El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) citó al personal médico que hace 19 meses contrató para atender a pacientes de Covid-19 para hacerlos firmar su renuncia o aceptar el traslado a localidades fuera de Morelia, con el argumento de que la pandemia ha cedido, no obstante que la tercera ola de contagios y muertes se halla en su punto más alto.

El titular del Insabi, Alejandro Ernesto Svarch Pérez, ofreció a las 36 mil 583 enfermeras y enfermeros que el cuatro de abril de 2020 se sumaron al combate contra el Covid-19, que su contratación sería permanente, siempre y cuando aceptaran trabajar en otras unidades médicas de la Secretaría de Salud. Éstas fueron sus palabras:

“La primera acción es dar certeza laboral a quienes han reforzado la primera línea de atención en el área de enfermería. Los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) cuentan con nueve enfermeras y enfermeros por cada mil habitantes, mientras que en México es de 2.5 por igual cantidad de personas.

“La segunda acción está enfocada en incrementar el número de enfermeras especialistas en diferentes áreas, ampliando las oportunidades de profesionalización para 308 mil enfermeras y enfermeros que hay en el país”.

Sin embargo, año y medio después, cuando Morelia había reportado cerca de dos mil 500 contagios en las primeras semanas de agosto, los trabajadores de la salud que fueron contratados para brindar sus servicios en la capital michoacana, fueron informados de que ya no eran necesarios porque el Covid-19 “ya no existe en Michoacán”.

Para entonces, la llamada “tercera ola”, con sus dos variantes, había obligado al gobierno estatal a mantener en semáforo rojo no solo a Morelia, sino a los municipios de Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Uruapan.

“El virus que conocíamos desde hace más de un año y medio ya no es el que estamos enfrentando, hay mutaciones que nos obligan a tomar decisiones rápidas y acertadas para evitar escenarios como los que tuvimos en 2020”, advirtió el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

En junio, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), los hospitales de Morelia con camas para atender Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) tenían una ocupación del 37 por ciento; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE), del 67 por ciento; los locales, del 43 por ciento; el sector privado, del 31 por ciento; y los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 29 por ciento.

Pero la información del SSP contrastaba con la de los familiares de los pacientes del Covid-19, quienes afirman que los hospitales estaban “al tope” de su capacidad y que gran parte de los recién contagiados no hallaban atención en los nosocomios públicos. Hoy esa situación ha empeorado.

“Mi hija estuvo internada en el IMSS por Covid-19 a finales de julio; su novio la llevó al hospital porque comenzó a saturar a menos de 85 por ciento. Él nos dijo que al ingreso de ella le hicieron firmar a él diferentes papeles y le pidieron un número de teléfono, en el cual el personal del hospital se comprometió a notificar a diario y una vez al día sobre la salud de Karla, pero no fue así”, informó a buzos Alejandra Olivera.

“Pasó más de una semana internada y no supimos nada de ella, y eso que diario íbamos a pedir informes y no nos atendían que porque no tenían información o que la información la darían más tarde y nada, solo nos hacían perder el tiempo. Fue por una amiga de una amiga que conoce a alguien trabajando ahí en el hospital que supimos que no nos llamaban porque es tanta la cantidad de pacientes que no alcanzan ni siquiera a avisar a los familiares sobre los enfermos por estarlos atendiendo.

“Uno piensa lo peor y al no saber de nuestros familiares, ni por teléfono ni yendo a la clínica, todo se vuelve un infierno. Hay un contagiadero en Morelia y nadie hace nada. Mucha gente no se cuida y el gobierno no está diciendo en realidad cómo está el asunto. Dicen en las noticias que sí hay lugares y cupo, pero está lleno y a cada rato llegan nuevos pacientes en mal estado”, agregó Alejandra.

El Insabi incumple su palabra

Los trabajadores de la salud que fueron amenazados con el despido o el traslado son 422 y la mayoría laboran en los hospitales Infantil y Civil de Morelia.

“Al inicio de la pandemia nadie quería estar en primera fila por el miedo a no sobrevivir al estar atendiendo a pacientes contagiados. Fue cuando el Presidente de la República abrió una convocatoria, en la cual se ofreció un salario bastante jugoso como para aventarte a las filas, habiendo también la probabilidad alta de que nos dieran una base federal y fue entonces que decidí meter mis papeles e ingresar”, indicó a buzos Camila G., una enfermera afectada por la amenaza de despido en Michoacán.

