El endeudamiento con los organismos financieros internacionales (OFI) ha sido práctica usual de dictaduras y tecnócratas; y con la pandemia de SARS-COV2 se elevaron a 255 mil millones de dólares (mdd) solo en 2020, cifra equivalente al 98 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global. Sin abandonar su orientación neoliberal, hoy los gobiernos contratan deuda con estos organismos que les imponen políticas de austeridad y endurecen las condiciones socioeconómicas de las clases populares de los pueblos.

Durante la actual pandemia, los Estados han optado por contratar deuda con instituciones financieras a cambio de altísimos intereses para enfrentar la caída de sus economías. Los sectores más empobrecidos de las poblaciones ahora sufren el impacto directo de esa decisión que los condena a un presente de privaciones y a un futuro que los vulnerará aún más.

En año y medio de sufrir los embates del nuevo virus, el mundo asistió a un cambio en la relación entre el Estado y las corporaciones: ceder parte de su autonomía económica y política monetaria a cambio de ganar seguridad en el largo plazo. En este contexto, la humanidad está padeciendo cambios estructurales en el trabajo, la educación a distancia, en compras masivas y en el abasto de bienes básicos a través de agencias.

Entre marzo de 2020 –cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia del nuevo coronavirus– y agosto de 2021 se degradaron las condiciones de vida de millones de personas en el mundo. Las más afectadas han sido las clases populares, pues al exponerse frente al contagio diario, van y vienen a sus centros de trabajo por sustento, o salen en busca de empleo e ingresos.

La crisis bursátil estalló entre el 13 de febrero y el 15 de marzo de 2020. La reacción fue favorecer la inyección masiva de liquidez en el sistema financiero para aparentemente superarla. Como es usual, la respuesta solo favoreció a los grandes inversionistas y no alentó la creación de empleos.

Cuando los contagios por Covid-19 permeaban en las regiones, países y comunidades mientras se declaraba una cuarentena, millones de trabajadores temporales o independientes, empleados públicos, jubilados y personas de bajos ingresos intentaban negociar con sus acreedores para postergar el pago de deudas, suspender desalojos o sufragar hipotecas.

Desesperada, la mayoría de la clase media baja se endeudó y buscó alternativas eventuales de ingreso. Ese contexto profundizó brechas sociales. Esos cambios estructurales en la forma de trabajar, enseñar y abastecerse de mercancías básicas y servicios, han acelerado la mercantilización y degradan la situación de las clases populares. A la vez, los gobiernos neoliberales, sin estrategia para proteger a sus poblaciones, ni planes de contingencia que impulsen la economía, optaron por la única vía que conocen: adquirir nuevos empréstitos bajo condiciones leoninas.

Deuda sin desarrollo

Con la pandemia, sectores que ya padecían grandes privaciones y falta de perspectivas de mejor futuro han atestiguado la reducción presupuestal de sus gobiernos para atender las necesidades básicas. “Los costos públicos son enormes; niños de comunidades y países en precariedad tienen poca esperanza de alcanzar un desarrollo económico y social sostenible”, declaró la directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore.

En cambio se beneficiaron grandes corporaciones como la industria alimentaria, las tecnológicas y la industria farmacéutica. En los 18 meses de dispersión mundial del Covid-19 se evidenció la naturaleza del capitalismo y su mercantilización. Ninguno de estos actores atendió el clamor internacional para acceder a vacunas con menor precio o gratuitas.

En vez de suspender sus patentes y compartir sus desarrollos biomédicos con la humanidad, los gobiernos compraron miles de millones de dosis de antivirales a esas corporaciones. Así ocurrió con Pfizer, que en esta emergencia obtuvo un ingreso adicional de 25 mil mdd y cuya vacuna estará protegida por 20 años.

En esa dinámica, los OFI mostraron seductores planes crediticios a los gobiernos que amplificaron el ya lesivo ciclo de endeudamiento de los países. El efecto se verá en un lapso mínimo de dos años: el retorno de políticas de austeridad brutales, advierte Eric Toussaint, presidente del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, con sede en Bélgica.

La historia de la deuda pública confirma que las políticas y medidas aplicadas por los gobiernos para cumplir con los requisitos que les exigen los OFI solo favorecen, en esencia, al gran capital (fondos de inversión y banca privada). La deuda pública aumentó aceleradamente y de forma colosal, tanto en los países del sur como en los del norte. La deuda de Grecia equivale al 200 por ciento de su PIB; la de Italia, al 150; la de Bélgica, al 120 y la de Francia, el 115 por ciento. En países del sur, el endeudamiento creció a niveles del 60 o 70 por ciento de su PIB.

En su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 2020, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, resumió la falta de acción de los OFI. “Ha habido una respuesta pobre a la necesidad de financiamiento, de moratorias, para atender el desplome de nuestras economías”.

Chad, Gambia, Haití y Sudán del Sur encabezan la lista de países con mayores pagos por servicio de deuda; mientras gastan menos de tres dólares diarios por cada dólar destinado a servicios sociales básicos. En Ecuador, el gobierno neoliberal de Lenin Moreno reestructuró su deuda a un alto costo social. El desequilibrio entre deuda, ingresos y crisis acentuó la pobreza, desigualdad y deuda pública en los países en desarrollo. Cimentaron lo que Joseph Stiglitz ha llamado “el malestar de la globalización”. El malestar llegó cuando las reacciones negativas de la economía mundial impactaron al mundo desarrollado.

