Igual que en el primer año del sexenio, al iniciar 2020 comenzó a desmoronarse la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que la propaganda oficial aseguró que se había alcanzado.

En diciembre de 2018 se anunció un primer incremento “histórico” al salario mínimo (SM) del 16 por ciento, que se activaría en 2019; pero en enero tal incremento empezó paulatinamente a pulverizarse con el alza en los precios de los bienes y servicios; así lo reconoce Cuauhtémoc Rivera, dirigente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), quien advirtió que en este año pasará algo similar.

En 2019, el SM se fijó en 102.68 pesos; a partir de enero, se aplicó un aumento del 20 por ciento para llegar a 123.33 pesos diarios, lo que representó un incremento de 20.65 pesos al día, es decir tres mil 699.9 pesos mensuales.

El 15 de enero, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reportó que, solo en diciembre pasado, 14 mil 553 empresas despidieron abruptamente a todo su personal y cancelaron sus nóminas completas –incluyendo los registros y cotizaciones a esa institución– con lo que, en 2019, se perdieron 382 mil 210 plazas de trabajo formal. 

El aumento del 20 por ciento al SM, presentado como una decisión “sin precedentes” en 40 años, solo benefició a los dos millones 76 mil 894 trabajadores con ese nivel de ingreso diario, en contraste con el 50 por ciento de los 56 millones de la Población Económicamente Activa (PEA), cuyo ingreso promedio es de un SM mensual.

El doctor David Lozano Tovar, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó a buzos que el mejoramiento del ingreso popular no debe estar dirigido únicamente a los poco más de dos millones de trabajadores que ganan un SM, sino también a los salarios profesionales y contractuales concertados por los sindicatos.

Asimismo, en su definición es necesario considerar el comportamiento de la inflación, el crecimiento económico –actualmente nulo, lo cual es irrelevante para el jefe del Ejecutivo– y consecuentemente, la generación de empleos, cuya demanda asciende a un millón 500 mil plazas nuevas cada año; y para la que tendría que haber un crecimiento económico entre el seis y el siete por ciento.

Pero cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció, en diciembre, su “histórica” alza salarial, al mismo tiempo, la economía nacional caía del dos por ciento promedio al finalizar 2018, a cero al término de 2019. En ese periodo se perdieron casi 400 mil empleos y los trabajadores se refugiaron en la economía informal, donde eluden el desempleo absoluto con ingresos muy bajos y variables, sin contratos ni prestaciones sanitarias ni sociales. De los 56 millones de “trabajadores potenciales” que hay en el país, solo dos tercios, 31 millones, trabajan hoy en el sector informal.

Los otros salarios

El doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico Asociación Civil (IDICEAC), dijo a este semanario que, ciertamente, el incremento salarial del 20 por ciento al SM no tiene precedentes y que redundará en beneficio de quienes obtienen este ingreso. “Veo el problema en el caso de los demás salarios (los contractuales) donde los incrementos han sido del tres por ciento promedio. Aquí es en donde podría haber, digamos, matices”.  

De la Cruz explicó que la economía está pasando por una recesión (descenso paulatino). Además, precisó que, para reimpulsarla, se requieren inversiones y que para que éstas se generen, es necesario que haya atractivos. Éstos, sin embargo, solo pueden producirse con el fortalecimiento del mercado interno; pero como el mercado laboral es precario, incide en un menor consumo privado.

“Para el inicio de 2020, México vive un periodo en donde los ajustes observados en el mercado laboral, la caída del empleo reportada por el IMSS en diciembre y el aumento en la ocupación en condiciones críticas que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) encontró para el mismo mes, abren la puerta a un menor consumo privado y, por lo tanto, a la continuidad de la recesión, por lo menos en el primer trimestre del año”, indicó el especialista.

A principios de este año, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) presentó su estudio Perspectivas sociales del empleo en el mundo, donde prevé que seguirá la pérdida de empleos en México y que, por lo menos, serán 172 mil. Los analistas de la OIT calcularon que la tasa de desocupación pasará del 3.4 por ciento observado en 2019, al 3.7 por ciento en 2020 y al 4.1 por ciento en 2021.

En mayo de 2019, Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reportó que México presenta el nivel salarial más bajo de la región, integrada por Guatemala, El Salvador y Honduras. Comparados con el mínimo en Estados Unidos (EE. UU.), el salario en estos países resulta 10 veces menor.