“Cuando se abrió la convocatoria se pedían varios perfiles: auxiliar de enfermería, enfermera general, enfermera especialista; y obviamente, entre mejor categoría, el salario era mejor. Insabi prometía mucho, te hacía pensar que valía la pena arriesgarte, eso siempre y cuando sobrevivieras a los contagios. Los escenarios en los hospitales eran y hasta ahora siguen siendo devastadores. Llegó un momento en que los respiradores no eran suficientes, veías morir a los pacientes sin poder hacer mucho por ellos. Devastador era escuchar a los pacientes decir ¡ya no puedo! Leerles las cartas escritas por sus familiares no ha sido fácil, y es que una vez ingresados al hospital no sabemos si se volverán a ver”, reveló Camila.

Esta paramédica informó que inicialmente su contrato fue temporal y que se renovó cada tres meses para que no creara antigüedad; pero después de que en junio los citaron en el Centro de Convenciones y Exposiciones (CCE) de Morelia, su situación laboral es de absoluta incertidumbre.

“Llegada la fecha y ya estando todo el personal presente, nos dividieron en tres grupos para mayor comodidad, y en la entrada nos quitaron los celulares, los metieron en bolsas tipo Ziploc con el nombre de cada dueño argumentando que no podríamos acceder con el móvil por aquello de que fuéramos a tomar fotografías o grabar; incluso la persona que nos dio la orden (que creo que es la segunda de la Secretaria Carpio, pero no estoy segura), dijo que ‘se tomaban esas precauciones porque Michoacán se presta a divulgar y a generar desinformación’.

“Total, nos quitan el celular y al entrar nos dieron unas hojas, al leerlas nos dimos cuenta de que eran los formatos de renuncia en donde venía marcado: Motivo: Baja definitiva y renuncia… Esto sin finiquito y sin nada de nada. Ahí mismo nos hicieron saber que había dos opciones: o firmábamos la renuncia, o a partir de ese día nos mandarían a lugares lejanos en Michoacán, a comunidades de primer nivel (Centros de Salud), donde nadie quiere ir porque la violencia tiene el control de esos lugares o porque la situación política de cada municipio es diferente. Esto hasta que terminara agosto y recodificándonos a la categoría más baja.

“Mucha gente se molestó y, entre sus denuncias, estaban el por qué no se les había avisado con tiempo para pensar sobre el tomar o no una u otra opción. Pero la persona que daba las indicaciones dijo muy tajante que eso era lo que mandaban, lo que ella tenía y que eso era lo que había; así que o firmábamos ahí la renuncia o al día siguiente nos mandarían a un lugar en donde sí nos necesitaran, que porque según no sé quién ya no había Covid-19 y que con eso ya no había justificación para nosotras seguir trabajando”, detalló Camila.

El jueves 12 de noviembre del año pasado, después de 10 años en construcción, se inauguraron los hospitales Civil e Infantil de Charo, Michoacán, donde, de acuerdo con información de la SSM, se habilitaron 58 especialidades médicas clínicas y quirúrgicas.

En el Hospital General Dr. Miguel Silva se habilitaron 52 consultorios para seis unidades con 27 especialidades clínicas y quirúrgicas, 250 camas para hospitalización y 157 no censables, es decir, camillas, incubadoras, áreas de urgencias, cirugía ambulatoria y general, tococirugía, imagenología, laboratorio, endoscopia, trasplantes y cuidados intensivos.

En el Hospital Infantil Eva Sámano de López hay 46 consultorios y 100 camas de hospitalización, nueve unidades con 31 especialidades, áreas de trasplantes, cuidados intensivos neonatales, quimioterapias, imagenología, laboratorio, endoscopias, urgencias y otros.

Camila G. señaló que les ofrecieron una opción laboral en estos nosocomios; pero que en ambos hay varios inconvenientes: “En cuanto al Hospital Civil e Infantil, por el cambio de sede a Charo y por la necesidad de mayor personal, al ser hospitales más extensos y amplios se ofertó la posibilidad de seguir laborando en Ciudad Salud (al personal de Insabi) que estaba dentro de estos nosocomios sin perder su lugar, aunque con un salario diferente y con un contrato eventual e incierto, cambiando el código de federal a estatal y como estaríamos renunciando al Insabi se anulaba la posibilidad de basificarnos y ahora tendríamos una paga menor por no haber generado antigüedad y por pertenecer al gobierno estatal, además de que eso también era quedarnos como suplentes y tener la suerte de checar si nos necesitaban o no; pero esto después de tres meses, ya que de no ser así, ahí acabaría todo, y por eso mucha gente desistió”.

