Desde hace ya varias décadas, y hasta este sexenio, la crisis educativa en México se ha venido profundizando; durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el rezago educativo y la deserción escolar aumentaron exponencialmente debido a la absoluta desatención. Pero lo peor de esto es que no hay visos de que, en los años venideros, las consecuencias negativas de tales problemas vayan a ser atendidas a fondo, como se notó en el fallido primer debate presidencial.

El 1º de octubre habrá nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal en el país; y uno de los retos de la mayor prioridad para el nuevo Presidente consistirá en atender expedita y ampliamente los problemas del sistema educativo, además de los de salud y seguridad, ámbito en el que millones de mexicanos sufren diariamente agresiones físicas y patrimoniales por las múltiples bandas de delincuentes comunes y “organizados”.

Este objetivo deberá implicar un cambio sustancial en el diseño de las estrategias educativa, sanitaria y policial; porque las aplicadas por AMLO llevaron a México al desastre casi integral, como ocurrió también en el ámbito económico y comercial. Pero ¿qué debe hacerse con la educación? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué porcentaje del presupuesto estatal debe destinar el Gobierno en este rubro fundamental para el desarrollo de México?

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), organización civil dedicada al análisis especializado del gasto público, reportó que este año el Gobierno morenista gastará 102 mil 958 millones de pesos (mdp) en las becas que se entregan a estudiantes de educación media superior y superior, monto que equivale al 9.3 por ciento del presupuesto del sector educativo.

En 2023, más de 22 millones de los 34 millones 941 mil 380 de estudiantes de los tres niveles educativos recibieron una beca, monto presupuestal que contrasta con los resultados del Gobierno Federal morenista en educación; y que sugiere que estas transferencias obedecieron a sus intereses electoreros y no a la superación del rezago, la deserción y de la falta de mantenimiento e infraestructura escolar.

Al próximo gobernante no le será fácil enfrentar estos remanentes negativos; el gobierno ya agotó su capacidad fiscal para cubrir estas becas, no se ha mejorado la calidad de la educación ni la capacidad del mercado laboral para absorber a los egresados; y únicamente se prevé una crisis educativa que se profundiza a diario.

Hoy, el Gobierno Federal está muy lejos de cumplir con el mandato constitucional –establecido en 1993– de invertir el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en educación; y prestar servicios educativos de calidad en todos los niveles.

Antes de la pandemia de Covid-19 se destinaba el 3.84 del PIB a educación; en 2023, el gobierno de “los pobres” redujo la partida a 3.24, monto inferior al 4.6 por ciento de Brasil y al 4.5 por ciento de Argentina.

En mayo vamos a “celebrar” el Día del Maestro y el Día del estudiante; pero habrá muy poco que festejar porque, según cifras de la SEP, en seis años de “transformación”, la tasa de escolarización en educación básica cayó del 96.8 por ciento que había en 2015, al 90.8 por ciento de 2023. Ahora hay 10 por ciento de niños y adolescentes menos en escuelas de prescolar, primarias, secundarias y preparatorias.

Otro de los grandes adeudos del sistema educativo nacional es la inversión del Estado en infraestructura y mantenimiento de los centros escolares. La organización civil México Evalúa denunció recientemente que este gasto disminuyó 54 por ciento de 2013 a 2021; que en el bienio 2020-2021 se redujo el 12 por ciento; y que 198 mil 192 escuelas públicas de nivel básico carecían de agua potable.

El mismo informe detalla que el 22 por ciento de las escuelas públicas de nivel básico (43 mil 600) no contaban con líquido vital; que 35 mil 674 carecían de lavabos; 13 mil 873 del servicio de luz eléctrica y 11 mil 891 de sanitarios independientes. Esta situación crítica, sin embargo, es evadida por AMLO quien, hace un par de años, denominó “neoliberales” los resultados de la prueba PISA.

Frente a esta situación de desastre, ¿qué camino debemos seguir? Un buen comienzo incluiría el aumento del gasto público del 3.24 al cuatro o cinco por ciento del PIB; mejorar la infraestructura escolar en todo el país; invertir en la capacitación de los maestros y brindarles mejores salarios. La crisis educativa de México requiere que el próximo Gobierno Federal elabore un proyecto diferente al que hoy existe. ¿Es posible esperar esto o sólo es un sueño guajiro? Por el momento, querido lector, es todo.