En 2019, su primer año de administración estatal, el gobernador morenista de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez incurrió en gastos irregulares por un monto superior a 500 millones de pesos (mdp), que con los de los 212 ayuntamientos y los organismos descentralizados ascendió a dos mil 650 mdp.

Si no comprueba estos gastos detectados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Congreso local, cada una de las observaciones sería evaluada como un daño patrimonial contra las arcas veracruzanas, pese a que el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, haya intentado atribuirlas a una incorrecta interpretación de los datos incluidos en la Cuenta Pública de 2019.

Cuando el pasado 29 de julio, el Orfis entregó finalmente su Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados local –que debió hacer en noviembre de 2020– pudo conocerse que las 825 auditorías practicadas a la administración de los fondos públicos de Veracruz generaron mil 989 observaciones y recomendaciones al gobierno de García Jiménez.

La auditora general Delia González Cobos informó que el Orfis realizó a 305 Entes públicos 596 auditorías integrales a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2019; 306 auditorías financieras-presupuestales; 224 auditorías técnicas a obras públicas; 60 auditorías de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera y seis integrales (legalidad y desempeño); 169 revisiones de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera y 60 evaluaciones de participación ciudadana.

“A pesar de la situación política que se ha vivido por las próximas elecciones de este 2021, puedo asegurar que los resultados de las auditorías no tienen influencia política ni partidista, pues el Orfis es un órgano autónomo sin tintes políticos; además, todos los servidores públicos de esta institución tenemos el compromiso de desempeñar nuestro encargo con profesionalismo, imparcialidad y rigor técnico. Las observaciones y recomendaciones que se hacen a los Entes Fiscalizables son el resultado de cómo éstos han ejercido los recursos públicos. En el Orfis laboramos con una filosofía de integridad para servir a Veracruz con la firme convicción que nuestra institución se vuelva referencia a nivel nacional”, agregó la Contadora General.

De acuerdo al informe, el monto de las observaciones detectadas en el ejercicio fiscal del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz en 2019 asciende a dos mil 654 mdp, y el presunto daño patrimonial es por 191 millones 995 mil 930 pesos. Tres dependencias acumulan observaciones por 16 millones 630 mil 854 pesos y una de ellas, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), a cargo de Helio Hernández Gutiérrez, acopia el 80 por ciento de dicho monto.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza Guillermo Fernández Sánchez, tiene presuntas irregularidades por dos mdp y la Coordinación General de Comunicación Social, que dirige Iván Joseph Luna Landa, casi por un millón de pesos en pagos de publicidad a Facebook. La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), cuyo titular es Zenyazen Escobar García, tiene un subejercicio de 26 mdp que estaban etiquetados para becas, además de varios pagos sin facturas. Hay 35 organismos públicos descentralizados que deben documentar gastos por 241 millones 686 mil 412 pesos; y tres fideicomisos que deben hacer lo mismo con 21 millones 511 mil 245 pesos; el monto de estos entes asciende a 279 millones 828 mil 513 pesos.

Entre los primeros se hallan el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (Ipax), el Colegio de Veracruz (Colver), el Instituto de Espacios Educativos; 19 Institutos Tecnológicos Superiores, las universidades tecnológicas, el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatver), la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, el Instituto Veracruzano de la Cultura (Ivec), los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y el Desarrollo Integral para la Familia estatal (DIF).

Los fideicomisos observados son el Fondo Ambiental Veracruzano, el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (Fiverfap) y el Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz (Expover). “Estoy convencido de que a pesar de la adversidad que tuvo el personal del Orfis, derivado de la pandemia por Covid-19, se está haciendo entrega de un excelente trabajo apegado a la legalidad y transparencia, tal como se han caracterizado”, afirmó el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Eric Domínguez Vázquez.

Los pendientes de observación

El vocero del Movimiento Antorchista en Veracruz, Andi Uriel Hernández Sánchez, advirtió que de los 13 millones 443 mil pesos que hay en observación de las cuentas de la SIOP, se halla el presunto desvío de dos millones 233 mil pesos destinados a la construcción del parque principal de la colonia 13 de diciembre en el municipio de San Rafael.

“Es un caso que los antorchistas conocemos muy bien, pues precisamente a finales de 2019 estuvimos denunciando y exigiendo a la SIOP que se aplicaran todos los recursos que la tesorería Federal había designado para la construcción de esta obra, pues arbitrariamente se le realizaron cambios al proyecto original de construcción y se eliminaron diversos complementos recreativos, entre ellos una fuente danzarina, que los habitantes de la colonia habían solicitado para embellecer su comunidad. La estrategia fue precisamente abaratar lo más posible esa obra para que parte del dinero destinado a su edificación se desviara para provecho personal de los morenistas que gobiernan Veracruz. Así lo señalamos en su momento y ahora el propio Orfis nos da la razón”, subrayó.

Sobre los ocho millones 759 mil pesos observados en el Instituto de Espacios Educativos, dependiente de la SEV, reveló que hay varias obras realizadas con materiales de mala calidad y reportadas con sobrecosto, además de que las aulas no fueron equipadas con mesas, pizarras, pupitres y, por tanto, no son viables para ser utilizadas. En esta situación se halla la telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla en Pánuco.

