En solo tres meses, la pandemia de Covid-19 logró aumentar entre 10 y 18 millones el número de pobres en México –según los cálculos de diversas instituciones económicas– debido a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha negado a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con salarios de emergencia que les permitan mantener el empleo de sus trabajadores.

El primer mandatario se ha negado también a financiar la entrega de despensas alimentarias a los millones de mexicanos que no cuentan con financiamiento estatal asistencialista, padecen pobreza extrema o sobreviven en la economía informal.

Antes de la crisis sanitaria, las cifras oficiales registraban 53 millones de mexicanos con algún tipo de pobreza moderada o extrema, pero el investigador de El Colegio de México, Julio Boltvinik, estima que el número de pobres en el país oscila entre los 90 y los 100 millones, porque sus ingresos resultan muy bajos y no alcanzan para adquirir la canasta básica ni cubrir las necesidades de salud, educación y esparcimiento de sus familias.

El impacto socioeconómico del Covid-19 en México ha resultado mucho más grave que en otros países de América Latina pues en los tres meses y medio de contingencia sanitaria, ya se perdieron 12.5 millones de empleos y los niveles de pobreza moderada y extrema se profundizan exponencialmente.

A pesar de que difieren en sus estimaciones estadísticas, instituciones públicas y privadas como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Oxfam y BBVA Research coinciden en que la pobreza en México aumentará en 10 millones de personas hacia finales de este año.

Entre 2008 y 2018, la pobreza apenas se redujo en 2.5 por ciento, según datos del estudio, 10 años de medición de la pobreza en México, elaborado por el Coneval en 2019. La reducción en diversos indicadores fue detectada en 24 entidades de la República, pero en las restantes no solo no disminuyó, sino que creció, especialmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Cuando el director del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, difundió estos resultados, señaló que para disminuir la pobreza se necesita “un crecimiento del ingreso adecuado, incluyente y sostenido. Además, la política pública debe fortalecer la atención del conjunto de carencias sociales, particularmente aumentar el ingreso de las familias y ampliar la cobertura de la seguridad social. Estos últimos son los dos retos más importantes de las políticas públicas encaminadas a disminuir la pobreza”.

Sin embargo, esto no parece factible hoy en México, pues una vez concluida la jornada de “sana distancia”, el Gobierno Federal anunciara que, a partir del primero de junio, el país regresaría a la “nueva normalidad”, AMLO reinició sus giras regionales, instó a la población a reincorporarse a sus actividades diarias, pero no promovió ningún cambio en sus políticas públicas.

La única novedad en la “nueva normalidad” fue un alza espectacular en el número de contagios y decesos por Covid-19 y el aumento sustancial del número de pobres en gran parte de la República por el desempleo masivo, de acuerdo con los cálculos elaborados por las instituciones competentes.

Pronóstico funesto

Una de las primeras instituciones que previó un panorama complicado posCovid-19 fue la organización no gubernamental Oxfam México, que durante la última semana de abril lanzó una serie de propuestas en el documento Vivir al día: medidas para combatir la epidemia de desigualdad en México.

En su análisis estadístico, esta institución advierte que a causa del impacto económico de la pandemia, 10 millones de mexicanos que se encontraban en pobreza por ingresos se sumarían a la pobreza extrema; que otros 16 millones que tenían acceso a la seguridad social lo perderían; que 5.4 millones con problemas de inseguridad alimentaria moderada pasarían a inseguridad severa y otros 3.7 millones más que no cuentan con agua, drenaje y electricidad en sus viviendas verían alejarse la esperanza de acceder a estos servicios en el mediano plazo.

Para evitar estas consecuencias, la Oxfam México propuso al gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) las siguientes medidas: proteger el empleo de las personas con seguridad social mediante un subsidio a las empresas para que no despidieran a ningún trabajador; apoyar directamente a personas sin seguridad social con una transferencia monetaria directa que se otorgaría por tres meses, cuyo monto global oscilaría entre 37.4 mil y 73.1 mil millones de pesos (mdp).

El director de Oxfam México, Ricardo Fuentes Nieva, afirmó: “Si nuestro país tuviera un sistema de seguridad social, salud y cuidados financiado con impuestos progresivos, tendríamos una emergencia sanitaria en la que no peligraría el bienestar ni la seguridad de millones de personas”. Fuentes Nieva consideró insuficientes los créditos de 25 mil pesos que el gobierno otorgó en apoyo a algunas de las pequeñas empresas.

A mediados de mayo, el BBVA Research, institución de análisis económico del banco español, anticipó que la pandemia provocaría un incremento de entre 12 y 16.4 millones de pobres en México y que la diferencia entre ambas cifras dependería del decrecimiento en la economía nacional durante los próximos meses.

Uno de los escenarios previstos en este análisis estima una caída del siete por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) para lo que resta del año y otro prevé hasta el 12 por ciento. En el caso del primero, la pobreza por ingresos aumentaría en 12 millones y en 12.3 millones las que se hallan en condiciones de pobreza extrema. Si la caída de la economía es del 12 por ciento, la pobreza por ingreso crecería en 16.4 millones de personas y habría 18 millones de personas más en pobreza extrema.

