Los casi tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han generado un aumento en la pobreza, una fuerte disminución en el acceso a los servicios de salud –asociada a su fallida estrategia contra el Covid-19– y un declive en el crecimiento de la economía, vinculado con la caída de la inversión privada y la reducción de los ingresos federales.

El incremento en los índices de pobreza indica el fracaso de los programas sociales, su principal recurso para combatirla; tal como lo evidenció el pasado cinco de agosto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en cuyo reporte de resultados reveló que entre 2018 y 2020 aumentó en 3.8 millones el número de pobres.

Estos datos destacan que, en 2018, había 51.9 millones de pobres y que, en 2020, eran ya 55.7 millones, incluidos los primeros dos años del gobierno de AMLO (2019 y 2020). En ese mismo lapso, la miseria extrema pasó de 8.7 millones, en 2018, a 10.8 millones, en 2020; es decir, aumentó 2.1 millones.

A este saldo negativo hay que agregar su fracaso en la emergencia sanitaria iniciada en marzo del año pasado, según la calificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero visualizado como “criminal” por especialistas en medicina.

Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en ciencias médicas, con posgrado por la Universidad de Harvard y experta mexicana en microbiología adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó, este año, el libro Un Daño Irreparable: la criminal gestión de la pandemia en México, en el que describe las fallidas acciones del actual gobierno para contener la pandemia.

México ha obtenido el liderazgo internacional en muertes por Covid-19, cuya mayoría pudo evitarse si se hubiera aplicado una estrategia eficaz de carácter científico y no político, es decir, basada en discursos demagógicos, tergiversación y ocultamiento de información sobre contagios y muertes, denuncia la especialista.

Un reporte del Institute for Global Health Scienses (IGHS) revela que, en 2020, pudieron evitarse 190 mil muertes por dicho virus y otras enfermedades no atendidas. Hasta el 20 de agosto anterior, habían muerto 252 mil 80 personas en México por el virus, según datos oficiales.

Investigadores del IGHS proyectaron recientemente un análisis, financiado por la OMS, sobre el control de la pandemia, este estudio se publicó bajo el título La respuesta de México al Covid-19: Estudio de caso, en el que se afirma que existe un subregistro de muertes y una insuficiente aplicación de pruebas diagnósticas; de tal forma que una de cada 30 infecciones no es detectada.

Más adelante detalla: “Los datos muestran que México fracasó en su respuesta a la pandemia en relación con países comparables. El país tiene una de las tasas más altas de casos y muertes por Covid-19 a pesar de ocupar los últimos lugares en aplicación de pruebas. Esta escasez de pruebas implica que el subdiagnóstico y el subregistro de las muertes por Covid-19 es muy sustancial.

“La evidencia disponible apunta a una alta proporción de muertes extrahospitalarias (alrededor del 58 por ciento), grandes desigualdades en el acceso a pruebas y atención médica, una gran variación en la calidad de la atención y una carga muy desigual de la enfermedad entre regiones y grupos sociales.

“Las tasas de mortalidad entre pacientes hospitalizados con Covid-19 son muy altas (alrededor del 50% en el IMSS) y no han disminuido sustancialmente durante la pandemia. La fragmentación del sistema de salud ha contribuido a las inequidades”.

La investigación revela también que los casos de Covid-19 y las muertes “se han concentrado desproporcionadamente en los municipios con mayores niveles de marginación socioeconómica, especialmente en las zonas urbanas. Entre los casos confirmados de Covid-19, la proporción de muertes tiende a aumentar con el nivel de marginación del municipio donde vive el paciente”.

Además, pone en evidencia que México ha registrado “un número especialmente alto” de muertes de trabajadores de la salud, lo cual –enfatiza el estudio– representa fallas en la preparación del sistema de salud.

La gestión criminal de la 4T

La doctora Ximénez-Fyvie afirma en su libro Un Daño Irreparable: la criminal gestión de la pandemia en México, que el gobierno mexicano ha aplicado una política basada en medidas cuestionables, como la búsqueda de cierta “inmunidad de rebaño”, dejando fluir la propagación del virus, en espera de crear inmunidades grupales; además de minimizar los riesgos sanitarios en mensajes oficiales y tergiversar datos estadísticos.

La investigadora, quien forma parte del laboratorio de genética molecular de la UNAM, asevera que no hubo una preparación adecuada para enfrentar la pandemia y que, desde el inicio de ésta en marzo de 2020, el encargado de su atención, el doctor Hugo López-Gatell, ha promovido criterios políticos a pesar de que la situación demanda anteponer criterios científicos.

