La jornada violenta que se vivió la tarde del viernes 12 de agosto en cinco de los siete municipios de Baja California, que se extendió el fin de semana y dejó más de 40 automóviles incendiados, se debió a disputas entre cárteles del crimen organizado y a la inoperancia gubernamental para contenerlo. La violencia también pegó a Ciudad Juárez, y por los hechos del pasado 11 de agosto fue denominado por los medios de prensa “jueves negro”, esta ola de inseguridad y violencia provocó la muerte de 10 personas, dejó heridas a otras 11 y el incendio de tiendas comerciales.

Si bien lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato no alcanzó la dimensión de los sucesos de Baja California, para especialistas consultados estos hechos son la forma en que los cárteles manifiestan su poderío para generar terror en la población y demostrar la incompetencia de las autoridades locales y del Gobierno Federal.

Evidencian también la falta de coordinación en las estrategias de seguridad entre los tres niveles de gobierno, que en el caso de Baja California se debe a las diferencias personales y de grupo que existen al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y los alcaldes de los municipios afectados.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iván Carpio Sánchez, informó que en las referidas acciones de violencia delictiva hubo 17 detenidos en los cinco municipios y que 12 fueron remitidos a instancias federales en la Ciudad de México (CDMX).

En rueda de prensa realizada el miércoles 17 de agosto, el fiscal confirmó que seis de los detenidos formaban parte de un mismo grupo criminal liderado por Luis Enrique N, alias El Ñoño, de 35 años de edad, que pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También informó que estos delincuentes habrían pagado tres mil pesos a personas ajenas a su cartel por cada auto que incendiaron en cinco localidades, en tanto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que, entre el viernes 12 y el domingo 14 de agosto, hubo 36 actos terroristas.

Según la información de las instituciones de seguridad de Baja California, fue en 2015 cuando comenzó a aumentar la presencia de operadores del CJNG, el Cártel Arellano Félix (CAF) y el Cártel de Sinaloa, primero reclutando gente y luego disputándose plazas y rutas de narcotráfico.

El 15 de agosto, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, atribuyó a estos tres grupos criminales la disputa del territorio de Baja California, resaltó que hayan atentado contra la sociedad para justificarse ante las autoridades y dijo que éstas atendieron al llamado ciudadano.

El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, dijo a la prensa que, efectivamente, el CJNG está presente en todo el estado: “ésa es la información que tenemos, que es el Cártel que está haciendo la presión contra las autoridades”, apuntó.

No hay gobernabilidad en Baja California

A partir de estos hechos violentos, varias organizaciones de la sociedad civil, el empresariado y expertos en seguridad pública denunciaron que falta “gobernanza”, estrategia y coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para enfrentar al crimen organizado.

“Los gobiernos municipales y estatal se vieron muy novatos y muy improvisados para atender la crisis”, dijo Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El dirigente empresarial insistió en que las disputas y el divisionismo entre los actores políticos y las autoridades impiden la gobernabilidad y la definición de estrategias adecuadas para evitar la violencia que genera el crimen organizado.

“Los conflictos políticos dentro del gobierno abonan a que estos vacíos de autoridad sean tomados por la delincuencia para cometer actos de carácter terrorista”, dijo, para luego afirmar que “las cuestiones partidistas o de grupos no deben repercutir en la seguridad de los ciudadanos, puesto que parece que dejan en medio a la ciudadanía de sus conflictos y el pago de las consecuencias”.

“Hay que reconocerlo: la estrategia hasta ahorita ha sido un fracaso, ha fallado, el país está incendiado. La violencia está extendida en muchas partes del país, el panorama no es alentador”, dijo también el experto Víctor Clark Alfaro, quien aseguró que con la incorporación del fentanilo al narcomenudeo “este negocio se ha convertido en una actividad más lucrativa; y de esto, las autoridades son partícipes, pues las ganancias se comparten”.

En los últimos siete años, Baja California ha sido una de las entidades con mayores índices de violencia, sobre todo en el rubro de homicidios. Tijuana ha sido señalada como la ciudad más violenta del mundo; en ella se registra la cifra récord de dos mil 500 homicidios dolosos en un año.

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que fue a partir de 2016 –cuando el CJNG disputaba ya el territorio– cuando Baja California comenzó a rebasar la cifra de mil homicidios anuales, con mil 152. Previamente se había mantenido entre 500 y 800 asesinatos.

A partir de 2017 empezó el repunte; de un año a otro se reportó el doble, con dos mil 169; en 2018 hubo dos mil 912; en 2019, dos mil 823; en 2020, dos mil 967; y en 2021 se llegó a tres mil 246 homicidios.

Las autoridades han atribuido estas cifras históricas a ajustes de cuentas y a la disputa de áreas de distribución y narcomenudeo entre sicarios de los cárteles del crimen organizado. Pero el incendio de automóviles y de vehículos de carga y pasaje, así como las amenazas a punta de pistola contra ciudadanos comunes ocurridos entre el 12 y el 14 de agosto vinieron a cambiar el panorama de la violencia delictiva en Baja California.

