El gobierno de Joseph Robinette Biden retiró fondos a instituciones de El Salvador, que aportaba mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Lo hizo como rechazo a la remoción del fiscal y ministros de la Corte ordenada por el presidente, Nayib Bukele Ortez. Sin embargo, el trasfondo de este choque es la urgencia de la Casa Blanca por evitar la ascendente relación entre China y el país centroamericano. El peor escenario para los salvadoreños es que las dos mayores potencias económicas del planeta diriman sus diferencias en su territorio.

Descifrar la “volátil política exterior” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha representado un desafío para sus aliados y rivales. En dos años pasó de cuestionar a China a firmar con este país acuerdos de inversión y cooperación de gran calado, situación que disgustó a Estados Unidos (EE. UU.), pues ponía en riesgo su histórica relación.

La inestable conducta de Bukele resultó proverbial. Ya electo, abandonó la imagen de millennial rebelde y se hizo fan del expresidente de EE. UU., Donald J. Trump para, según declaró, “cambiar la percepción” del magnate sobre los migrantes salvadoreños. Además, expulsó al cuerpo diplomático de Venezuela, reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de ese país y condenó al gobierno de Nicaragua, recuerda Nelson Rauda.

Tal sumisión a EE. UU. no benefició, entonces ni ahora, a los 6.5 millones de salvadoreños que aún pagan el costo de 12 años de guerra civil (1980-1992) y la pérdida de 75 mil vidas. Esta deblacle sociopolítica derivó del auge de las bandas delictivas en ese país que ostenta las más altas tasas de homicidio y donde, desde hace 50 años, opera la USAID. La agencia actúa en 15 sectores de El Salvador donde financia 95 actividades con 48 socios para “fortalecer la democracia, mejorar la educación y salud, y promover el crecimiento económico”, según informa al Departamento de Estado (DE).

Así asigna sus recursos: Gobierno y Sociedad Civil, 40 millones de dólares (mdd); Gastos de Operación, 17 mdd; Educación Básica, 11 mdd; Política Comercial y Regulaciones, ocho mdd; Conflicto, Paz y Seguridad, 7.7 mdd; Educación Postsecundaria, 3.7 mdd; Negocios y Otros Servicios, 2.1 mdd; Administración y Vigilancia, 321 mil dólares; Respuesta a Emergencia, 306 mil dólares y otros, 301 mil dólares.

A cambio de esos cuantiosos recursos, la USAID sostiene que ha “contribuido a elecciones transparentes, libres y garantiza la responsabilidad del gobierno”. Además financió el Documento Único de Identidad, fortalece instituciones del sector judicial para reducir el crimen y violencia en comunidades.

La USAID alardea con su plan de seguridad en 50 municipios de mayor criminalidad, si bien reconoce que lo hace porque es por “la seguridad de EE. UU.”. La Policía Nacional de El Salvador, que recibe apoyos de la agencia, registró una significativa reducción de homicidios (solo mil 332, casi 45 por ciento menos que en 2019).

Sin embargo, ya cuando había roces entre USAID y el gobierno salvadoreño, la Policía Nacional reportó un alza notable en abril, con 391 homicidios, según la organización In Sight Crime en 2020. De igual forma, más por fines propagandísticos que de sincera ayuda, actúa en asuntos sensibles como la participación cívica de jóvenes y la equidad de género y productividad para el trabajo.

Bukele y su gobierno no han cambiado sustancialmente la ecuación socioeconómica de su país: se mantiene como agroexportador e importador de manufacturas, y gran parte de su economía depende de las remesas del 20 por ciento de salvadoreños que vive fuera del país, explica Oxford Economics.

El Banco Mundial (BM) advierte que el país aún registra bajo nivel de crecimiento y, en 2020, la pobreza aumentó a un nivel sin precedente. Para colmo, con Biden en la presidencia de EE. UU. no pararon las deportaciones, un problema grave para Bukele, que además lidia con 73 mil 702 contagios de Covid-19. Su gobierno activó un plan de contención que incluyó el no pago de electricidad, agua e Internet por tres meses y dio 300 dólares por familia y despensas. Pero aumentó el gasto en publicidad que se difundió y benefició a los hermanos publicistas del presidente.

Breve luna de miel

Desde que inició su gestión, Bukele Ortez pretendió congraciarse con EE. UU. En marzo de 2019, ante la conservadora Heritage Foundation, reiteró su apoyo a la libertad de empresa, de expresión y, sin mesura, aseguró que Daniel Ortega y Nicolás Maduro, presidentes de Nicaragua y Venezuela, podían “irse despidiendo de sus aliados en El Salvador”.

Días después, Trump lo felicitaba en Twitter por su elección y lo bendecía; de modo que en noviembre se circulaba que era su influencer preferido. Abyectamente sumiso a la política migratoria del magnate, Bukele aceptó sin chistar el estatus de “tercer país seguro” para recibir migrantes solicitantes de asilo que esperan la resolución de las Cortes en EE. UU.

Tampoco se pronunció contra la xenofobia de Trump contra inmigrantes, y aceptó el discurso que acusó a sus paisanos de generar una migración descontrolada. También omitió las violaciones a derechos humanos en la frontera estadounidense, denuncian los analistas César Saravia y Gabriela Iraheta. Para disfrazar la herencia racista de su antecesor, Biden suspendió en febrero los acuerdos de “tercer país seguro” con El Salvador. Sin embargo, no ha definido el futuro del estatus de protección temporal que permite trabajar y vivir a cientos de miles de salvadoreños.

