primeras cinco entidades de la República Mexicana que se ubican por encima de la media nacional; el número de mujeres agraviadas va en aumento. Además, ocupa el noveno lugar en feminicidios según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Informe delictivo y de emergencia con perspectivas de género del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Sin embargo, el número real de víctimas de violencia de género en México se desconoce porque muchas mujeres no denuncian su situación, ni se animan a buscar protección y ayuda especializada.

El CNEGySR, unidad dependiente de la SS informó que en 2014 ingresaron a los refugios mil 883 mujeres, cifra que entonces equivalía a cinco mujeres diarias. En siete años, de 2008 a 2014, este centro registró un total de 12 mil 651 casos.

El Inegi reporta que el año pasado fueron asesinadas siete mujeres por día. La Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, a la Familia y Delitos Sexuales, reveló que 2018 cerró con seis mil 445 casos atendidos. Este 2019 no pinta mejor, pues el primer reporte de Información sobre la violencia contra las mujeres registra que en enero más de 150 mujeres fueron lesionadas en la entidad potosina.

Este mismo reporte incluye siete feminicidios cometidos en San Luis Potosí en ese lapso. Los escenarios de estos crímenes fueron los municipios Santo Domingo, Ciudad Valles y San Luis capital. Hay cuatro casos de mujeres en la categoría de homicidio doloso.

Gobierno las silencia

El escenario para las mujeres que quieren romper el silencio y denunciar a sus parejas se ha complicado en lo que va de este año porque los refugios para las víctimas de violencia intrafamiliar –donde ellas y sus hijos reciben ayuda psicológica, legal y protección física– se toparon con un mandato presidencial que los eliminaba de un tajo a fin de destinar el dinero que recibían para otros programas sociales.

El pasado 14 de febrero, la administración de AMLO hizo circular un comunicado, en el que anunció: “Se suspende la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019, acatando cabalmente la decisión del Ciudadano Presidente de no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano”.

El Presidente se refería a los 346 millones de pesos aprobados en el PEF 2019, del Ramo 12, que da sustento a los refugios para mujeres, que son operados por organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.

Tras el desconcierto generalizado, las manifestaciones de asociaciones protectoras de los derechos de la mujer y los reclamos de la sociedad civil, la SS, a través del CNEGySR, reactivó la convocatoria para que los refugios pudieran acceder a los 346.4 millones de pesos destinados a los refugios.

Elizabeth Rapp Saint Martín, directora del refugio Otra Oportunidad A.C. “Apoyo para mujeres que viven violencia”, en San Luis Potosí, censuró la decisión de AMLO al cancelar el apoyo financiero. El refugio donde labora tiene casi dos décadas de brindar atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia de género.

De haberse concretado la medida anunciada por el Presidente, otra oportunidad se habría cerrado, se habría dejado a las víctimas a merced de hombres violentos y desobligados.

“Esta organización tiene 19 años en funcionamiento. Brinda atención a través de varias áreas especializadas: atención médica, psicología infantil y para el adulto; asesoría legal, educación, promoción de la autonomía, trabajo social. Cuenta con un equipo de profesionistas capacitados para atender a las víctimas de violencia”, dijo a buzos Elizabeth Rapp Saint Martín.

La directora de la asociación civil acudió a la Ciudad de México (CDMX) junto con otras dirigentes de organizaciones de mujeres para pedir al Presidente que revocara su decisión. “Estuvimos el día cuatro de abril en la Ciudad de México, se generó el compromiso de que las instituciones, empezando por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el Instituto de las Mujeres, Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y la SS, serían los actores involucrados para replantear la política de apoyo a los refugios”.

Rapp Saint Martín comentó que, aunque este año contarán con apoyo gubernamental, éste sufrió un recorte que perjudicará gravemente a los refugios, pues el Gobierno Federal se ha obstinado en exigirles la reducción de su personal, demanda con la que “estamos en desacuerdo”, declaró. Por lo que organizaciones y dependencias feministas calificaron esta política como un retroceso a los derechos humanos y una acción irresponsable que da la espalda a las mujeres.

“Una de las razones por las que nacieron los refugios es precisamente porque el Estado no contaba con la capacidad y la profesionalización, tanto de los espacios como del personal, así como con programas para brindar apoyo a las mujeres. El Estado debe estar suficientemente articulado para dar una respuesta pronta y expedita que garantice la seguridad de éstas. Ahora están los recursos y por ello exigimos su existencia y permanencia”, dijo la dirigente social.

La especialista dijo que la SS aún les tiene que confirmar qué es lo que va a suceder. El proyecto de San Luis Potosí se aprobó, pero “trae una reducción tanto de presupuesto como de personal profesional, lo que sin duda afectará al refugio por la cantidad de personas que atienden, por la permanencia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, por la infraestructura que tenemos. Aquí no solo se asesora, se interviene, se representa, se da seguimiento, se acompaña, hasta que concluyen sus procesos o hasta que están instaladas nuevamente en la sociedad, teniendo una dinámica de vida sin violencia”, resaltó Elizabeth Rapp.

