Mientras en nuestro país han muerto más de 45 mil mexicanos por covid-19, hay más de 408 mil casos confirmados y se agudiza la crisis económica, la violencia y la inseguridad, el discurso del presidente López Obrador se centra en el combate a la corrupción con el caso Lozoya y la supuesta rifa del avión presidencial, meras distracciones para evitar que cuestionemos su desastroso papel al enfrentar la pandemia.  

Desde el inició de la emergencia sanitaria, uno de los graves problemas en nuestro país fue que, cerca de 12 millones de mexicanos perdieron sus ingresos por el cierre de las empresas, haber sido despedidos o porque, al tener un empleo informal y ordenarse el confinamiento, no pudieron salir a las calles a ganarse la vida, quedándose junto con sus familias, en casa y sin comida.  Ante la pasividad del presidente López Obrador frente a esta dura realidad, miles de mexicanos han exigido la instrumentación de un Plan Nacional Alimentario a través de solicitudes entregadas a diversas instancias de gobierno, colocando trapos blancos en los hogares donde no hay comida, incluso a través de manifestaciones en las giras del presidente de la República, que fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad. La respuesta a estas peticiones ha sido prácticamente nula y en algunos lugares como en Puebla (estado gobernado por el morenista Miguel Barbosa), donde la presión de la gente ha obligado a entregar unas cuantas despensas, se persigue a lideres sociales que han levantado la voz para que ese apoyo alimentario se reparta a quien lo necesite y no sólo a los militantes del partido que gobierna.

El reclamo de apoyo alimentario que señalamos, además de obedecer a un problema real, es absolutamente legítimo porque forma parte del Derecho al Mínimo Vital, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, pues deriva de la interpretación de varios artículos constitucionales (1, 3, 4, 6 y otros) e implica la obligación incuestionable de las autoridades de adoptar las medidas necesarias para garantizarle a cada mexicano, condiciones básicas de subsistencia como alimentación y salud en primerísimo lugar, pero también vivienda y servicios básicos, pues este derecho no se limita a garantizar la entrega de una despensa, sino a evitar que el individuo caiga en la miseria, logrando así salvaguardar su dignidad como ser humano.  

Este derecho, que en el marco de la pandemia se ha garantizado en algunos países como España, fundamenta en parte el llamado que hiciera recientemente la Organización de las Naciones Unidas a los gobiernos, de dotar de un “ingreso básico temporal” para cerca de 2.700 millones de personas en el mundo que viven en pobreza, medida que ayudaría a que las familias se queden en casa y se pueda frenar la epidemia.

Hoy que los datos oficiales del INEGI confirman que casi 70 millones de mexicanos no ganan un sueldo suficiente para adquirir la canasta básica, es decir, sufren por hambre; y que tanto la Suprema Corte Mexicana, como la ONU y otros organismos internacionales, se manifiestan por garantizar el derecho al mínimo vital; debemos preguntarle a los señores morenistas ¿Por qué la negativa del gobierno de destinar parte del presupuesto nacional (que es de todos) para garantizar el ingreso vital a los mexicanos que no tienen que comer? ¿Por qué criminalizar a quien exige el respeto a un derecho legítimo? ¿Por qué gastar nuestros impuestos en obras como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, debiendo resolver cuestiones prioritarias como esta? Consideramos que ello responde al doble discurso del gobierno de la 4T, que dice y repite por todos lados estar con los pobres, pero que, en los hechos, demuestra todo lo contrario.