Las campañas políticas previas a la jornada electoral del dos de junio, en las que se renovarán 20 mil 367 puestos de elección popular –entre ellos 629 federales, incluidas la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías y nueve gubernaturas– transcurren en un ambiente de violencia pocas veces visto; actores de perturbación son el crimen organizado y algunas autoridades del Gobierno Federal.

Los actores criminales intervienen especialmente en los comicios locales, en cuyo ámbito al menos 98 millones de ciudadanos, según el Instituto Nacional Electoral (INE), renovarán 19 mil 738 cargos estatales y municipales, entre ellos los de la Ciudad de México (CDMX), con sus 16 alcaldías, Chiapas, Morelos, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Yucatán; mil 802 presidencias municipales; mil 98 diputaciones locales; poco más de 14 mil regidurías; más de mil sindicaturas y 400 autoridades auxiliares.

En la presentación del informe Atlas de Homicidios: México 2022. Una crisis que no cesa, de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Sandra Ley, especialista de la organización civil México Evalúa, advierte que el riesgo de violencia ha aumentado en estos procesos porque el crimen organizado busca establecer o ratificar pactos con las autoridades políticas.

El pasado siete de diciembre, la investigadora de México Evalúa previó que en 2024 habría un incremento en las acciones de violencia contra candidatos y otros actores políticos debido a las disputas sostenidas por las bandas delincuenciales frente al control territorial de múltiples regiones de la República.

Por su parte, la empresa consultora Laboratorio Electoral (LE) difundió, en la primera quincena de marzo, el reporte preliminar Violencia Electoral proceso 2023-2024, en el que reporta que, del cuatro de junio de 2023 al 12 de marzo de 2024, se han registrado 109 casos de violencia electoral, de los cuales 43 culminaron en asesinatos y 18 en atentados.

De los 43 políticos asesinados, 37 eran hombres y seis eran mujeres; 21 aspiraban a una candidatura; siete de éstos fueron asesinados, dos eran colaboradores de partidos y una familiar. Apenas el pasado 23 de marzo fue asesinado a balazos Jaime González, candidato de Morena a la alcaldía de Acatzingo, en el estado de Puebla.

Días antes, en el estado de Oaxaca, mataron al presidente municipal de Chahuites, Joaquín Martínez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Humberto Amezcua, expresidente municipal de Pihuamo, Jalisco, quien aspiraba a reelegirse, fue ejecutado. El precandidato de Morena a la alcaldía de Chilapa, en Guerrero, Tomás Morales Patrón, fue asesinado de dos balazos en la cabeza la noche del 12 de marzo cuando llegaba a su casa, cercana al cuartel de la Policía Municipal.

En la Costa Chica de Guerrero, pero un día antes, el excandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Honorio David Morales Sandoval, y su esposa, Juana Suastegui Guzmán, fueron asesinados en su domicilio.

Entre el 26 y 27 de febrero, sujetos a bordo de motocicletas mataron, en sitios diferentes, a dos aspirantes a la alcaldía de Maravatío, Michoacán: Armando Pérez Luna, del Partido Acción Nacional (PAN) y Miguel Ángel Zavala Reyes, de Morena.

El 26 de febrero se reportó un atentado a balazos contra Omar Jalil Majul, aspirante a alcalde de Taxco, Guerrero, por la coalición Fuerza y Corazón por México (FCM), integrada por el PAN y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), quien sobrevivió al ataque porque viajaba en una camioneta blindada.

La misma situación había vivido, el 24 de febrero, Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, aspirante chiapaneco al Senado por la coalición FCM, cuando se dirigía al municipio de Teopisca.

El 10 de febrero fue atacado Jorge Antonio Monreal Martínez en su domicilio de Fresnillo, Zacatecas; era funcionario de Desarrollo Social en la alcaldía y sobrino del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal, ambos morenistas.