“Yo sí firmé la renuncia y dije: bueno, pues de cualquier forma me quedo contratada por el hospital y ya; me quedo con un salario menor, pero con trabajo. El personal que aceptara continuar dentro de las listas del Insabi por dos meses más (julio y agosto) serían los económicamente más afectados, ya que por este cambio su sueldo se vería reflejado con una disminución notable”.

La enfermera explicó que los más perjudicados en sus ingresos son los médicos con categoría B. “Yo por lo que supe los médicos no firmaron la hoja y por ende se hizo un caos y por ahí supe que alguien hizo un oficio, el cual llegó hasta las oficinas de Insabi en México y que ese oficio retumbó muy alto, tanto así que esa misma semana en la que nos habían despedido regresó la secretaria, la encargada de Finanzas a nivel estado y nos dijo: Saben qué… disculpen, aquí traigo sus renuncias, fue una equivocación, y ya nos dijeron que sí seguirán vigentes hasta terminar el mes de agosto en los lugares en donde están.

“Así que firmamos nuevamente los documentos por dos meses más; pero en cierta manera nadie sabe qué pasara con nosotros al terminar el mes de agosto, es incierto nuestro futuro”, añadió Camila G., quien ahora desconfía de todo cuanto provenga del Gobierno Federal.

“Estamos en la cuerda flojaˮ

Denisse M., enfermera desde hace cinco años, confió a buzos que se halla en absoluta incertidumbre con respecto a su futuro laboral y económico, porque no sabe qué hará en caso de ser despedida o enviada a otro lugar:

“Como era muy alta la posibilidad de que nos dieran la base, comencé a independizarme de mi familia; comencé a comprar cosas para mi casa y compré un carrito para facilitar mi traslado hacia el hospital. Si me llegan a mandar a otro municipio se me va a complicar pagar mi casa en Morelia y una renta a donde me manden; además tendría que volver a comenzar a instalarme y pagar servicios aquí y allá. Además soy una persona a la que le gusta capacitarse y las capacitaciones no siempre son gratis, y muchas de ellas yo las pago. Si me reducen el sueldo y no me quedo en mi ciudad no me alcanzaría para todo. Estamos en una situación muy inestable y nadie lo sabe. No podemos decir o hacer algo. De hecho tengo miedo a represalias”.

Un estudio reciente sobre la situación personal de los profesionales de la salud concluyó que, durante la pandemia de Covid-19, uno de cada cuatro sufre depresión y ansiedad y uno de cada tres padece insomnio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que, además, reciben acoso verbal, discriminación y violencia física debido a su relación profesional con la pandemia.

“Espero que la situación mejore a favor del personal que está en contacto con los pacientes día a día. No es fácil. Implica muchas cosas físicas y psicológicas. Mi trabajo es el mejor del mundo, pero no es sencillo; lo único que pido es que cumplan las promesas que nos hicieron y los acuerdos firmados, ya que no cualquiera podría llevar a cabo este trabajo, no cualquiera quiso entrarle a la atención hospitalaria con pacientes infectados y los que lo hacemos nos pagan así, sin algo seguro”, agregó.

Las largas y extenuantes jornadas de trabajo, los prolongados lapsos en los que están separados de sus familias, el extraordinario estrés que genera el temor a contraer la enfermedad y la estigmatización social a que los someten ciertas personas insensibles son factores negativos que las autoridades soslayan en el caso del personal médico.

“Nada ha sido sencillo. Para entrar a Insabi no fue fácil; fue hacer pruebas, filas enormes, llevar documentos a la delegación, imprimir contratos, entregar documentos, comprobar que en realidad tengo la capacidad, aptitud y actitud necesaria para el empleo; pero más que nada las ganas de ayudar. Sí, ser enfermera es mi pasión; pero también necesitamos dinero para comer y estamos en una cuerda floja en la que no sabemos si podremos avanzar y seguir ayudando o caeremos. Nos prometieron algo y arriesgar nuestra vida a diario lo vale”, concluyó la enfermera Andrea B.