“Además, en la SEV se gastaron 12 mdp en 2019 para diversos festejos, siendo los más onerosos las pachangas por el fin de año y el inicio de año; fueron más de siete mdp para que celebraron los directivos de las oficinas centrales de la SEV con sendos banquetes costeados por los contribuyentes”, detalló.

Durante la gestión de Sofía Huerta Martínez en el Poder Judicial se detectó un presunto daño patrimonial por 85 millones 514 mil 709 pesos. Tan solo en los tribunales Superior de Justicia (TSJ) y de Conciliación y Arbitraje (TCA) y en el Consejo de la Judicatura hay que aclarar cuatro millones 500 mil 925 pesos. El Poder Legislativo solo tuvo inconsistencias de carácter administrativo, que dieron lugar a recomendaciones.

En la Universidad Veracruzana (UV) hubo un presunto daño patrimonial por un millón 684 mil 119 pesos. La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales (Ivai), de manera conjunta, tienen que aclarar un millón 704 mil 610 pesos. El Orfis observó un millón 631 mil 731 pesos, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente en el capítulo “servicios generales” que no se pudieron justificar.

Las auditorías en materia financiera y técnica a la obra pública advirtieron presunto daño patrimonial por 11 millones 865 335 pesos en seis entidades paramunicipales: las Comisiones Municipales de Agua de Coatepec, Huatusco, La Antigua, Naolinco y Córdoba, y el Instituto Municipal de la Mujeres Platonenses.

La mayor desviación, por más de dos mil 100 mdp, fue detectada en la administración de los ayuntamientos con un presunto daño patrimonial de dos mil 26 millones 637 mil 885 pesos; solo en 13 municipios –entre ellos Alvarado, Tuxpan, Tres Valles y Medellín– se detectaron 39 millones 976 mil 506 pesos en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.

El presidente municipal electo de Córdoba, el morenista Juan Martínez Flores, exigió a quien será su antecesora, la panista Leticia López Landero, que aclare el presunto daño patrimonial por 25 millones 169 mil 818 pesos que reportó el Orfis, y exhortó al Cabildo para que proceda legalmente, pues solo se revisaron 33 de 77 obras y acciones en el ejercicio fiscal de 2019; y en el Informe de la Cuenta Pública 2019 fueron descritos como “bienes no localizados físicamente varias torres de video-vigilancia supuestamente instaladas por la administración municipal vigente”.

Pronosticó, asimismo, que solicitará a las diputadas electas de Córdoba que se sumen a la demanda de ampliar las auditorías al gobierno municipal, porque quedó pendiente una auditoría específica recomendada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados (Federal) y la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado para investigar denuncias por malversación de fondos públicos en la gestión de López Landero.

“Es vergonzosa la corrupción en Córdoba al grado de esconder a los auditores del Orfis las torres de videovigilancia para tratar de evadir las responsabilidades legales”, consideró el alcalde electo. En la capital del estado, Xalapa, gobernada por el morenista Hipólito Rodríguez Herrero, el Orfis observó más de 14 mdp. De los 212 ayuntamientos de Veracruz, solo en dos, Colipa y Magdalena, no se detectó daño patrimonial.

La reacción del gobierno morenista

Una vez que los resultados de las auditorías se hicieron públicos, el titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, declaró: “Creemos que es una falta de entendimiento y comprensión de los auditores del Orfis que revisaron esta parte de deuda pública. Sin problemas serán solventadas todas las observaciones”. El gobernador García Jiménez, por su parte, criticó el retraso que tuvo el Orfis para entregar sus resultados y anunció que, para resarcir los daños, habrá que esperar al menos un año.

“¿Cómo diablos encontrarán culpables si es la Cuenta Pública 2019? Pero apenas es el paso por el Congreso, todavía viene de que, si ahí encuentran algo, ¿quién es el responsable? Hay que llamarlo; eso lleva otro año por lo menos. Estos procesos ya no deben ser así, deberían ser más ágiles para poder resarcir los daños. En este caso ¿cómo podría hallarse a los responsables que resulten con observaciones? Se necesita mayor agilidad en estas acciones”, denunció cuando se le preguntó al respecto.

En conclusión, en el primer año de la administración morenista hubo 76 entes estatales fiscalizados, de los cuales 46 reportaron irregularidades en las que presuntamente hubo daños patrimoniales por un monto de 289 millones 349 mil 899 pesos; en 28 hubo inconsistencias de carácter administrativo y/o recomendaciones, entre las que se halla la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo y solo en dos entes estatales hubo recomendaciones.

Con respecto a los ayuntamientos, 210 registraron irregularidades con presunción de daños patrimoniales por un importe global de dos mil 26 millones 637 mil 885 pesos y únicamente dos tuvieron inconsistencias de carácter administrativo que requirieron recomendaciones. De las 17 entidades paramunicipales auditadas, seis incurrieron en irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por 11 millones 865 mil 335 pesos y 11 reportaron inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones.

Una vez que el Congreso de Veracruz termine la revisión y apruebe las cuentas, instruirá al Orfis a investigar las observaciones detectadas en los entes públicos donde hubo daño patrimonial o faltas administrativas graves para substanciar un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, y que los diputados locales promuevan las acciones administrativas o penales ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado (FGE). Habrá que esperar qué hará al respecto la mayoría morenista en el Congreso local.