Con el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T) en México se está volviendo una práctica común difundir, a través de sospechosas, filtraciones o declaraciones de funcionarios públicos a los medios de comunicación –entre ellos el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto– el bloqueo de cuentas bancarias, elementos probatorios que forman parte de investigaciones judiciales en curso (como videos o declaraciones de imputados) para exhibir o señalar a éstos públicamente, sin la previa declaratoria de una autoridad judicial competente. Esto es, contrario a lo que parece, una práctica inconstitucional, pues contradice dos principios de nuestro Estado de Derecho: el debido proceso y la presunción de inocencia.

Esto es así porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en el desempeño de sus funciones cualquier autoridad –sea civil, penal, administrativa, fiscal, etc.– tiene que respetar el debido proceso de los imputados para no afectar su libertad, bienes, obligaciones y derechos individuales. El debido proceso implica notificar al imputado el inicio del procedimiento con las formalidades establecidas en la ley; darle oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que funda su defensa; permitirle alegar lo que a su derecho conviene y garantizarle una resolución que dirima las cuestiones debatidas y pueda ser impugnada.

Cuando una autoridad, directa o indirectamente, difunde, a través de los medios de comunicación, una acusación o investigación, no cumple ni de lejos las formalidades esenciales de una notificación, como lo exige el debido proceso; y al mismo tiempo violenta la ley al no respetar su derecho a la presunción de inocencia, que exige que sea tratado en público o en privado como inocente en tanto no exista una sentencia firme que determine lo contrario. Cuando las propias autoridades son las que informan a los medios de comunicación que se investiga a tal o cual persona, crean un juicio paralelo donde el imputado es “sentenciado” ante la opinión pública, faltando con ello al trato de inocente al que todo ciudadano tiene derecho, y se convierten en las primeras en violar las leyes y en fomentar los linchamientos mediáticos.

 ¿Qué debemos hacer los mexicanos ante este tipo de atropellos?

 Obviamente no apoyaremos ningún género de actitudes irresponsables e inconstitucionales de las autoridades provenientes del gobierno actual, sino que debemos exigir el respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia de las personas que hoy están siendo perjudicadas por éste. Es urgente y necesario hacerlo porque, de lo contrario, todos los mexicanos estaremos expuestos a sufrir arbitrariedades iguales o peores a las que aquí comentamos.