La captación del ingreso del gobierno, su procedencia y monto, es indicador de los intereses a que aquél responde; igual ocurre con lo erogado: cuánto, en quién, en qué. Recaudación y gasto público son más elocuentes que cien discursos. Estas consideraciones vienen a cuento y ayudan al analizar, en el caso que hoy nos ocupa, el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020 presentado por Hacienda, y que contiene los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF).

En lo que a ella respecta, la cúpula empresarial se muestra exultante, principalmente porque AMLO honra su compromiso de no aumentarles impuestos. Elogian su “prudencia y buen tacto” y agradecen la idea de crear un “Consejo Fiscal independiente” formado, obviamente, por ellos, que dicte al gobierno su política de ingreso y gasto, iniciativa ésta del FMI que los dos gobiernos anteriores rechazaron, pero AMLO no (declaraciones de Gustavo de Hoyos, Coparmex, Proceso, 30 de julio de 2018). ¡Esto ocurre en un gobierno que no es neoliberal! Pero ¿qué contiene el Paquete para el desarrollo nacional, los pobres y la clase media?

En cuanto a los Criterios Generales (utilizo principalmente porcentajes, y cifras redondeadas), al estimar los ingresos se asume que no habrá recesión aquí ni en Estados Unidos; se espera una inflación de tres por ciento y un dólar a 20 pesos. Y optimistamente, que nuestra producción petrolera aumentará en 13 por ciento, a 1.9 millones de barriles diarios, incremento no visto desde 1982. Se espera un crecimiento económico de dos por ciento, poco factible (la encuesta de Citibanamex lo ubica en 1.3), y que en este año es de cero. En los dos sexenios anteriores rondó el dos por ciento, y aunque el Presidente lo desdeñe, es un factor determinante (según algunas estimaciones, cada décima menos de lo esperado reduce la recaudación en 27 mil millones de pesos). Lo peligroso es que una sobreestimación del crecimiento y del ingreso podría provocar recortes al gasto, o más deuda. Desagregando las cifras, destacan algunos efectos del PPEF que enumero en los párrafos siguientes.

El proyecto frena el crecimiento. Nuevamente, los programas de transferencias directas a personas dominan el gasto, pero esto no es lo mismo que generar empleos, que sí son productivos. No se aplica el gasto público como detonador. “Como porcentaje del PIB, la inversión física del gobierno proyectada (1.3%) es la más baja en más de 15 años [...] representa una reducción de 8.1% respecto a lo destinado en 2019 [...] En los últimos cinco años el gasto de obra pública alcanzó su punto más alto en 2015 [...] A partir de entonces, la tendencia ha sido a la baja, disminuyendo 30% real de 2016 a 2020”, advierte el análisis del CIEP” (Forbes, 12 de septiembre de 2019). Estamos en el umbral de una recesión, y el gobierno no muestra acciones tendientes a acelerar el crecimiento. Llama la atención que sus proyectos insignia, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor del Istmo y la refinería de Dos Bocas, ven reducido su presupuesto, en total, en 19 mil millones. Asimismo, el PPEF frena inversión y crecimiento al aplicar un impuesto al ahorro. Los ahorradores pagan este año el 1.04 por ciento del capital; en 2020 será el 1.45 por ciento como tasa de retención de intereses. En educación, factor fundamental de crecimiento y desarrollo, el presupuesto asigna un aumento real de medio punto porcentual, no obstante que en 149 países, México ocupa el lugar 107º en acceso a educación de calidad (Índice de Progreso Social).

La propuesta de presupuesto empequeñece y debilita al Estado, como dicta el canon neoliberal, privándolo de recursos indispensables para cumplir su cometido social y resistir presiones de las grandes potencias y de corporativos transnacionales y nacionales, que le imponen sus condiciones. El gasto será de 6.1 billones de pesos. El Gasto Programable, bienes y servicios a la población, se mantiene en 16.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), igual a 2019, proporción de las más bajas en años. Peor aún: la Cuarta Transformación (4T) retrocede. Su propuesta de recaudación es inferior a la actual en 0.4 por ciento del PIB. Los ingresos tributarios representan apenas 13.3 por ciento del PIB (CIEP), pero pagados por el pueblo: viene un nuevo gravamen a venta de tabaco, alcohol y refrescos, aunque no lo llaman impuesto (el documento está lleno de eufemismos y ambigüedades); otro, disfrazado: se simplifica el pago de impuestos a 2.5 millones de vendedores independientes en venta por catálogo a domicilio; pagarán el Impuesto Sobre la Renta sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta sugerido. Se aplicará el Impuesto al Valor Agregado a ventas de productos y servicios vía nternet. Pero, ¿no que el dinero ahorrado en la corrupción sostendría el Estado? Pues no. Y hoy, si con una mano “generosa” dan al pueblo, con otra, recaudadora, le quitan: lo que le dan con la izquierda se lo quitan con la derecha, literal.

El presupuesto desatiende necesidades sociales. Vienen importantes recortes a programas de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que afectan construcción y mantenimiento de carreteras, caminos rurales y viviendas, dotación de servicios públicos como agua y drenaje, y mejoramiento urbano. Respecto a salud, la situación actual es alarmante: el Índice de Progreso Social sitúa a México en el lugar 99º en “Acceso a cuidados médicos de calidad”; por otra parte, según el Banco Mundial, nuestro país dedica 2.8 por ciento del PIB a gasto público en salud, lo que nos ubica en el sitio 107º. Pues ahora se juntaron el hambre y las ganas de comer: aunque nominalmente aumenta, en términos del PIB el gasto en salud no varía; igual ocurre con la seguridad: de 1.02 a 1.08 por ciento (CIEP). Finalmente, el PPEF reduce el gasto en cultura en 10.8 por ciento real, y en Educación básica, 1.4 por ciento. No se alcanza a ver la transformación real y efectiva en todo esto.

La propuesta también debilita al federalismo con una reducción real de 0.5 por ciento en el Gasto Federalizado (transferencias de recursos a estados y municipios), limitando su capacidad para atender necesidades de la población y ahondando así su dependencia política respecto al Gobierno Federal. Desde 2013, este rubro no se reducía en términos reales. ¿Dónde queda entonces el federalismo de Juárez?