Días antes, el siete de febrero, fue ejecutado, en el centro de Fresnillo, Juan Pérez Guardado, cuñado de los Monreal; se desempeñaba como director municipal de Desarrollo Social, oficina que hasta octubre de 2023 había encabezado Saúl Monreal Ávila, hoy candidato morenista al Senado.

En Zapopan, Jalisco, el 1° de febrero, murió por disparos de arma de fuego Armando Jaime Vera Alanís, precandidato del PVEM al municipio de Mascota. El 27 de enero fue atacado José Alejandro Naredo García, dirigente regional del PRD, mientras caminaba por una calle del municipio de Cuitláhuac, Veracruz.

El 11 de enero fue abatida a balazos Miriam Ríos, comisionada municipal del MC en la localidad de Jacona, Michoacán, quien además era presidenta del Colectivo Vive Libre Jacona. El hecho ocurrió mientras atendía su puesto comercial ubicado sobre la avenida Juárez, en la ciudad de Zamora.

El seis de enero fueron asesinados dos precandidatos a presidente municipal: David Rey González Moreno, de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Suchiate, Chiapas, y Sergio Hueso, del MC, en Armería, Colima.

El secretario general del PAN en Morelos, Giovanni Lezama Barrera, fue ejecutado el cuatro de marzo al interior de un gimnasio en Cuautla, Morelos; aspiraba a una diputación local por la alianza estatal PRI-PAN-PRD.

El 21 de diciembre de 2023, a consecuencia de un ataque armado, resultó muerto Ricardo Taja Ramírez, aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Acapulco, Guerrero.

Asunto de “publicistas”: AMLO

En su conferencia matutina del cuatro de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que el alto número de acciones violentas contra políticos “es un asunto de publicistas… como hay elecciones, hay gente que magnifica los problemas de inseguridad” y agregó: “el pueblo de México es feliz y no hay el ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos electorales; la verdad, están muy despistados los estrategas, porque esto no les ayuda en nada”.

Hasta diciembre de 2023, el 59.1 por ciento de la población mexicana con 18 años y más consideraba insegura la ciudad donde vivía, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aplicó en el tercer trimestre del año pasado.

El estudio de opinión, publicado el 18 de enero de 2024, fue realizado en 75 ciudades relevantes del país donde se encontró que el 64.8 por ciento de las mujeres y el 52.3 por ciento de los hombres “consideraron que vivir en su ciudad es inseguro”.

Las ciudades con el mayor número de personas que expresaron sentir incertidumbre son Fresnillo, Zacatecas (96.4 por ciento); Naucalpan de Juárez, Estado de México (91.0); Uruapan, Michoacán (89.9); Ecatepec de Morelos, Edomex (88.7); Zacatecas, Zacatecas (87.6) y Cuernavaca, Morelos (85.7 por ciento).

La empresa TResearch International, que contabiliza homicidios, reportó que en 64 meses del actual sexenio, entre el 1° de diciembre de 2018 y el cuatro de marzo de 2024, se habían registrado 182 mil 397 asesinatos, es decir, una cifra 43.7 por ciento mayor a la que se reportó en el mismo periodo del sexenio del expresidente Felipe Calderón: 102 mil 812.

En su campaña electoral de 2018, AMLO prometió acabar con la “guerra de Calderón” y regresar las fuerzas armadas a sus cuarteles, a las que el entonces Presidente había sacado a las calles para realizar labores de seguridad pública; pero lejos de cumplir con ese compromiso, una vez en la Presidencia de la República, AMLO se ha dedicado a promover la militarización.

A decir de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), desde 1962, cuando comenzaron a contabilizarse las personas desaparecidas en el país, hasta enero de 2024, los mexicanos en esta situación sumaban 111 mil 10; pero el mayor número de desapariciones se ha producido en el presente sexenio.