“(Lo sucedido la tarde noche del viernes) fue la gota que derramó el vaso del contexto de inseguridad que se vive en todo el estado, pero particularmente en Tijuana”, señaló Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana.

Para el especialista Víctor Clark, estas acciones provocaron terror en la población y pusieron nuevamente en alerta al empresariado, porque se dieron de forma simultánea en las zonas comercial, centro y en las garitas El Chaparral y San Ysidro, donde confluye mucha gente que va y viene de Estados Unidos (EE. UU.).

La incertidumbre y la psicosis generadas por estos hechos propiciaron que durante ese fin de semana numerosos comercios, restaurantes y tiendas de autoservicio cerraran sus puertas para resguardar a la clientela y a su personal.

Instituciones culturales, educativas –entre ellas la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)– y deportivas, así como el transporte público, suspendieron sus actividades durante el fin de semana.

Actos “propagandísticos”

Después de ese fin de semana aterrador y cuando la ciudadanía buscaba respuestas sobre lo que había pasado, el martes 17 de agosto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo en una conferencia de prensa que los hechos violentos se habían debido a “actos propagandísticos”.

El fiscal Iván Carpio afirmó que el móvil de los hechos se debió a “circunstancias ajenas al estado”, es decir que no se habían ejecutado en rechazo a la detención de delincuentes como ha sucedido en otros estados.

“Fueron hechos hostiles (por parte del crimen organizado) para infundir terror entre la gente. Claro que hay delincuencia organizada entre ellos, pues todo fue planeado y premeditado, pero fueron más eventos propagandísticos para tratar de imponer sus propias reglas y demostrar su poder”, dijo.

Discurso muy similar al expresado antes por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien trató de atribuir los actos terroristas a la prensa amarillista que controlan sus adversarios y que quiere colgarle a su gobierno la responsabilidad de los mismos.

En su conferencia de prensa, la gobernadora puso énfasis en destacar que desde el reporte del primer incendio de autos en Mexicali se convocó a la mesa de seguridad y que de ésta derivó el arribo de más de 600 elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional para actuar de manera coordinada con fuerzas municipales y estatales en resguardo de las regiones del estado.

La mandataria estatal lamentó, sin embargo, que la información generada por dichos sucesos haya propiciado más terror en la población; y como ejemplo de amarillismo citó la difusión de los hechos por cuenta de la televisora PSN, de la cual es dueño el exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

Del Pilar aseguró que medios como el de Bonilla “buscaron alarmar a la población de manera irresponsable” y que dieron a la violencia un uso político cuando propagaron el mensaje de que se impondría un toque de queda, lo que resultó falso.

AMLO busca minimizar masacres

Conocido como “jueves negro” por la dimensión que alcanzó, según la información oficial, una riña entre grupos delictivos en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Ciudad Juárez trascendió a las calles, donde provocó la muerte de 10 personas, dejó heridas a otras 11 y el incendio de tiendas comerciales.

A este saldo sangriento se sumó el asesinato de cuatro trabajadores de una estación de radio que trabajaban en el estacionamiento de un centro comercial y el de dos delincuentes que murieron previamente en el Cereso. Esta tarde de terror cimbró a la ciudad fronteriza y renovó la demanda de la prensa de que el gobierno brinde mayor protección a los periodistas.

Jesús C. A., trabajador de una maquiladora que regresaba de sus labores en un autobús por las avenidas Tecnológico y Ejército Nacional, fue testigo de unos de los incidentes violentos de esa jornada y así lo describió:

“El camión venía lleno y cuando escuchamos los balazos, todos nos agachamos, otros más se tiraron al piso, nos protegíamos la cabeza con nuestras manos y mochilas, pidiéndole a Dios que no nos pasara nada. Hubo conductores que se bajaron de sus vehículos y se metieron debajo del carro.

“Cuando pasó todo el terror, inmediatamente comenzaron a cerrar los negocios, tiendas, restaurantes y las calles estaban desiertas. Incluso al siguiente día muchas tiendas seguían cerradas. Escuelas como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Chihuahua, suspendieron clases. Hubo mucha gente que no fue a trabajar, se encerraron en sus casas. Lo que pasó aquí en Juárez parecía una guerra”.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), encabezado por José Antonio Ortega Sánchez, publicó recientemente que “18 ciudades mexicanas se encuentran en la lista de las 50 más violentas a nivel mundial, por el número de homicidios registrados en relación con su número de habitantes”.

Las ciudades donde ondean las banderas rojas de la violencia extrema son Zamora, Michoacán; Ciudad Obregón, Sonora; Zacatecas, Zacatecas; Tijuana, Baja California; Celaya, Guanajuato; Ciudad Juárez, Chihuahua; Ensenada, Baja California y Uruapan, Michoacán.

