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A Omar Fayad Meneses, gobernador hidalguense, no le sirve de nada que sea uno de los mandatarios estatales “más consentidos” del poder morenista que opera desde Palacio Nacional; eso no le ha ayudado en nada para que Hidalgo disminuya seriamente sus datos de pobreza o para contener los contagios y muertes por Covid-19, pues está en semáforo rojo. Se sabe, por ejemplo, con datos del Coneval, que 5 de cada 10 habitantes sufren el lastre de la pobreza y al menos 679 mil hidalguenses no tienen asegurada su alimentación diaria. Por otro lado, es un gobernador que constantemente viola los derechos ciudadanos a tener un empleo digno y una educación de calidad.
Hace unos días, el gobernador PRI-Morenista declaró a un periodista que estaría dispuesto a implementar el toque de queda en la entidad si el número de contagios y muertes por Covid se incrementa; Hidalgo es uno de los 10 estados con más contagios y suma al menos 4 mil defunciones y más de 30 mil contagios; entre las 10 entidades con alerta roja se concentran el 91% de los contagios a nivel nacional. El mismo subsecretario de Prestación de Servicios de la secretaria de Salud estatal, José Domingo Casillas, ha dicho que el 51 por ciento de los pacientes hospitalizados se encuentran en un estado de salud muy grave; además de que están ocupadas 733 camas de las 914 disponibles en la red para la atención de pacientes Covid-19.
Por otro lado, el titular de la Secretaría de Salud Hidalguense, Alejandro Efraín Benítez, como todo gobierno que le echa la culpa a la población, aseguró que, si la población no acata las medidas de seguridad, se vaticina un incremento acelerado de contagios, con el pico más alto entre el 20 al 30 de enero, lo que resultará en la saturación y rebase de los hospitales Covid-19. Y es que, en el estado, entre 10 y 30 por ciento de la población de 57 municipios donde el coronavirus está activo, no tiene acceso a servicios de Salud, mientras que en 55 municipios se carece de Seguro Social entre 70 y 98 por ciento; imagine usted, entonces, ¿cómo se va a atender la gente que presenta síntomas de coronavirus?
Hidalgo no es un estado próspero para su población a pesar de que el gobernador es de los tres más "consentidos" del gobierno de López Obrador. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 4 o 5 de cada 10 hidalguenses son pobres (43.8 % de la población), 7 de cada 10 son vulnerables porque no tienen acceso a la seguridad social (70.8 %) y al menos de 679 mil hidalguenses no tienen asegurada su alimentación.
Si hablamos de la informalidad laboral (es decir hidalguenses que no tienen empleo formal) las cosas no andan nada bien. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el INEGI, durante el tercer trimestre del 2020, Hidalgo tiene el 73 por ciento, que representa la cuarta tasa de informalidad más alta de México, solo por debajo de Guerrero (78.5%), Oaxaca (76.6%) y Chiapas (74.3%). Omar Fayad, entonces, tiene 884 mil hidalguenses que laboran en actividades precarias; 7 de cada 10 son trabajadores informales; una vez más, la incapacidad oficial sale a flote.
Hidalgo tampoco se escapa a los salarios bajos y mal pagados. Si no hay empleo formal el ingreso para las familias por el empleo informal es bajo y no les alcanza para sobrevivir. El Índice de la tendencia Laboral de la Pobreza que elabora el Coneval señala que hubo un incremento en el número de hidalguenses a los que el salario no les alcanza para adquirir los productos de la canasta básica, al pasar del 46.9 al 55.1 por ciento, 8.2 puntos por arriba del promedio nacional, es decir, 1 millón 574 mil hidalguenses obtienen ingresos inferiores al costo de la canasta básica.
En este rubro de no percibir salario digno se encuentran, desde marzo de 2020, (casi los mismos meses que lleva la pandemia), al menos 40 maestros que dejaron de recibir su sueldo sin justificación alguna y han acusado directamente al gobierno estatal de ser el responsable de esa decisión; además, unos 300 estudiantes, todos hijos de familias pobres y muy humildes, que viven en cuatro albergues estudiantiles ubicados en Pachuca, Mineral de la Reforma, Zacualtipán y Huejutla, les fue retirado el subsidio académico que percibían para gastos de alimentación y pagos de servicios de internet para tomar sus clases ahora en la nueva modalidad educativa, que dicho sea de paso, es un fracaso total.
Omar Fayad no será enemigo de la 4T o del Presidente, pero sí es un abierto enemigo de la población vulnerable, de los estudiantes y maestros pobres, de los trabajadores informales y de las familias que ven morir a sus familiares porque en sus comunidades o pueblos no hay Centros de Salud para atenderse y librar la muerte por Covid-19
Ayer se cumplieron 2 años de la explosión en Tlahuelilpan donde el gobierno estatal carga con la muerte de 137 personas y varios heridos porque jamás se explicó el motivo de ese "accidente"; también cargará la muerte de unas 4 mil personas que el gobierno hidalguense no pudo atender médicamente argumentando que no hay dinero; y que por tanto no se amplía el sistema hospitalario; una calca, pero mal hecha, del gobierno federal.
Por otro lado, la entidad sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional en el huachicol, incluso tiene 874 carpetas de investigación y 3 mil 205 tomas clandestinas. Es Hidalgo el segundo estado a nivel nacional en saturación de hospitales, solo por debajo de la CDMX y sobre la inseguridad ya ni se diga, porque 7 de cada 10 hidalguenses (66 por ciento de la población) se siente inseguro. Omar Fayad es mal gobierno, hunde a Hidalgo y deja morir a su población ya sea por Covid o por la miseria y pobreza que atraviesa la entidad; a costa del sufrimiento de sus gobernados, Fayad Meneses le sigue siendo fiel al poder central. Por el momento, querido lector, es todo.
Andrés Manuel López Obrador cometió actos de violencia política de género en contra de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, ya que realizó expresiones que “menoscabaron” sus derechos políticos.
En medio de una aguda crisis sanitaria y económica, el Gobierno Federal sigue recortando el presupuesto de los dos mil 458 municipios del país –incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX)–.
De acuerdo a esos datos se aumentó, en situaciones ilícitas, de 14 mil 635 afectados por cada 100 mil habitantes en 2017 a cerca de 16 mil, 15 mil 732 en el año anterior.
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Los electores deben estar conscientes de los asuntos más importantes relacionados con las crisis sanitaria y económica derivadas de la pandemia.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).