“(…) cuando se tiene la responsabilidad de tomar decisiones que pueden poner en riesgo la salud y la vida de millones de personas, sin duda lo que debería imperar es el profesionalismo y la seriedad (…) para marzo (se refiere al inicio de la pandemia en marzo de 2020) era claro que el discurso y las decisiones en torno a la pandemia en nuestro país adoptaban tintes cada vez más político-demagógicos que académico-científicos (…)”, asegura la especialista.

Ximénez-Fyvie señala que, en 2020, aun sin existir vacunas, López-Gatell apuntó hacia la llamada “inmunidad de rebaño”, permitiendo, sin decirlo, la propagación del virus, lo cual es una estrategia muy criticada por científicos en el mundo, porque implica la generación de una cantidad elevada de contagios y muertes antes de producir un control de la pandemia.

El punto central de esa medida, también conocida como inmunidad grupal, es que la transmisión se interrumpa o suspenda con un incremento en el número de sujetos infectados que superan su condición y obtienen así una inmunidad natural al virus.

Otra forma para combatir la pandemia es la vacunación masiva que busca lograr cierto grado de inmunidad comunitaria, la cual se inicia a partir de 2021, cuando aparecieron las vacunas, cuya aplicación en México avanza lentamente y dando traspiés.

Los resultados de la medición del Coneval sobre la pobreza entre 2018 y 2020 son otro dato que demuestra la mala gestión gubernamental en el acceso a servicios de salud, ya que el número de mexicanos que carecen de éstos se incrementó en 16.2 por ciento, al pasar de 20.1 millones en 2018 a 35.7 millones en 2020, cuando surgió la pandemia.

Según el reporte, el sector social más perjudicado por la falta de servicios sanitarios resultó ser el más pobre, asentado en zonas rurales del país, cuya cobertura se redujo en 30.5 por ciento, porque se ubicó en el 13.7 por ciento en 2020. La falta de servicios de salud en las áreas urbanas pasó del 17 por ciento, en 2018, al 27.4 por ciento en 2020. Además, en el país se incrementó la carencia de alimentación suficiente y nutritiva, cuyo índice pasó del 27.5, en 2018, al 28.6 por ciento en 2020.

Altos niveles históricos de violencia

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y los generados por despachos de análisis y organizaciones civiles especializadas, al inicio de 2021 se habían contabilizado 76 mil 841 víctimas de homicidio doloso; en junio de 2021, esta cifra pasó a 87 mil 271; y en julio, a 91 mil 619 víctimas en lo que va del actual sexenio, cifra que contrasta con los 42 mil 489 asesinatos habidos en toda la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

De acuerdo con el Reporte Semestral de Incidencia Delictiva 2021, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), se registró una disminución en la ejecución de seis delitos; pero hubo un incremento en otros 10. De enero a junio de 2021, bajaron el homicidio doloso, el secuestro y los robos a negocio, casa-habitación, vehículo y con violencia; pero se incrementaron el homicidio culposo, los feminicidios, la trata de personas, extorsión, narcomenudeo, violación, violencia intrafamiliar, robos a transeúnte y en transporte público.

El ONC informa que, en el primer semestre de 2021, se reportaron diariamente 82 homicidios dolosos en promedio, tres feminicidios, dos secuestros, 713 casos de violencia intrafamiliar, 58 violaciones, 23 extorsiones, 278 robos a transeúnte y 41 en transporte público.

Francisco Rivas Rodríguez, director del ONC, explicó a buzos que la baja en la ejecución de delitos comunes en 2020 estuvo asociada más al confinamiento domiciliario debido a la pandemia –la cual redujo drásticamente la movilidad de las personas– que al éxito de las estrategias de seguridad gubernamentales.

“Si volteamos a ver lo que ha sucedido, por ejemplo, en cuanto al narcomenudeo, la trata de personas, feminicidio, extorsión, delitos que le competen a esta administración, éstos no se frenaron, sino que crecieron durante la pandemia. Si volteamos a ver los robos y los secuestros, tenemos descensos marcados debido a la pandemia”, refirió Rivas.

Añadió que “otro de los aspectos particularmente malos tiene que ver con la impunidad. En esta administración tenemos mucho menos actividades de la Fiscalía General de la República (FGR) en términos de decomisos de drogas, de armas, de dinero; tenemos mucho menos resultados en términos de detenciones y sentencias condenatorias. Entonces, lo que aumentó profundamente fue la corrupción y la impunidad”.

