Cuando arribó a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a construir más de cinco millones de viviendas; pero durante su sexenio no logró edificar ni siquiera un millón, según cifras oficiales.

En noviembre de 2019 se activó el Programa Nacional de Vivienda (PNV) y se comprometió a proveer de hogares a las familias pobres de México; pero todo resultó un fiasco, a pesar de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) estuvo a cargo y fue apoyada por otras cinco dependencias federales: el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Casi seis años después, la administración morenista únicamente construyó 763 mil 21 viviendas, según el reporte del Registro Único de Vivienda (RUV) de febrero pasado. Además, el informe Avances y Resultados 2022 del PNV, difundido por la Sedatu en 2023, revela que en el medio rural solamente se construyeron 60 viviendas entre 2019 y 2022.

El informe no incluye datos de las casas edificadas el año pasado; detalla que la “meta 2024” fue de 10 viviendas en el campo; y que los créditos “para la autoproducción de vivienda” sumaron 161 mil 987 entre 2019 y 2021; aunque en la lista de 2022 no existen créditos enlistados.

En relación con el “Número de acciones de financiamiento y subsidios de vivienda para personas en condiciones de vulnerabilidad”, el informe precisa que, en 2019, fueron 449 mil 731; en 2020, 431 mil 413; en 2021, 484 mil 823; en 2022, 359 mil 108, mientras que no existe información disponible de los años 2023 y 2024.

En contraste, el número de acciones ejecutadas en 2018, último año del gobierno sexenal anterior, fue de 533 mil 601, cifra superior a los números de cada uno de los cuatro años en que el actual gobierno financió acciones de vivienda.

Durante su administración, AMLO construyó apenas 763 mil viviendas nuevas, mientras que su antecesor, Enrique Peña Nieto, edificó un millón 317 mil 83, 42 por ciento más. Y si se le compara con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la desproporción es superior; pues casi tres millones de familias accedieron a una vivienda nueva y otros seis millones recibieron créditos para autoconstruirlas o mejorarlas.

Diez millones sin hogar 

En el país existe un enorme déficit de casas-habitación que obliga a más del uno por ciento de los mexicanos a vivir hacinados con familiares, pagar arrendamientos excesivos y a habitar en zonas residenciales alejadas de sus centros de trabajo.

En mayo pasado, Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) reveló en una conferencia de prensa, que el déficit es de 9.6 millones de viviendas, por lo que en números cerrados faltan 10 millones.

“El diagnóstico arroja que, de un parque habitacional de 38 millones de viviendas en 2024, el 73 por ciento es informal y el rezago habitacional, es decir, la suma de las viviendas que hacen falta, más las viviendas en mal estado, es de 9.6 millones de viviendas”, precisó. 

Agregó que las familias con menores ingresos son las más rezagadas debido a que “no pueden acceder a una vivienda digna porque no tienen un empleo formal o su ingreso es tan bajo que no califican para un crédito, además de que la oferta institucional es considerablemente menor a la demanda de vivienda”.

El presidente de la CMIC explicó también que entre las causas por las que miles de familias viven “en asentamientos irregulares”, destaca la falta de suelo para el desarrollo urbano, la carencia de planeación y regulación territorial, los altos costos de construcción y carencia de financiamiento, sin ahorro previo ni subsidios focalizados para la vivienda nueva.

Méndez Jaled agregó que las familias que viven en asentamientos irregulares pagan “injustamente costos excesivos para acceder al agua que se suministra en pipas, y que se exponen a daños a la salud por las condiciones de precariedad e insalubridad de dichas viviendas…

“Estudios de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estiman que cuesta tres veces más atender las necesidades de obra y servicios en asentamientos irregulares que se han regularizado, que desarrollar fraccionamientos con edificación formal de vivienda social con todos los servicios urbanos”.

Del déficit total de vivienda, más del 80 por ciento de la demanda es de vivienda económica, por lo que propuso al próximo Gobierno Federal un plan de 10 puntos con el que los sectores público, social y privado definan una política común que permita “ofrecer vivienda digna, segura, accesible y sostenible a la población, especialmente a los estratos de menores ingresos”.

Con relación al problema del hacinamiento, la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) advirtió que, en 2020, el promedio de ocupantes por vivienda era de 3.6 personas, cifra inferior en ocho décimas a la reportada en el año 2000, cuando fue de 4.4 personas en promedio.

Respecto a las condiciones físicas de las viviendas en el país, ese mismo estudio de opinión reportó que el 44 por ciento de las casas estaba afectado por la humedad y las filtraciones; que el 96 por ciento contaba con piso de recubrimiento firme con cemento, madera, mosaico u otros materiales; el 91 por ciento tenía paredes resistentes de materiales como tabique, ladrillo, block, cantera o cemento; el 78 por ciento disponía de techos sólidos de losa o concreto o viguetas con bovedilla. En cuanto a los servicios urbanos básicos, el 77 por ciento contaba con agua entubada dentro de la vivienda y el 98 por ciento, con sanitarios.

Sin embargo, el 29 de julio, la Sedatu, dirigida por Román Meyer Falcón, publicó dos documentos “clave del Comité Operativo de Seguimiento de Políticas Públicas y del Programa del Consejo Nacional de Vivienda para otorgar un análisis y recomendaciones estratégicas para el diseño e implementación de políticas públicas y programas en la materia a los actores del sector”.