En su estudio, La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-COV2 (Covid-19) en México, el Coneval estimó que la contingencia sanitaria podría generar 6.1 millones de pobres moderados y 10.7 millones de pobres extremos. La pobreza laboral aumentará del 37.3 por ciento al 45.8 por ciento en el segundo trimestre de 2020.

La OCDE, que dirige el mexicano José Ángel Gurría, advirtió, a principios de mayo, que la cifra de pobres por ingresos crecería 9.8 millones y que en la pobreza extrema habría 10.7 millones de personas. Alicia Bárcenas, quien encabeza la CEPAL, en su Informe Especial sobre el Covid-19, indicó:

“Ante la caída del 5.3 por ciento del PIB y el aumento del desempleo de 3.4 puntos porcentuales proyectados para 2020, la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4.4 puntos porcentuales (28.7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214.7 millones de personas (el 34.7 por ciento de la población de la región) (CEPAL, 2020). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2.6 puntos porcentuales (15.9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83.4 millones de personas”.

En México habrá 8.9 millones más de pobres y 7.7 millones de pobres extremos, categoría en la que nuestro país destaca en Latinoamérica junto con Ecuador y Nicaragua.

El documento de la CEPAL aclara asimismo que “el impacto descrito considera únicamente las consecuencias de la pandemia en el mercado laboral y la pérdida de ingresos asociada. En caso de reducirse las remesas provenientes de familiares que migraron, se acentuará la situación de pobreza de quienes las reciben en sus países de origen. Esta reducción es probable ante el fuerte impacto del Covid-19 en la región y en países extrarregionales receptores de migrantes latinoamericanos y caribeños, como Estados Unidos y España”.

La simulación de apoyos federales

AMLO presume que los programas sociales del gobierno –entre ellos Sembrando Vida, las Becas del Bienestar y la Pensión para Adultos Mayores– llegan a la mayoría de los mexicanos. El 22 de mayo pasado, ya en pleno confinamiento por el Covid-19, en su conferencia matutina declaró que aquellos apoyan al 70 por ciento de las familias.

También exaltó como “algo único” los millones de créditos destinados a apoyar las labores productivas, como son los casos del Crédito a la Palabra, las Tandas del Bienestar, Crédito Solidario a la Palabra del Instituto Mexicano del Seguro Social, etc.

Sin embargo, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana realizó la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (Encovid-19), cuyos resultados, presentados el pasado 17 de junio, desmintieron esos dichos del Presidente de México, pues el 75.3 por ciento de encuestados respondió que no recibían programas sociales o ayudas de gobierno. Solo el 10.8 por ciento declaró recibir Pensiones para el Bienestar y el 7.1 por ciento las Becas Benito Juárez.

La misma encuesta estimó que las afectaciones en empleo, ingresos y seguridad alimentaria de los hogares “podrían llevar a la pobreza al 76.2 por ciento de la población, es decir 95.2 millones de personas”, la cifra más alta con respecto a los otros pronósticos. Por lo que el Equide y diversas agrupaciones civiles señalaron que es fundamental que tanto los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y sector privado emprendan acciones para mitigar los efectos de la crisis.

Esta recomendación se hizo porque el Gobierno de México no ha hecho lo adecuado, a diferencia de los gobiernos de otras naciones, que en cuanto advirtieron que la pandemia ahogaría a sus economías, de inmediato tomaron las medidas necesarias para respaldar a empresas y trabajadores.

López Obrador no solo atendió tardíamente al financiamiento del Sector Salud para que éste enfrentara mejor equipado la pandemia, sino que ha rechazado apoyar a las empresas, incluso con incentivos fiscales. 

De acuerdo con el análisis Programas de apoyo económico frente al Covid-19 en el mundo, elaborado por la agrupación México ¿Cómo vamos? con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la OCDE, es ínfimo el porcentaje de recursos erogados por el Gobierno Federal para enfrentar la crisis económica agudizada por Covid-19.

Hasta el 22 de mayo pasado, México había destinado apenas el 0.4 por ciento del PIB, equivalente a tres mil 831 millones de dólares, unos 92 mil millones de pesos. Esta cifra era similar a la que Bolivia había aplicado (0.9 por ciento); República Dominicana, 0.8 por ciento y Ecuador 0.5 por ciento; pero notoriamente baja con respecto a la de Colombia, 7.9 por ciento; Chile, 5.5 por ciento; Paraguay, 2.5 por ciento; Perú, 12 por ciento y Guatemala, 3.4 por ciento.

El contraste con naciones del “primer mundo” es mayor: Alemania había gastado el 32 por ciento de su PIB; Reino Unido, 18 por ciento; Italia, 12.5 y Estados Unidos, 14.8 por ciento.

Hace un par de semanas, cuando los medios de comunicación se enteraron de que el Gobierno de México había solicitado al Banco Mundial un préstamo por mil millones de dólares, se pensó que finalmente AMLO había enmendado su mal camino y su política de no endeudamiento, pero pronto llegó la decepción, cuando se aclaró que ese dinero sería para sus programas sociales y no para mitigar la crisis económica provocada por la pandemia.