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La disputa por el INE y la defensa de la democracia
La descalificación de AMLO al instituto electoral y el intento de apoderarse de él deben entenderse como un retorno al régimen semidictatorial del Siglo XX.
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El 22 de julio, la Cámara de Diputados eligió a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). El proceso transcurrió con tranquilidad desde febrero, cuando se instaló el Comité Técnico de Evaluación, hasta el 16 de julio, fecha en la que John Ackerman, miembro del Comité, acusó a sus colegas de intentar un golpe contra la “Cuarta Transformación” (4T). Según el académico, fue entonces cuando se dio cuenta de que los representantes del conservadurismo le estaban imponiendo todos los candidatos y que estaban excluyendo a los verdaderos representantes del pueblo. A partir de ese momento trató de sabotear el proceso, exigió su cancelación y logró el respaldo de 75 diputados, lo que generó gran polémica. Al final, Ackerman no logró su cometido: hubo cabildeo en el interior de la Cámara de Diputados y fueron aprobados los nuevos consejeros.

Este episodio exhibe la pretensión morenista de secuestrar al INE para asegurar resultados favorables en los próximos comicios. Con el argumento de que este instituto está corrompido y que ha cometido innumerables fraudes en apoyo a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), el actual partido en el poder ha manifestado el deseo de “recuperar” el INE para convertirlo en un organismo que respete y defienda la voluntad popular. En ese marco se entiende la advertencia hecha el 22 de junio por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando declaró que estará pendiente de que no haya fraude en las elecciones y que se convertirá en guardián “para que se respete la libertad de los ciudadanos”. El ataque al INE instrumentado por Ackerman viene, pues, de la concepción del Presidente, quien le tiene fobia especial a éste y se apresta a someterlo.

Es verdad que el INE no es una institución impoluta –su desempeño ha sido cuestionado constantemente– pero permitir que Morena se apropie de él entraña un grave atentado a la democracia. El INE es heredero directo del Instituto Federal Electoral (IFE), organismo fundado en 1990, en respuesta al reclamo democrático abanderado por los movimientos sociales desde los años 60. La creación del IFE significó un parteaguas en la historia política nacional, pues las elecciones dejaron de estar a cargo de la Secretaría de Gobernación y pasaron a manos de un organismo autónomo, el cual permitió la alternancia del poder en 2000. El presidencialismo nacido de la Revolución Mexicana de 1910 y consolidado con los gobiernos del PRI comenzó a erosionarse significativamente hasta que este tipo de instituciones pusieron límites al poder presidencial.

Por ello, la descalificación de AMLO al instituto electoral y el intento de apoderarse de él deben entenderse como un retorno al régimen semidictatorial del Siglo XX. Quizá sea el recuerdo de esa experiencia y su propia militancia en el PRI los que llevaron al diputado Porfirio Muñoz Ledo a denunciar las actitudes presidencialistas dentro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Una prueba de las nocivas consecuencias que puede tener el sometimiento del instituto electoral al Poder Ejecutivo se halla a la vista en Puebla, donde el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), obedeciendo órdenes del gobernador Miguel Barbosa, y atropelló las reglas de esta institución para negar al Movimiento Antorchista Poblano (MAP) el derecho a convertirse en partido político local. Ahora, el gobernador poblano, temeroso de perder el poder y aprovechando la mayoría morenista en el Congreso local, ha reformado la ley estatal para limitar más las capacidades proselitistas de los partidos de oposición en las próximas elecciones.

Es claro que la disputa por el INE tiene como trasfondo “la batalla” electoral de 2021. Por un lado, Morena busca apoderarse del instituto para conservar la mayoría en el Poder Legislativo y, por el otro, los partidos opositores tratan de colocar sus alfiles en el organismo electoral. El objetivo de contar con un árbitro imparcial no se logra eliminándolo y reconcentrando sus funciones en el Presidente de la República. La mejor defensa de la democracia es la que hacen las masas movilizadas, tal como ocurrió con los primeros pasos de la apertura política de los años 70. Por lo tanto, es necesario el surgimiento de nuevos partidos que alienten la participación política activa y consciente de las masas trabajadoras, las únicas verdaderamente capaces de profundizar la endeble democracia mexicana. Mientras esto no ocurra, los partidos tradicionales seguirán concibiendo el INE como el mecanismo que valida el ejercicio democrático y disputándose las posiciones de su arbitraje. Para defender las conquistas alcanzadas en el terreno de la democracia y seguir avanzando en la construcción de una democracia más equitativa, es necesaria la participación activa y consciente de las clases trabajadoras.


Escrito por Carlos Ehécatl

COLUMNISTA


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