Violencia electoral

En cuanto a la violencia electoral, los datos más recientes del estudio Votar entre balas, emitido por la organización Data Cívica revelan que, entre 2018 y lo que va de 2024, se han registrado mil 722 ataques: asesinatos y amenazas “contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos”.

Explica que el 77.8 por ciento de las víctimas eran hombres; el nueve por ciento eran candidatos; 48.4 por ciento funcionarios públicos y 7.9 por ciento familiares de funcionarios públicos y políticos.

Guerrero encabeza la lista de los estados con mayor número de ataques (11.6 por ciento); le siguen Guanajuato, Veracruz y Oaxaca. “Estos cuatro estados representan el 38.4 por ciento de los eventos violentos registrados”. Entre los municipios, el primer lugar es ocupado por Tijuana, Baja California, seguido de Celaya, Guanajuato; Chilpancingo y Taxco, Guerrero.

Itzel Soto, coordinadora del estudio Votar entre balas, informó a buzos que la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios para obtener protección y recursos económicos.

“Se concentran en puestos a nivel municipal, como regidores, alcaldes, y por eso ahí es donde estamos viviendo más violencia, sobre todo contra personas que ocupaban cargos o están contendiendo por puestos municipales”, detalló.

Soto agregó que no es una cuestión de partidos, porque entre las víctimas hay militantes de todas las fórmulas. “Tiene que ver más con las luchas entre grupos armados que apoyan a diferentes políticos”, aunque aclaró que la situación también es distinta en los niveles estatal, municipal o regional.

En su Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales 2024, Integralia Consultores informa que entre el 1° de enero y el 1° de febrero de 2024 hubo 32 víctimas de violencia electoral en general, entre ellas siete aspirantes asesinados.

En su más reciente actualización, Integralia puntualiza que entre septiembre de 2023 y el 28 de febrero de 2024 hubo una víctima diaria por violencia electoral (1.3 en la estadística) y que se registraron “182 incidentes de violencia política, asociados a 238 víctimas”.

Entre estos incidentes, abundó, “los asesinatos representan 48.3 por ciento del total de las agresiones y los atentados 21.8 por ciento. La violencia letal es más frecuente porque es el mecanismo más eficaz de intervención del crimen en las elecciones”.

Contabilizó 44 agresiones contra aspirantes o candidatos para cargos de elección popular, una cada cuatro días; los más afectados son quienes buscan un puesto de elección popular, estatal o municipal, porque representan un acceso directo al control de los recursos estatales.

En cuanto a las áreas territoriales citó a Guerrero, Michoacán y Chiapas como las entidades con la mayor cantidad de víctimas, porque en ellas hay más grupos criminales en conflicto.

Un estudio del Colegio de México (Colmex) coincide con los analistas e investigadores en que “la violencia tendrá un rol decisivo en las elecciones generales de 2024” y también en que hay más intervención del crimen organizado en los niveles locales.

El informe Urnas y tumbas, investigación coordinada por el académico del Colmex Sergio Aguayo Quezada, señala, el 14 de febrero de 2024, que “el panorama es negro y turbio para las elecciones mexicanas”.

El 12 de marzo, AMLO criticó el acuerdo contra la violencia firmado el día 11 por los tres candidatos presidenciales: la oficialista Claudia Sheinbaum y los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, al considerarlo injustificado porque, según él, no existen altos niveles de violencia e inseguridad pública en el país.

“Desde luego yo respeto mucho a las iglesias, pero políticamente no estoy de acuerdo en que se quiera crear un ambiente que no existe”, aclaró AMLO durante su conferencia de prensa matutina de ese día.

Un rotundo fracaso 

“Queda perfectamente claro que el gobierno fracasó en cumplir sus metas de seguridad: el país no se pacificó; los delincuentes no dejaron las armas por los tractores; los delitos no bajaron”, aseveró Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

En su artículo ¿Será necesario comenzar de cero en seguridad el nuevo sexenio?, publicado el cuatro de enero de 2024, el director de ese centro de análisis especializado en seguridad pública y justicia, reconoció que el actual gobierno terminará como el peor de la historia en materia de seguridad pública.

