La presunción de que México es una potencia mundial porque posee una de las mayores reservas de litio, el codiciado mineral estratégico que hace un par de semanas “nacionalizaron” el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es solo una pieza de propaganda política cuyo uso podría causar graves problemas al país en el futuro próximo.

El 15 de octubre de 2020, Graciela Márquez, la entonces Secretaria de Economía (SE) del Gobierno Federal vigente, con motivo de la glosa al II Informe presidencial, desmintió en el Senado de la República que en Sonora se ubique el yacimiento de litio más grande del mundo —con 243.8 millones de toneladas– como se había anunciado en medios nacionales e internacionales durante meses anteriores:

“México no tiene el yacimiento más grande de litio. No hay un solo kilogramo que se produzca, tenemos unos yacimientos con un contenido muy bajo (…) es muy importante; y aquí quiero recalcar, cuando se hizo esa estimación del yacimiento de litio se tomó en cuenta toda la arcilla, pero esas toneladas de arcilla no son litio”, detalló.

El siete de diciembre de 2020, unas semanas después de la comparecencia de Márquez en el Senado, el Presidente la removió como titular de la SE, sustituyéndola por Tatiana Clouthier, su excoordinadora de campaña, y anunció que la propondría al Senado para ser ratificada como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cargo que tomó el 1° de enero de 2021.

Sin embargo, los supuestos 243 millones de toneladas de litio aparecieron nuevamente en los argumentos que los legisladores de Morena y el gobierno de AMLO utilizaron el 18 y el 19 de abril de 2022 para reformar los Artículos 1°, 5°, 9° y 10° de la Ley Minera para “nacionalizar” y excluir a inversionistas privados de la explotación, industrialización y comercialización del metal estratégico. La nueva versión de estos textos fue publicada el 20 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La información original sobre el presunto yacimiento “más grande del mundo” fue divulgada por la firma de análisis especializada en el sector minero internacional, Mining Technology (MT), con sede en Nueva York, capital financiera estadounidense, en un reporte fechado el 30 de agosto de 2019 y que lleva el título Las diez minas de litio más grandes del mundo, cuyo contenido fue reproducido en medios de información mexicanos e internacionales.

El yacimiento de litio sonorense al que la MT otorga el primer lugar mundial está a corta distancia de la frontera con Estados Unidos (EE. UU.), forma parte del proyecto Sonora Lithium (SLL), está a cargo de la empresa Bacanora Minerals, (de capital canadiense e inglés), poseedora de 77.5 por ciento de las acciones, en sociedad con la china Ganfeng Lithium, líder mundial en producción de baterías de litio. Esta compañía adquirió primero el 22.5 por ciento del capital accionario, que se incrementó a 50 por ciento en 2021, en una operación avalada durante diciembre de ese año por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Mining Technology aseguró que había “reservas probadas y probables” para extraer 243.8 millones de toneladas de carbonato de litio, con un potencial de 88 por ciento de producto extraíble y una vida útil de 19 años; y que en su primera etapa tendría una capacidad de producción de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio y 35 mil toneladas en su segunda etapa.

Contrario a esta información, un reporte del Servicio Geológico del gobierno de EE. UU., difundido en enero de 2021, revela que México tiene potencial para producir solo 1.7 toneladas de litio en total; y asevera que el 67 por ciento de las reservas mundiales de litio están en Bolivia, que posee 21 millones de toneladas, Argentina 19.3, Chile, 9.6, Australia 6.4, China 5.1, Canadá, 2.9 y Alemania 2.7. También revela que, entre 2016 y 2019, Argentina y Chile acapararon el 91 por ciento de las importaciones de litio hechas por EE. UU.

Los riesgos legales

Las reformas a la Ley Minera, legislación secundaria supeditada a lo dispuesto por la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, ratifican la propiedad nacional de los recursos minerales que existen en el subsuelo del territorio nacional, como es el caso del litio, que está claramente definido por el Artículo 27° de la Carta Magna.

Sin embargo, dicha reforma abre la posibilidad de que los corporativos internacionales se inconformen y recurran a litigios jurídicos debido a que la nueva Ley Minera faculta al Estado nacional a explotar, industrializar y comercializar en exclusiva el litio y suprime la participación de capitales privados en la minería del litio, pese a que el Artículo 27° constitucional prevé que estas actividades pueden ser objeto de concesión a particulares, como lo evidencian las concesiones que, en años pasados, otorgó la SE a una decena de empresas particulares.

Especialistas consultados demostraron que la Ley Minera es una legislación secundaria, supeditada a la Constitución, cuya reforma no deroga lo dispuesto por el Artículo 27° constitucional sobre la existencia de concesiones. Es decir, hasta ahora siguen vigentes las que ya poseen las empresas internacionales, aunque la actual Ley Minera excluya la participación de privados en la explotación del litio.

Además, la Ley Minera no aclara si solo se rechazarán las concesiones que se soliciten a partir del 20 de abril de 2022, cuando la reforma se publicó en el DOF, o si también considera excluidas las que se expidieron en años anteriores. En lo general, las legislaciones aprobadas no pueden aplicarse retroactivamente; esto es, no podrían afectarse actos jurídicos anteriores a la publicación de la reforma a menos que se emprenda la anulación o cancelación de las concesiones de su expropiación.

¿Qué va a pasar con esto?, preguntó buzos a Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible, del Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO). “Aquí, justo, una cuestión muy importante, es que no sabemos qué va a pasar” y destacó que la reforma a la Ley Minera debió establecer qué sucederá con las concesiones existentes, porque la Constitución permite que existan.

