El uso y abuso de las adjudicaciones directas como método de contratación del gobierno es uno de los problemas que abre más posibilidades para el desperdicio de recursos, el tráfico de influencias y, en general, para la corrupción y la impunidad.

 Si bien su uso se encuentra permitido en diversos supuestos, la ley señala que este tipo de procedimiento debería ser utilizado sólo de manera extraordinaria y que, por el contrario, la mayoría de las contrataciones del gobierno deberían de hacerse mediante licitaciones públicas.

Incluso la nueva administración de López Obrador estableció en su Plan Nacional de Desarrollo que las adjudicaciones directas quedarían prohibidas durante su sexenio.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad informó que mantiene un seguimiento constante de las compras gubernamentales, con especial atención en los procesos de adjudicación directa.

Al cierre de julio de 2020, la base de datos de Compranet contiene información sobre 84,372 procedimientos. De estos, 65,156 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, equivalentes al 77.2 por ciento del total, mientras que la licitación pública ha sido utilizada 10,786 veces, es decir, el 12.8 por ciento de las ocasiones. Más de tres de cada cuatro contratos del gobierno se han dado por adjudicación directa.

 Contratos registrados en Compranet durante 2020, por tipo de procedimiento

Cuando se observan los montos, esta proporción cambia, pues de los 290,591 millones de pesos que representan todos los contratos firmados hasta este momento, 137,585 millones han sido dados en licitación pública (47.4 por ciento del total), mientras que por adjudicación directa se han entregado 98,839 millones de pesos (34.2 por ciento). Esto significa que los contratos por licitación pública, al ser menos en cantidad, son procedimientos que reparten montos más grandes.

En promedio, los contratos por licitación pública son por 12.7 millones de pesos. En contraste, el importe promedio de cada contrato por adjudicación directa es de 1.5 millones, pero, al tratarse de una cantidad total de contratos seis veces superior a la de las licitaciones públicas, se revela una de las áreas de riesgo más importantes de las adjudicaciones directas: miles de «pequeños» procedimientos escapen de la vigilancia ciudadana y atención mediática que usualmente sólo se concentran en algunas grandes contrataciones.

Precisamente por ello, en las adjudicaciones directas es donde se esconden múltiples escándalos de corrupción, tanto de la administración anterior, como de la actual: ahí han aparecido compañías propiedad de la clase política actual y pasada, hijos de funcionarios, amigos de políticos, empresas fantasmas y un largo etcétera. Por mencionar un episodio reciente, una investigación periodística reveló que en 2019 un grupo de 171 empresas fueron creadas y, tan sólo unos días después de su conformación, ya habían recibido 561 contratos con dependencias del gobierno por 366 millones de pesos. La clave: siete de cada diez de esos contratos fueron entregados por adjudicación directa.