Drama argentino

En 2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bajó la deuda de su país a 240 mil mdd, pero el derechista Mauricio Macri la elevó a 323 mil mdd. Por ello, en la víspera de que se venza el servicio de dos mil 400 mdd de la deuda argentina con el Club de París, contraída por las dictaduras de 1955 a 1976, en mayo viajaron a Europa el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Martín Guzmán.

Buscaron apoyo para negociar con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fernández se reunió infructuosamente con sus homólogos francés, italiano, el presidente del gobierno español y el primer ministro portugués, entre otras personalidades. El compromiso de pago que asumió el derechista Mauricio Macri (2015-2019) por 44 mil 500 mdd pesa ahora más sobre la economía argentina.

Macri convirtió a Buenos Aires en el mayor deudor del FMI al conceder su cuantioso préstamo en la historia, que equivale al monto total que el organismo propone para vacunar al 40 por ciento de la población mundial y terminar con la pandemia, recuerda Matías Caciabue. El peso de la deuda externa es tal que el pasado 1° de marzo el presidente Fernández anunció, ante el legislativo el inicio de una querella judicial contra los autores y partícipes de “la más asombrosa fuga de divisas” registrada en la historia argentina, realizada por una “administración fraudulenta” que malversó caudales públicos.

El 25 de mayo, día de la Revolución de Mayo, unos dos mil dirigentes sociales, sindicales, políticos, empresariales y de instituciones de diversos sectores, difundieron una proclama con la consigna “Primero la salud y la vida, después la deuda”, donde pedían al FMI flexibilizar las condiciones para renegociar la deuda en el contexto de la enorme crisis económica causada por el Covid-19.

México y la deuda

En nuestro país, los tecnócratas aplicaron el neoliberalismo en el contexto de dos crisis económicas, lo que implicó la intervención extranjera en la economía con programas de rescate, que se prolongaron por más de dos décadas. A la par, para asegurarse el pago de fondo, el FMI y el Banco Mundial (BM) diseñaron el cambio económico del país al imponer reformas radicales, explica América H. Veráztica, que implicaron dos transformaciones: la apertura de México a los flujos de capitales internacionales y su conversión en mercado emergente.

Como en América Latina y países en desarrollo, la deuda externa de México sufrió un fuerte impacto del Covid-19. No obstante, frente al servicio de la deuda de Estados Unidos (EE. UU.), estimada en 3.13 mil mdd, Brasil (mil 243 mdd) y Colombia (153 mdd), nuestro país tiene un nivel menor de deuda.

Esto significa que la deuda pública federal ascendió a 221 mil 448.1 mdd a finales de junio de 2021; el primer trimestre se pagaron cinco mil 509.9 mdd por intereses, comisiones y otros gastos, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En marzo, México hizo un pago “histórico” a los intereses de la deuda externa por cuatro mil 39 mdd, siete por ciento más que el año anterior.

La deuda mexicana en 2021 promediará el 63 por ciento del PIB, pues en 2020 aumentó 10 puntos la carga de obligaciones por la pandemia, informó el Banco de México (Banxico). El aumento fue por depreciación cambiaria, ya que el 30 por ciento de la deuda se contrató en divisas extranjeras. No obstante, LatinFinance le otorgó el premio Emisor Soberano del Año, por sus “estrategias de innovación”.

El futuro y las lecciones

La crisis sanitaria y económica actual generará la mayor deuda pública mundial de la historia y los organismos financieros no han estado a la altura de la tragedia que desencadenó la pandemia, coinciden expertos. Durante la emergencia sanitaria surgieron nuevos riesgos y otros se agudizaron. Los analistas Peter Nagle y Naotaka Sugawara prevén, entre ellos, que los estímulos fiscales sin precedentes pueden favorecer una acumulación de deuda privada. Otros anticipan que al subir las tasas de interés cambiarán todas las expectativas bajo las que se contrataron los empréstitos.

En lo que muchos expertos coinciden es que se prevé un mayor nivel de incumplimiento de la deuda externa y sobreendeudamiento. De ahí que resolver los problemas de la deuda será más complejo y menos transparente para los mercados emergentes y las economías en desarrollo, que no pertenecen al Club de París.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo reseña que el Covid-19 exacerbó el riesgo de una crisis de deuda en algunas naciones, entre las cuales se hallan 25 países pobres de distintas regiones. También sufrirán este efecto la mayoría de los 120 países clientes del BM.

En todos pesará más la decisión gubernamental de cumplir sus obligaciones crediticias que atender los presupuestos de salud, protección social y educación. Esto significará una reducción en las posibilidades de millones de niños para salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida en esas naciones. Por ello, la Unicef exhorta a asumir medidas de alivio a los OFI y reestructurar créditos para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo.

Si bien los organismos financieros internacionales (FMI y BM) nacieron con objetivos loables, no se comparan en complejidad con los del Estado. De ahí que al diseñar políticas para que los países se desarrollen económicamente, sea primordial que éstos y sus ciudadanos tengan capacidad de veto en esos planes. Que sean ellos, con plena soberanía, quienes decidan qué políticas son viables, según su realidad.