Ciudad Juárez, el municipio fronterizo más grande en población e importancia económica de Chihuahua, lidera también los índices de criminalidad, pues de acuerdo con estadísticas del observatorio ciudadano FICOSEC y la Mesa de Seguridad de 2010 a 2020 hubo 12 mil 751 homicidios dolosos en esta metrópoli.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua reportó que en 2021 solo en Juárez se registraron mil 408 homicidios dolosos, es decir, cuatro homicidios diarios y que en julio de este año hubo 111 asesinatos dolosos.

Otro de los datos que hacen sonar las alarmas en Juárez es la revelación del colectivo Red Mesa de Mujeres de que, entre enero y julio de 2022, se registraron 87 feminicidios, delito cuyas cifras van en aumento constante.

Los “otros datos”

Según Rosa Icela Rodríguez, actual Secretaria de Seguridad Pública, “la estrategia implementada por el presidente AMLO está ayudando a pacificar al país”, y para sustentar su dicho se apoya, desde luego, en “otros datos”.

Pero los datos duros de los tres últimos sexenios evidencian otra realidad. En el del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el número de muertes violentas fue de 102 mil; en los seis años de Enrique Peña Nieto fueron 123 mil y en lo que va del de AMLO van ya 110 mil homicidios, más los que se acumulen en sus dos años restantes.

A decir del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se denunciaron un millón 912 mil 886 delitos; en 2020 un millón 687 mil 660 y en 2021 sumaron un millón 871 mil 808.

Pero no solo el crimen organizado mantiene ensangrentado al país y de rodillas al Gobierno, pues todos los días se cometen otros delitos contra millones de mexicanos, entre los que resaltan los secuestros, extorsiones, robos callejeros y a casa-habitación, asaltos con arma de fuego, en el transporte público y delitos contra la salud.

En el portal del Gobierno Federal de México, en su apartado Incidencia Delictiva Nacional, puede leerse que en el periodo enero-junio de 2022 hubo un millón 69 mil 669, cifra que desmiente categóricamente los discursos engañosos de AMLO en sus conferencias de prensa mañaneras.

Un día después de lo ocurrido en Ciudad Juárez se registraron sucesos violentos muy parecidos en cinco municipios de Baja California, entre ellos Tijuana, Rosarito y Ensenada, donde las detonaciones de rifles de alto poder y el incendio de vehículos de transporte público causaron pánico en los habitantes.

Pero estos hechos no harán que AMLO cambie su política de seguridad pública porque, según él, va por buen camino. En un evento celebrado el 31 de julio en Quintana Roo sentenció:

“No les gusta a nuestros adversarios, pero ya ven que soy un poco perseverante, lo voy a seguir diciendo: abrazos, no balazos; y justicia, atender a la gente más necesitada, atender a los jóvenes, para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales. Así vamos a seguir serenando a nuestro país”.

En contraste con el éxito que AMLO atribuye a su política de seguridad, una encuesta realizada por El Financiero, dada a conocer en su portal el pasado cuatro de julio, concluye que “67 por ciento de los mexicanos desaprobó la estrategia de seguridad (abrazos, no balazos) del mandatario federal”. En ese estudio de opinión, el 48 por ciento de las personas entrevistadas consideró que el gobierno está abordando mal o muy mal el problema de inseguridad pública del país.

Y con respecto a ciertos acontecimientos violentos muy significativos, como el asesinato de sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, el obispo de Cuernavaca Ramón Castró dijo: “Nunca será lícito ni legal que la autoridad civil claudique de su responsabilidad en materia de seguridad y paz social, para eso tiene el poder y uso legítimo de la fuerza. “Abrazos, no balazos” es demagogia y hasta cierto punto complicidad. El dolor de la cruz se vuelve más intenso por tanta sangre inocente derramada a lo largo y a lo ancho del país”. En efecto, las víctimas de la violencia delictiva del crimen organizado y de la incapacidad de los gobiernos Federal, estatales y municipales son las personas de menores recursos.

Antonio M. S., vecino de la colonia Juanita Luna, dice que el problema de la seguridad nacional se le salió de control a AMLO y cree que a éste le quedó muy grande el puesto, que no ha sido capaz de garantizar la paz en territorio nacional.

“Todos los que salimos del trabajo por la noche y tenemos que transbordar en los camiones vamos con el Jesús en la boca para que no se vaya a subir un asaltante y, no conforme con robarnos, nos vaya a quitar la vida. Da pavor caminar por las calles a cualquier hora del día. Ya no solo te asaltan, también te asesinan en la noche, a los delincuentes ya no los detiene nada”.

Lo único que demuestran las masacres en Ciudad Juárez, Guanajuato, Baja California y en todo México es la incapacidad de AMLO y su partido para gobernar.