En su séptimo informe, titulado Violencia Política en México, el despacho de análisis Etellekt amplió la información sobre los actos violentos registrados durante el proceso electoral 2020-2021, que incluyó la jornada de votaciones del pasado seis de junio, reportó que hubo mil 66 agresiones contra políticos, de las cuales 102 fueron víctimas de homicidio doloso y 36 de ellos eran candidatos.

“La violencia se extendió a los 32 estados de la República Mexicana y abarcó 570 municipios (entre ellos 29 capitales estatales). Aún cuando los ataques mortales en este proceso electoral disminuyeron, el número total de agresiones se incrementó en un 38 por ciento respecto al proceso electoral 2017-2018”, comparó el informe de Etellekt.

El 1° de julio de 2021, cuando conmemoró su triunfo electoral de 2018, el Presidente insistió en que el crimen generado por la delincuencia organizada no debía enfrentarse con más violencia, sino con métodos más humanos, y afirmó que este problema le fue heredado por gobiernos anteriores.

Rivas Rodríguez reveló: “Si consideramos nada más cómo vamos en los primeros 30 meses de esta administración contra los últimos 30 de la pasada, tenemos un aumento sustancial de la violencia, prácticamente los homicidios crecieron en casi 10 por ciento.

“Y en lo que va del año vemos que si bien hay una contención de la que nos habla el gobierno, ésta es marginal; es el peor momento de la historia; el peor año fue 2019, el segundo peor es 2020 y todo apunta a que 2021 terminará en niveles equivalentes al año pasado o ligeramente por abajo”.

Al comparar los datos de los primeros 30 meses de la administración de Enrique peña Nieto (2012-2018) con los primeros 30 meses de la actual, el director del ONC explicó: “Vemos que los peores momentos de violencia se han dado en ésta, tenemos un 56 por ciento más de homicidios en esta administración. Si hacemos la comparación con los primeros 30 meses de la administración de Felipe Calderón (2006-2012) tenemos más de 120 por ciento de aumento en homicidios”.

Francisco Rivas explicó que no solo la violencia delictiva está mal en México, pues “también tenemos menos instituciones, menos capacidades de nuestras policías y fiscalías; tenemos un abandono de las víctimas; de hecho, las áreas correspondientes se encuentran peor que nunca; condiciones peores que nunca en prevención; no hay un proyecto de prevención del delito.

“No hay a dónde voltear a ver para decir, ‘bueno esto sí está pasando en términos positivos’. Todo lo que podemos referir son fallas estructurales, en donde el común denominador es la demagogia, la sobre simplificación de problemas complejos que no está conectada a la realidad”.

Una economía tambaleante

Los análisis de algunos especialistas en desarrollo concluyen que, en estos casi tres años, el Gobierno de México atraviesa por un periodo de gran incertidumbre económica.

David Lozano Tovar, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, reportó a buzos: “Si vemos la expectativa del presupuesto para 2022, tenemos dos problemas: uno, no se han podido mejorar los ingresos del Gobierno mexicano; los ingresos fiscales para el caso de las empresas se contrajeron en aproximadamente 24 por ciento; entonces, no es la recaudación esperada y no da para subsanar las deficiencias en el Producto Interno Bruto (PIB) y otros rubros”,

Tovar agregó: “En 2020 vimos recortes en varios programas sociales y subprogramas de apoyo, porque no se tiene de dónde obtener más recursos. Entonces, o se siguen recortando los programas sociales, o ¿qué se va a hacer?, ¿a cuál de los sectores se va a dejar sin dinero?”.

Otros especialistas del CAM comentaron que, al inicio del sexenio se afirmó que el crecimiento promedio del PIB en 2019, 2020 y 2021 sería entre el 3.4 y el cinco por ciento anual, pero el promedio real ha sido del 1.1 por ciento anual, “muy por debajo de lo esperado”.

En cuanto al empleo, el gobierno de AMLO había previsto un crecimiento de casi ocho millones para el periodo 2019-2021, con un promedio de 2.5 millones de empleos anuales; pero tampoco ha cumplido porque el crecimiento promedio es de 175 mil empleos, indica el CAM.

Sobre la inflación, se estimó que en el periodo 2019-2021 oscilaría entre cuatro y un máximo de cinco por ciento; pero en dicho lapso, la inflación acumulada ha sido del 22 por ciento, es decir, con promedio anual entre 9.5 y 10 por ciento, con base en los artículos de la Canasta Básica Recomendable y los incrementos en los precios del gas y la electricidad.

Con respecto a las inversiones, los analistas del CAM describen que, entre 2020 y 2021, se ha registrado una caída histórica de la inversión. Al inicio del sexenio, se propuso que la Inversión Extranjera Directa sería de casi 60 por ciento; pero solo ha crecido 1.3 por ciento.