En este marco, “se tendría que proceder a decir: se respetan las que existen, pero no va a haber una sola más. O bien va a tener que haber una expropiación, y eso ya tendrá sus líos”. Es por esta razón que Carrillo afirmó que hubo apresuramiento en la aprobación de la reforma a la Ley Minera.

La SE es la autoridad facultada para expedir, anular o cancelar las concesiones en minería, como explicó a buzos el activista Miguel Ángel Mijangos, de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, colaborador también de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), quien expuso que se cancelan en el caso de que una empresa concesionaria no haya obtenido resultados positivos en sus exploraciones mineras durante un periodo de cinco años y, por lo tanto, carezca de expectativas de explotación real.

El 19 de abril de 2022, cuando se aprobó la reforma, el Presidente advirtió que se someterán a revisión “los contratos”, aunque en realidad son concesiones otorgadas conforme al Artículo 27° constitucional vigente: “Se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos, se van a revisar los contratos otorgados en el caso del litio. Se hace la revisión, no se suspenden los contratos para otros minerales, eso continúa vigente; es para el litio, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio; también para que no haya incertidumbre, es básicamente el litio”.

Al respecto, Mijangos advirtió a este semanario que, inicialmente, el Presidente había anunciado que no se afectaría a los concesionarios que ya tuvieran trabajos avanzados; pero luego declaró que se revisaría el caso de Bacanora en Sonora, que es la principal concesión del litio. “Sale y dice, vamos a revisar con lupa lo que está haciendo Bacanora, como tratando de decir, si la agarramos en algo se la vamos a quitar. Si lo hace, ahí si se va a meter en una controversia con una empresa global”.

Los tratados comerciales

La Ley Minera reformada contraviene además lo dispuesto en los tratados comerciales internacionales firmados por México, entre los que destaca el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), originalmente suscrito en 1994, actualizado por AMLO y que está vigente desde el 1° de julio de 2020.

Especialistas consultados por este medio explicaron que, en la actualización y ratificación del T-MEC, México no reservó ningún apartado para establecer la exclusividad del Estado nacional en la explotación del litio, por lo que este acuerdo también respalda la inversión privada en la explotación minera del litio y otros productos como el oro, tal es el caso de los corporativos canadienses.

Fue en este marco legal en el que las bancadas morenistas en el Congreso de la Unión señalaron que el rico yacimiento de litio sonorense de 243 millones de toneladas de litio, cuyo valor actual es de 70 mil dólares por tonelada, terminará en manos de México, sin recordar que la anulación o la expropiación de la concesión de Bacanora-Ganfeng implicaría un alto costo en eventuales demandas, litigios internacionales y el pago de millonarias indemnizaciones.

Sobre la creación de una empresa de Estado prevista en la Ley Minera para hacerse cargo de las actividades relacionadas con la minería del litio, los morenistas indicaron que podría denominarse Litiomex o incluso “Amlitio”, nombre que se sometió a una campaña de proselitismo político en manos de la dirección nacional de Morena, que el 20 de abril de 2022 organizó una encuesta en Twitter para preguntar a los usuarios qué denominación le gustaba más.

De acuerdo a la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, AC, el costo de una empresa minera de mediano tamaño es de unos 300 millones de dólares.

El gobierno de AMLO y Morena hoy parecen atrapados en un torbellino de intereses contrapuestos, nacionales e internacionales; dentro de la guerra comercial entre EE. UU. y China destaca el capítulo relacionado con el litio, de uso básico en las baterías de aparatos electrónicos pero, sobre todo, en la fabricación de autos eléctricos y como un sustituto de los combustibles fósiles, aunque especialistas advierten de un posible viraje hacia el uso de nuevas tecnologías, utilizando otros minerales o metales más accesibles, confiables y rentables.

Miguel Ángel Mijangos explicó a este semanario que, en la disputa por el liderazgo internacional de la “agenda verde”, que implica la sustitución de la energía contaminante, destacan EE. UU y China; y sus gobiernos se han visto en la necesidad de compartir forzosamente el litio, como es el caso de los yacimientos mundiales del “triángulo del litio” en Sudamérica (Argentina, Bolivia y Chile), “porque ninguno de ellos tiene el potencial para hacerlo por sí mismo. EE. UU tiene litio, pero no con la calidad como la que tiene, por ejemplo, el de Argentina y Chile”.

La demanda actual de litio, especialmente el requerido para fabricar baterías, rebasa con mucho la producción del mineral en el mundo; y Australia, que es el principal productor, ni las principales reservas de los países sudamericanos, logran satisfacer esa demanda, explicó Jesús Carrillo, del IMCO.

Para los expertos, esto se debe a que ese mineral no es tan abundante como se supone; y su extracción ofrece dificultades debido a que los yacimientos no son puros, porque generalmente está mezclado y su separación requiere tecnologías de punta cuyo alto costo disminuye su rentabilidad como negocio.

Por ello se “ha desatado” una ola de especulación financiera en bolsas de valores, con sus respectivas guerras de información en medios masivos, enfocadas a atraer inversiones para corporativos mineros mediante la difusión de yacimientos con recursos de cantidad y calidad muy altas, con la impresión de que el litio ya está extraído y limpio.

El informe El Litio: la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde, fechado el 21 de enero de 2021, de REMA y el Colectivo Geocomunes y Miningwatch (Canadá), sostiene que la mayoría de las 10 empresas internacionales concesionadas en México se dedica más a la especulación financiera que a la minería real, con baja expectativa de hallar el metal suficiente para que sea negocio en sí mismo.