En los refugios que operan en San Luis Potosí se da asistencia a casi 600 personas al año, entre mujeres, niños y adolescentes que vivieron violencia. En el refugio Otra Oportunidad, por ejemplo, el tiempo de permanencia de las mujeres y sus hijos depende de cada caso, del riesgo físico, los procesos legales, las redes de apoyo y el plan de vida de cada mujer.

En ese periodo, las víctimas y sus hijos habitan en el refugio y reciben alimentos, bebidas, medicamentos, artículos de higiene personal, atención médica, legal y psicológica, estudios de laboratorio y se les brinda apoyo para recuperar su documentación personal.

“Esta reducción nos afectaría en la capacidad, calidad de atención y en la manera en que atendemos, pues cada año aumenta el número de mujeres violentadas que denuncian; ellas necesitan espacios en donde estén seguras y que les brinden la atención que merecen”, afirmó Rapp.

Refugios en la incertidumbre

Cuando Lucía logró escapar de su casa, solo pensaba en salvarse y proteger a su hija. No podía ir a casa de su hermana porque su marido conocía esa dirección y sería el primer lugar en el que la buscaría. “Solo pensaba en salvarme y reencontrarme con mi hija. Me contactaron con una psicóloga que labora en uno de los refugios de mujeres víctimas de violencia. Ahí llegué y me sentí segura con mi hija: tuve atención médica, psicológica, legal, compartí mi vivencia con otras mujeres, mientras mi hija dormía tranquila, sin gritos ni golpes. Ahí pude comer, ducharme, vivir en paz. Estos espacios nos dan una oportunidad de vivir libres, nos dan seguridad, así como nuestra independencia emocional y económica; comenzamos una nueva vida”, comentó la joven madre.

Pese a la relevancia vital de estos espacios sociales para miles de mujeres violentadas por sus parejas en el país, su existencia está en suspenso. Sus directoras no saben qué pasará con el presupuesto, si habrá o no más recortes y de qué nivel serán los despidos de personal que el Gobierno Federal exija.

“Estamos en la incertidumbre, el tiempo pasa rápido y es necesario que el Presidente nos dé la certeza de que continuaremos recibiendo estos recursos, tan necesarios para solventar los refugios para los miles de mujeres víctimas de violencia de género”, dijo a buzos Rapp Saint Martín.

La intención de recortar y retirar los apoyos federales a estos centros de atención a las mujeres víctimas de violencia, complicaría mucho más la situación de deterioro físico y moral que el sector femenino enfrenta en el país.

En SLP el recorte será gravísimo, pues en la entidad hay seis municipios donde se ha activado la alerta de género: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, y otras dos se hallan en pre-alerta: Rioverde y Ciudad Fernández.

La Red Nacional de Refugios cuenta con 41 refugios y 37 centros de atención en todo el territorio mexicano. Su trabajo consiste en otorgar atención médica y apoyo jurídico a las mujeres.

Los refugios tienen reconocimiento o existencia legal en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; es decir, forman parte del derecho de la mujer, al igual que todos los mecanismos creados por el Estado para garantizar su libertad y perspectiva de género. Los refugios ofrecen cobijo y sustento económico básicos por lo menos durante tres meses a mujeres violentadas que deciden romper el silencio.

Su objetivo es ofrecer un refugio temporal, así como servicios de protección y atención con perspectiva de género a mujeres y sus hijos que hayan sufrido lesiones físicas y psicológicas, procesos de inadaptación y aislamiento extremo que hayan puesto en peligro su vida.

Entre los servicios que prestan se encuentran protección y seguridad, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, referencia para la atención médica integral, servicio de enfermería, asesoría jurídica, atención psicológica, programas reeducativos integrales para que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública y social, capacitación para que puedan adquirir conocimientos y habilidades para el desempeño de una actividad laboral, y bolsa de trabajo con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada.

El Programa de Acción Específico Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 2013–2018 reporta que los refugios para mujeres son operados “principalmente por organizaciones de la sociedad civil que trabajan sin fines de lucro, apoyadas por financiamiento gubernamental y social, así como por algunas instituciones públicas de nivel estatal, municipal y local”.

El diagnóstico del Instituto Nacional para las Mujeres (Inmujeres), elaborado con base en el censo 2015, reporta que el 90 por ciento de los refugios funciona con recursos del gobierno.

“Los refugios restituyen derechos, previenen feminicidios. Es inadmisible que se pretenda recortar el presupuesto, un acto legislativo de asignación, además etiquetado, del presupuesto 2019. Nos unimos a la preocupación que puede generar un recorte al presupuesto, puesto que sabemos que los refugios pueden ser en ocasiones la única posibilidad entre la vida o muerte de mujeres en situación de violencia extrema, como el delito de trata. Lo que se pide es que el Gobierno Federal apoye a las instituciones que durante tanto tiempo se han encargado de velar por la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes, una vez que éstas han apoyado al Estado cubriendo las áreas de oportunidad que a él corresponde”, expresó en un comunicado la Red Nacional de Refugios.