Los textos son Diagnóstico del Sector Vivienda, una guía para la incorporación de la vivienda adecuada en instrumentos prospectivos urbanos para los distintos niveles de gobierno; y un compendio de Programas Presupuestales Estatales de Vivienda 2024.

Estos “diagnósticos” y recomendaciones circulan en las oficinas, pero permanecen ocultos para los supuestos beneficiarios, mientras centenares de miles de mexicanos que habitan en el campo y las áreas conurbadas viven hacinados, pagan rentas muy altas y no tienen acceso a una vivienda propia.

Carla Scoffié, especialista en el tema de vivienda, destaca en su libro País sin techo que, si bien el derecho a la vivienda en México no “implica que el gobierno le regale viviendas a todo mundo”, sí debe garantizar ese derecho. Por lo que plantea diversas medidas que el Estado puede aplicar para brindar garantías de vivienda a todos los sectores de la población, es decir, lo mismo para trabajadores formales e informales, personas de la tercera edad, parejas jóvenes, entre otros.

Por ello propone ejes como estimular la oferta de vivienda asequible o económica, otorgar créditos accesibles, subsidios a la ampliación (de la vivienda), otorgar subsidios a la compra, regularizar tierras y certeza jurídica, entre otros. “Todas estas alternativas apuntan al mismo objetivo: que todas las personas puedan habitar un lugar que les sirva como base para el ejercicio de sus otros derechos y, al mismo tiempo, que se les provea de medios para evitar la situación de calle”, analiza en su libro.

En País sin techo, la también activista no sólo expone la falta de vivienda, pues alrededor de ésta engloba problemas como la corrupción y los contubernios entre gobiernos locales y constructoras, la especulación inmobiliaria, los derechos inquilinarios y desalojos forzosos, la discriminación y los asentamientos irregulares.

“Miles de personas están preocupadas por la imposibilidad de adquirir una vivienda en propiedad o incluso en arrendamiento. Muchas viven con el temor de ser víctimas de un inminente desalojo forzoso o de un imperioso desplazamiento interno”, enfatiza Scoffié en su libro.

Las viviendas “promedio”

Durante casi todo el año 2023 y durante los primeros meses de 2024, los precios han aumentado, incluidos los de las viviendas. El reporte Precios de la vivienda primer trimestre 2024, elaborado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), del Gobierno de México, informó que el incremento al costo de la vivienda fue de 9.7 por ciento nacional con respecto al mismo periodo de 2023.

El Índice SHF de Precios de la Vivienda, que calcula el aumento o disminución del costo de viviendas nuevas o usadas con crédito hipotecario garantizado, aclara que, entre febrero y marzo de este año, la vivienda económica-social aumentó en 10.5 por ciento y la vivienda media-residencial tuvo una baja de 9.2 por ciento.

Señaló, demás, que en el caso de las “casas solas, creció 10 por ciento y el de casas en condominio y departamentos (considerados de manera conjunta) se apreció 9.3 por ciento”.

Es decir, en el primer trimestre de este año, el precio promedio nacional de una vivienda de nivel medio fue de un millón 702 mil pesos; el 75 por ciento se vendió por lo menos en un millón 943 mil pesos; el resto a un precio superior; y el 25 por ciento de quienes recurrieron a créditos hipotecarios lo realizó con un crédito igual o menor a 692 mil pesos.

Las familias de la zona metropolitana de Tijuana sufrieron más el incremento en el costo de las viviendas con 12.8 por ciento; les siguieron las de Monterrey, con 11.8 por ciento; las de León, con 10.3 por ciento; las de la región Puebla-Tlaxcala, con 10.2 por ciento y las de la zona metropolitana de Guadalajara, con 9.2 por ciento.

Y en el Estado de México (Edomex), destaca el informe Precios de la vivienda primer trimestre 2024, el aumento fue de 7.9 por ciento; en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)  se “presentó un aumento de 6.8 por ciento, guiado por el alza en los precios de las casas en condominio y departamentos”.

El reporte Situación Inmobiliaria México. Primer semestre 2024, del banco BBVA, afirma, por su parte, que la adquisición de vivienda mediante créditos, en 2023, disminuyó 5.4 por ciento con respecto al año anterior.

“De enero a noviembre de 2022, las instituciones financieras otorgaron crédito hipotecario por 457.6 mil mdp; pero en esos mismos meses de 2023, la demanda por créditos hipotecarios fue de 432.8 mil mdp. Tomando en cuenta que no existen restricciones a los préstamos para vivienda por parte de la banca ni de los institutos públicos, asociamos este resultado a una menor demanda por vivienda”.

Según la institución financiera, la menor demanda “se debe primordialmente a que los precios de la vivienda han crecido más que los ingresos de las familias. Esto a pesar de la mayor generación de empleo y a que las tasas hipotecarias se han mantenido estables pese al alto costo de fondeo que propicia la política monetaria actual”.

En contraste, la industria de la construcción reportó un “extraordinario desempeño” en 2023, en parte debido al alto presupuesto federal que la administración de AMLO dedicó a las obras públicas en ese año: “más de 850 mil mdp, 19.3 por ciento más que el año anterior en términos constantes”.

Sin embargo, advirtió que para 2024 se espera “una fuerte contracción del sector debido a la conclusión de las obras emblemáticas de esta administración y al recorte de 28.9 por ciento en el presupuesto para obras públicas que se dirigió a transferencias directas”.