“La ausencia de una verdadera estrategia de seguridad y la puesta en marcha de proyectos sin planeación adecuada y deficiente ejecución, ha derivado en que el país se encuentre en su peor momento de violencia e incidencia delictiva”, precisa el texto.

En el reporte delictivo de julio de 2023, el Observatorio Nacional Ciudadano criticó “la inconsistencia que existe entre las declaraciones oficiales y los datos que se presentan, así como las evidencias que apuntan a un maquillaje sistemático de los delitos por parte de diversas autoridades.

“No importa cuántas veces nos repitan que vamos bien en seguridad, que maquillen los datos, la violencia no desaparece por decreto y éste se coronará, por mucho, como el sexenio más violento de la historia”, aseveró el Observatorio Nacional Ciudadano.

A su vez, la organización civil Causa en Común advirtió 1° de marzo de 2024 que “sin la reconstrucción de las instituciones civiles y sin incrementos presupuestales, ninguna estrategia de seguridad será viable”.

También indicó que está suficientemente acreditado que la militarización de la seguridad pública no es una solución; y que a pesar del subregistro de casos y la manipulación política de los datos oficiales, en 2023 hubo 29 mil 675 asesinatos en México.

Insuficiente protección a candidatos 

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN y Jesús Zambrano, del PRD, denunciaron que resulta insuficiente el protocolo de seguridad electoral dispuesto por el INE y el Gabinete de Seguridad Federal para proteger a los candidatos a posiciones políticas.

Demandaron que se priorizó en los candidatos a la Presidencia, las gubernaturas, las diputaciones federales y las senadurías, y que se minimiza el peligro al que están expuestos los 20 mil 367 aspirantes a puestos de elección popular en los estados y municipios, donde hay mayores riesgos.

“Hacemos un llamado urgente a que se tomen en consideración todas estas observaciones porque nos encontramos ante uno de los procesos electorales más grandes de la historia de México, que se encuentra en riesgo por la creciente violencia que vive el país”, alertó Cortés el pasado 13 de febrero.

El 28 de febrero, el representante del PRD ante el INE, Guadalupe Acosta Naranjo, declaró que la delincuencia organizada está exigiendo a los militantes de partidos retirar sus candidaturas y quienes se niegan son asesinados. “Los partidos hemos puesto también una cuota de sangre por decirle no a los delincuentes”, expresó.

“Ésta no es solamente una tarea de un partido político. Es una tarea del conjunto de las fuerzas políticas y gubernamentales para tratar de llevar una elección donde la violencia no sea su sello”, denunció el representante perredista.

El 1° de marzo de 2024, cuando empezaron “oficialmente” las campañas electorales hacia el dos de junio, entró en operación un “protocolo de seguridad” para candidatos definido por el INE y el Gabinete de Seguridad Federal.

Previamente, el cinco de diciembre de 2023, estas instituciones y la Fiscalía General de la República instalaron una Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal 2023-2024 para que las elecciones del dos de junio sean “libres, pacíficas y ordenadas”.

El Gabinete de Seguridad Federal está integrado por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Estas dependencias brindan protección a los candidatos presidenciales, a gobernadores, diputados federales y senadores, en tanto que a los demás aspirantes se les pide obtener un análisis de riesgos por la Guardia Nacional o probar que han sido amenazados y realizar un trámite a través del INE.

Desde la reforma electoral de 2014, el INE también se encarga de organizar las elecciones estatales con los Organismos Públicos Locales Electorales, y coordinar las acciones de seguridad electoral a través de 266 unidades regionales ubicadas en las 32 entidades federativas.

En la sesión del INE del 28 de febrero se conoció que 73 aspirantes a posiciones electorales habían solicitado protección para sus campañas políticas bajo el citado protocolo de seguridad.