La crisis

La actual crispación entre Bukele y la Casa Blanca se gestó en febrero, tras las elecciones parlamentarias en El Salvador, cuando obtuvieron mayoría el partido oficialista Nuevas Ideas y su aliado Gran Alianza Nacional. En tercer lugar quedó el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FFMLN) que lideraba el Congreso, y en el último la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Bukele obtuvo gran poder de maniobra política para emprender reformas constitucionales e incidir en nombramientos de la Corte Suprema, la Contraloría y la Fiscalía. Y el dos de mayo eran destituidos cinco jueces del Constitucional por emitir veredictos contrarios a decretos del Poder Ejecutivo en plena pandemia y el Fiscal General Raúl Melara, cuya imparcialidad e independencia parecían dudosas por sus vínculos con Arena.

Aunque la mayoría de los salvadoreños respaldó esas medidas, EE. UU. las rechazó. En tono imperioso, la vicepresidenta Kamala Harris instó a responder a esa “provocación” y el Secretario de Estado, Anthony Blinken sostuvo que su cooperación “es crucial para aumentar la prosperidad, seguridad y abordar las causas de la migración” en El Salvador.

El representante para Centroamérica del Departamento de Estado de EE. UU., Ricardo Zúñiga exhortó a restituir el cargo a los destituidos; y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro se mostró preocupado por la situación de la democracia en El Salvador.

La presión aumentó el 21 de mayo, cuando la Casa Blanca asestó medidas de castigo en serie. En principio, el gobierno de EE. UU. anunció que decidía reorientar la asistencia de la USAID a la Policía Civil y al Instituto Autónomo de Información Pública hacia la sociedad civil que lucha contra la corrupción.

Como le preocupan la transparencia y rendición de cuentas, decidió reorientar esos fondos a grupos de la sociedad Civil para “promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los DH”. Tal decisión apunta a la vieja fórmula estadounidense de usar los dólares de la USAID para nutrir a las oposiciones de extrema derecha.

Luego de cuatro meses sin un nuevo embajador estadounidense en ese país, el 25 de mayo, EE. UU. nombró al encargado de negocios Jean Manes como su representante diplomático. Mientras, el Departamento de Estado desclasificó una lista de funcionarios salvadoreños, involucrados en supuestos casos de corrupción y narcotráfico, entre ellos la jefa del gabinete Carolina Recinos, muy cercana a Bukele.

El presidente salvadoreño impugnó esa acción, y sostuvo que esa agencia puede hacer con su dinero lo que le plazca “mientras no sea financiando movimientos políticos de la oposición, porque eso es ilegal”.

Y en Twitter escribió en inglés: “Si le pregunta a cualquier salvadoreño en la frontera con EE. UU. cuál es la razón por la que huyó de su país, el 99.9 por ciento responderá: 1. Falta de trabajo 2. Inseguridad. Es revelador que USAID eligió dejar de financiar ¡Seguridad! ¿El plan real es crear más inmigración?”.

Trasfondo geopolítico

Seguramente la respuesta a esa pregunta sería “no”; sin embargo, este roce diplomático tiene su explicación en la política exterior de Biden, quien cada día se asemeja más a Trump en su hostilidad hacia China, nación a la que ve como principal adversario geopolítico.

Desde 2018, esa pugna entre potencias se dirime en El Salvador, porque el entonces presidente Salvador Sánchez Cerán anunció la ruptura de relaciones con Taiwán –respaldado por EE. UU.– e inició nexos con Beijing. A EE. UU. le incomodó esta proximidad que se traduce en acuerdos de cooperación e inversión sobre distintos rubros.

Receloso de que poderes extraregionales campeen en un espacio que considera propio, el Departamento de Estado declaró en abril: “EE. UU. no forzará a nuestros aliados a elegir entre nosotros y China. Ofrecemos una alianza de mutuo beneficio”. Fue así como el pasado 20 de mayo, Nayib Bukele firmó con China nueve acuerdos de alcance multisectorial que suman 500 mdd. La embajada de ese país en San Salvador aclaró que son proyectos de asistencia “no reembolsables, que carecen de consideración geopolítica” y los beneficiarios solo son los salvadoreños.

Es por ello que la fractura entre los gobiernos de Biden y de Bukele está permeada por el cálculo geopolítico estadounidense para acotar la influencia asiática en una región donde ha sido el hegemón. Sin embargo, La Unión Americana tiene un polémico historial en la región con el que resulta incapaz de competir por las inversiones contra su rival, China.

Por años, EE. UU. aplicó en la región una política de fuerza, violencia y dólares, que fracasó. Centroamérica aún espera los cuatro mil mdd ofrecidos por Trump antes de terminar su gestión para invertir en el “triángulo norte”: Guatemala, Honduras y El Salvador.

Sin embargo, el exdirector de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez asegura que esos recursos no cambiarán la realidad de Centroamérica. No se busca el desarrollo de esos países sino mantener la represión migratoria. Entretanto, Biden oculta su preocupación geopolítica con China y proyecta su plan para dejar Centroamérica a las trasnacionales a cambio de promesas de empleos y recursos que gestionarán la Asociación Centroamericana y el Departamento de Estado.