El Tecnológico Nacional de México agrupa centros de estudio especializados en enseñanza tecnológica, en los que su catalogación de instituciones descentralizadas propicia que en el ámbito académico sus trabajadores respondan a férreos lineamientos federales y que en el económico (pagos salariales, mejoramiento de infraestructura escolar, etc.) dependan básicamente de los gobiernos estatales. Sin embargo, cuando estos tecnológicos tienen problemas de financiamiento, nadie se hace responsable de la solución y su formato institucional se convierte en un obstáculo para el desarrollo académico y científico, ya que sus presupuestos, planes de estudio y acciones administrativas dependen de juntas de gobierno integradas por representantes de autoridades estatales, federales y políticos locales. Sin embargo, cuando surge un problema apremiante no es el director general quien puede tomar la decisión, sino que se plantea el dilema de a quién debe acudirse en busca de la solución (¿al Tecnológico Nacional de México, al gobierno del estado o a la junta de gobierno?), aunque por lo general ninguna de estas instancias lo resuelve.

En tiempos como el actual –cuando la metodología democrática es invocada por la prensa como la mejor forma de resolver problemas sociales y económicos– resulta que las instituciones descentralizadas son las más antidemocráticas del país, porque en ellas las decisiones son tomadas de manera unilateral y vertical, mientras que a los trabajadores no se les permite organizarse para defender sus derechos, en abierta contravención a la Carta Magna que establece el derecho de los ciudadanos a organizarse como mejor les parezca. Pero todo esto ocurre cuando los maestros padecen salarios bajos, deficiencias laborales, impuestos excesivos y además deben aceptar sin chistar todas las indicaciones de sus superiores, so pena de quedarse sin empleo. Para ellos, el trabajo estable o de base no existe; los contratos se suscriben con duración de cuatro, seis meses o acaso un año, por lo que viven en la incertidumbre pese a que el Artículo 123^o de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo estipulan que el trabajo digno es el que permite a los trabajadores llevar un estilo de vida decoroso.

Esta situación afecta incluso a los maestros que han trabajado más de 20 años, ya que durante ese lapso han vivido en la zozobra, soportado malos tratos y cuando han revisado sus cuentas de ahorro para el retiro han descubierto que solo disponen de 40 mil pesos, lo que es absolutamente injusto porque el Estado pretende premiarlos con una vejez miserable después de haber dedicado su vida laboral a la educación de la juventud mexicana. Este hecho, desde luego, permea en la calidad académica, porque muchos maestros no pueden mantenerse con pan y agua y para completar sus ingresos familiares realizan otros trabajos en vez de ocuparse en mejorar sus conocimientos y métodos de enseñanza.

Hasta ahora los maestros habían resistido a estas condiciones precarias, pero su situación se complicó a raíz de la pandemia de Covid-19; del incremento desmedido de los precios de los productos de la canasta básica y también de la política de austeridad del gobierno, que los ha puesto entre la espada y la pared al gravar más sus bajos salarios y al aplicar impuestos a las escasas prestaciones que tienen. Por ello no sorprende que los maestros del Tecnológico Nacional de México de los estados de Zacatecas y Puebla, entre otros, salieran a protestar a las calles en demanda de mejoras salariales, mientras el Gobierno Federal despilfarra dinero público en las campañas de los precandidatos presidenciales del Movimiento Regeneración Nacional y se desentiende de los grandes problemas nacionales.