El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), integrado con parte de las aportaciones de las empresas mineras a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se destinaba a elevar la calidad de vida de los habitantes de poblaciones dedicadas a la producción extractiva, pero el actual Gobierno Federal decidió que el 85 por ciento sea entregado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el argumento de que ese dinero era objeto de corrupción.

Esta determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) generó reacciones de rechazo en funcionarios públicos locales, trabajadores, organizaciones civiles y la sociedad potosina en general que, a través de manifestaciones de masas y documentos de difusión pública, le han exigido que elimine tal decisión, que califican como “ciega, sorda” y generadora del caos en las poblaciones que antes se beneficiaban de tales recursos.

El Fondo Minero, ahora denominado Fondo para el Desarrollo de las Zonas de Producción Minera (FDZPM), era utilizado por los gobiernos municipales para combatir los efectos ecológicos más nocivos de la actividad minera y para construir o reparar la infraestructura urbana básica en las comunidades más pobres y marginadas. En tal caso, se hallan Charcas, Cerro de San Pedro y Villa de La Paz, que a decir del secretario de Finanzas del gobierno estatal de San Luis Potosí, Daniel Pedro Gaitán, perderán 70 millones de pesos en ingresos, en tanto que la administración estatal dejaría de percibir 40 millones.

El presidente de la Cámara Minera de México, Fernando Alanís, señaló, por su parte, que la pérdida de estos recursos fiscales significarían un “duro golpe para las comunidades mineras” y previó que, si se concretan las empresas del sector, aplicarían mayor presión sobre aquellas en las que es menor la demanda de gastos e inversiones, ligadas al desarrollo de la infraestructura en las localidades donde operan, como se ha evidenciado en los tres municipios más afectados por la decisión unilateral del Gobierno Federal.

Durante la visita que hace unos meses realizó AMLO a Charcas, municipio del Altiplano Potosino, el alcalde local Manuel López Lara le pidió, durante un mitin, que devolviera a San Luis Potosí el Fondo Minero; pero el mandatario respondió que no podía devolverlo porque, en su ejercicio anterior, “había habido corrupción” y que en adelante sería directamente entregado a las asociaciones de padres de familia para el arreglo y la rehabilitación de escuelas.

Esta nueva asignación del Fondo Minero se determinó a finales de 2019, en el paquete económico de 2020 –los presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación (PIEF)– donde se definió que parte del dinero recaudado por las empresas mineras ya no sería entregado a estados y municipios mineros, sino a la SEP (el 85 por ciento) para que esta dependencia federal lo distribuyera entre las asociaciones de padres de familia de las escuelas públicas.

Para la mayoría de los funcionarios públicos y dirigentes civiles o sociales potosinos, el nuevo destino del Fondo Minero quedará sujeto a una mayor discrecionalidad para su ejercicio público y privado, por lo que los argumentos de anticorrupción y austeridad del Gobierno Federal perderán credibilidad, en tanto que los recursos fiscales para financiar sus programas ecológicos y obras de infraestructura urbana básica en estados y municipios mineros han desaparecido.

Estos hechos provocaron que organizaciones civiles y sociales presentaran 33 controversias ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) para que el Fondo Minero mantuviera la misma orientación social de sus recursos en los estados y municipios mineros; pero no procedieron. Al respecto, Beatriz Olivera Villa, investigadora del programa Tierra y Territorio de Fundar, afirmó que el cambio ordenado por AMLO “desdibuja la figura del fondo minero, así como su impacto local en zonas mineras”.

Y aunque la especialista reconoció que en efecto hubo irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Minero, explicó que, en lugar de cambiar el sentido del fondo, el Gobierno Federal debió reforzar los mecanismos de transparencia para evitar la corrupción. “Al hacer este cambio con la nueva disposición, se toman decisiones que tampoco van a favorecer la transparencia y rendición de cuentas”, indicó.