En los acuerdos de última hora del Tratado Comercial entre México, EE. UU. y Canadá (T-MEC), que el Senado mexicano aprobó desde junio de 2019, el gobierno de AMLO se comprometió a aumentar anualmente los salarios hasta equilibrarlos con los de sus socios, sin definir cómo ajustará las condiciones empresariales en México para que eso se concrete; un país con un crecimiento actual de cero y de dos por ciento promedio en las tres décadas pasadas, causas por las que más allá de generar puestos suficientes y bien pagados solo genera desempleo y gran cantidad de trabajadores que se cobijan en el sector informal para sobrevivir.

Pero el Presidente y su secretaria del Trabajo (ST), Luisa María Alcalde Luján, dejaron de lado estos factores y echaron las campanas al vuelo cuando afirmaron que, con el segundo aumento al SM, se volteaba “la página negra” de la contención deliberada al ingreso de los trabajadores. Incluso AMLO aseguró que se detuvo la caída del “valor adquisitivo” en los salarios, al beneficiar a 3.44 millones de trabajadores que actualmente “ganan menos” y que el aumento de 2020 sacaría de la pobreza laboral a 1.23 millones de mexicanos.

Entre tanto, alentados por el anuncio del “histórico incremento” al SM y por las declaraciones del gobierno de AMLO, los empresarios se dedicaron a despedir trabajadores de 14 mil 500 empresas en diciembre de 2019; y a elevar los precios de sus productos para compensar los incrementos en sus gastos de producción, obviamente en referencia al alza del SM.

Y el Gobierno Federal de la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T), en lugar de aplicar más impuestos a la acumulación de la riqueza, elevó la tasa del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que de inmediato se trasladó a los precios de los bienes y servicios aplicables, que son de consumo generalizado. 

Consultado por este semanario, Lozano Tovar comentó que es falsa la afirmación de la ST de que los aumentos al salario han contribuido a que se empiece a recuperar el poder adquisitivo. “En el mes de diciembre y en el mes de enero hubo ajustes a los precios de los productos de la canasta básica a nivel nacional, y esos incrementos fueron prácticamente del 18 por ciento, solamente en dos meses.

“Si ese 18 por ciento, lo sumamos a lo que se incrementó en 2019, que fue del 5.6 por ciento de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), tenemos un incremento del 24 por ciento. Entonces, a pesar del incremento que mencionó el Gobierno Federal, que sí es un incremento importante, no pudo detener, incluso, la caída del poder adquisitivo que se dio en 2019”.   

Poder adquisitivo, imparable caída

Como resultado del aumento de precios de diciembre y parte de enero, de acuerdo con datos del Inegi, en la primera quincena de enero de este año, se registró un incremento del 0.27 por ciento en la tasa de inflación, para alcanzar el 3.18 por ciento en términos anualizados a partir del 2.86, reportado en 2019.

Hubo un incremento en los precios de los productos, a los que se aplica el IEPS, entre los que destacan los combustibles, cuyo impacto inmediato se refleja en las mercancías de consumo básico y popular. A partir del 1° de enero, el impuesto a cada litro de gasolina Magna aumentó de 4.81 a 4.96 pesos; el de la Premium pasó de 4.06 a 4.18 pesos y el del Diésel, de 5.28 a 5.44 pesos.

En los casos de la luz y el gas, se continúa “acolchonando” a los usuarios con subsidios; pero en los de las gasolinas, el gobierno actual, según el diseño aplicado en el sexenio pasado, la tasa del IEPS es movida hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las circunstancias del mercado en cada región del país, y de los precios de importación en dólares, ya que buena parte de los combustibles proceden de las petroleras estadounidenses. 

“Si los tomamos en conjunto, solamente en la primera quincena de enero los productos y servicios que consume la mayoría de los trabajadores que perciben más de un SM se incrementó en 17 por ciento; en una sola quincena. Lo que podría decir la ST es que se está haciendo un primer intento para detener la caída del poder adquisitivo; pero fue solo un intento, no lo ha detenido ni lo va a detener con los incrementos de precios que se dieron”, precisó el doctor Lozano.

Según la ANPEC, desde diciembre de 2019, cuando se anunció el incremento al SM, las empresas que fabrican productos de consumo popular avisaron que habría un incremento de entre uno y tres pesos en sus precios, con lo que se inició la pulverización del aumento salarial, como había ocurrido ya el mismo año, cuando se anunció el del 16 por ciento, que también se diluyó rápidamente.