Olivera Villa mencionó que en la nueva versión del Fondo Minero hay también algunas fallas de implementación, participación efectiva y control sobre los recursos recibidos a partir de 2019. Le falta, por ejemplo, un registro de proyectos financiados, terminados o en curso, que disponga de información detallada de los recursos incorporados al fideicomiso creado por la Secretaría de Economía (SE).

Faltan, asimismo, criterios de participación y monitoreo externo sobre los proyectos de infraestructura financiados en 2019 y 2020 para que se constate su ejercicio a cabalidad, de acuerdo a cómo fueron etiquetados. “Espero que haya rendición de cuentas, que los recursos no se pierdan en las arcas de la SEP”, advirtió finalmente la investigadora del programa Tierra y Territorio de Fundar.

El caso de Charcas

En Charcas, municipio minero del semidesierto potosino, persiste un sinfín de problemas sociales derivados de la falta de obras de infraestructura pública, como agua potable, drenaje, electrificación, caminos, carreteras y calles pavimentadas, hospital de especialidades y escuelas del nivel superior, entre otras tantas, que afectan a sus 21 mil 138 habitantes en las 246 comunidades dispersas. 

Dos de los servicios urbanos más urgentes para la población de Charcas son el agua potable y el drenaje. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 46.8 por ciento de pobladores de Charcas (ocho mil 359 personas) habitan viviendas que carecen de estos servicios y el 63.5 por ciento del total de la población, es decir 11 mil 337, padecen algún grado de pobreza.

Pese a los esfuerzos que el alcalde antorchista, Manuel López Lara, ha realizado durante este último año, para dotar a la población de agua potable mediante su reparto por camiones cisterna, los charquenses resienten ahora la eliminación de los dos mecanismos gubernamentales que podían haberles satisfecho esa demanda y la del drenaje: el desaparecido Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el Fondo Minero.

Ambos instrumentos de distribución indirecta del ingreso fueron eliminados de un plumazo por la actual administración federal, en detrimento de las comunidades sociales más pobres y marginadas del país. Por ello, en su reciente visita a Charcas, la población insistió en demandar a AMLO que devuelva el Fondo Minero a los pobladores y vecinos de Cerro de San Pedro y Villa de La Paz, también pertenecientes a San Luis Potosí.

En el territorio de Charcas se explotan productos minerales como oro, plata, zinc, cobre, plomo, ónix y mármol. Grupo México, empresa que pertenece al multimillonario Germán Larrea, extrae 59 mil toneladas de zinc de la mina de Charcas donde, además, mantiene una explotación de cobre y una planta de refinación de plata. Ésta es la razón por la que los habitantes del municipio consideran injusto e incongruente que ahora se les nieguen recursos del Fondo Minero.

Don Francisco Marfileño Puente, quien se dedica a la minería desde hace 34 años en Charcas, afirmó a buzos: “Recuerdo que el recurso del Fondo Minero fue una gran noticia para los habitantes de este municipio, sobre todo para quienes laboramos en esta rama, ya que es una manera de devolverle un poco a la naturaleza, a la tierra que trabajamos. Así vimos materializado el recurso en obras de pavimentación, resaltando la calle Morelos, una de las principales en la cabecera municipal. Nos quedó claro que este recurso llega a los municipios con actividad minera con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes, con obras y servicios para el desarrollo del pueblo”.

“Hace algunos meses nos enteramos por las noticias que AMLO retiraría el apoyo del Fondo Minero, o al menos ésa era su intención. Ahora el recurso está detenido, lo que afecta el progreso de Charcas. Necesitamos muchas obras, pavimentaciones, drenaje y agua potable; escuelas, electrificaciones, servicios médicos. En fin, pedimos al Gobierno Federal que, si no nos da, tampoco nos quite lo que ya teníamos. Seguimos esperando que regrese el recurso”, advirtió el señor Marfileño Puente.

Mientras el Gobierno Federal se decide a devolver el Fondo Minero, los habitantes de municipios que viven de las actividades extractivas continúan en la incertidumbre, con menos apoyos para la construcción y mantenimiento de infraestructura básica, que resulta indispensable para la satisfacción de los servicios más elementales, alimentación y desarrollo sanitario.