La ANPC prevé un impacto reducido en el consumo interno debido a la actualización de la tasa del IEPS y evaluó como ciertamente positivo y sin precedentes el aumento del 20 por ciento al SM; pero explicó que el alza en los combustibles impactó a los costos de transportación y distribución de los productos básicos.

Cuauhtémoc Rivera precisó: “El primero en elevar sus productos fue Bimbo, que aumentó dos pesos a su línea de pan de caja en todas sus versiones. Mientras que marcas como Gamesa, Marinela, Modelo, Sabritas, Barcel, Nestlé, Lala, Alpura y Tía Rosa anunciaron que sus productos tendrían ajustes a partir del dos de enero de 2020”.  

El siete de enero de 2020, Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) confirmó los aumentos en productos de la canasta básica debido al incremento del IEPS y que se reflejaron en los precios al consumidor a fines de 2019 y comienzos de 2020.

“Aún no hay certeza sobre el efecto que tendrá el alza al salario mínimo. Pensamos que sí se puede absorber por las empresas, pero no hay certeza. Hasta pasado el primer trimestre del año podremos darnos cuenta (…) Definitivamente sí estamos estimando que el aumento de los impuestos a los que hacen referencia va a tener una repercusión; es por eso que estamos estimando una inflación del 3.4 por ciento, que será más de la que tuvimos en 2019”, explicó.

Al inicio de este año, el kilogramo de tortilla se incrementó; y en algunos estados alcanzó hasta los 20 pesos por kilogramo, de acuerdo con el indicador ¿Quién es quién en los precios? de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Las variaciones fueron entre 11 y 20 pesos. En la CDMX, los precios oscilaron entre 11, 14 y 16 pesos, en contraste con el promedio registrado en 2019, que correspondió a 13.65 pesos y los 12.54 pesos del cierre de 2018.

Homero López, dirigente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), indicó que la tortilla había aumentado un peso por kilo en la mayoría de las entidades; aunque el incremento fue de hasta tres pesos en los estados donde este alimento básico no se elabora con harina de maíz, sino con maíz nixtamalizado.

Afirmó que en todo el país, el precio promedio era de 15.30 pesos, aunque se vendía en 17 pesos en entidades como Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán, Baja California, Baja California Sur y Sonora.  Además, explicó que los incrementos surgieron debido al alza en los costos de la harina de maíz elaborada por Maseca, cuyo producto más barato cuesta 10 mil pesos la tonelada, que incluye un incremento del 12.5 por ciento y que empezó a aplicar en diciembre de 2019.   

Aceptan supervisores de EE. UU.

El Senado de México aprobó la nueva versión de T-MEC en junio de 2019, que concluyó en 2018 y fue avalada por los presidentes de México, EE. UU. y Canadá en un acto protocolario efectuado en Argentina. El apartado laboral es un añadido que EE. UU. impulsó de última hora en 2019 y que asumió el gobierno de AMLO.

Los negociadores mexicanos aceptaron la antes rechazada participación de supervisores laborales extranjeros para que verifiquen el cumplimiento de la reforma laboral que el gobierno de México aceptó aplicar a las empresas nacionales, la cual previamente exigieron las compañías canadienses y estadounidenses para que los salarios del país alcancen paulatinamente el nivel de los vigentes en Canadá y EE. UU. y no haya competencia desleal de México por su mano de obra barata. Al parecer, el gobierno de AMLO aceptó ese compromiso sin considerar qué harán las empresas locales para asumir tales incrementos.

El 16 de diciembre de 2019, Gustavo de Hoyos, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que agrupa a pequeños y medianos empresarios, afirmó: “México cedió ante presiones de EE. UU. No puedo decir si fue poco o mucho, pero lo cierto es que hay concesiones adicionales después de que se reabrió un tratado que ya estaba firmado en Buenos Aires por los jefes negociadores, pues se hizo sin tener la debida reflexión”.

En EE. UU., el T-MEC ya se votó y solo falta el visto bueno de Canadá, que llegará en abril. “Las prisas han debilitado en un momento dado incluso la posición negociadora de México. No ha tenido nada qué poner sobre la mesa, puesto que ya lo había aprobado”, comentó De Hoyos en entrevista con una radiodifusora.