La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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Los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), Marko Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, señalaron en que la solicitud de juicio político de Morena contra el ministro de la SCJN, Arturo Pérez Dayán, por tirar la reforma eléctrica de López Obrador, es muy grave y evidencia al actual régimen autoritario.
El presidente del blanquiazul, Marko Cortés, cuestionó a través de sus redes sociales que “la solicitud de juicio político de Morena contra un ministro de la Corte es una bravuconada más o el anuncio formal de un golpe de Estado".
También agregó por su red social X que con el régimen morenista el autoritarismo ya es muy evidente y sólo trabajando juntos se podrá impedir que Obrador implante una dictadura en México.
En ese mismo sentido se pronunció Alejandro Moreno, "porque enjuiciar políticamente al ministro Alberto Pérez Dayán, como pretende el gobierno de Morena, es un despropósito”, al advertir que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben acatarse cabalmente.
Consideró que el revanchismo del actual gobierno no tiene límites y, dirigiéndose a los integrantes de Morena, puntualizó: “Entiéndanlo, la ley es la ley”.
Moreno Cárdenas expresó el respaldo total del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al máximo tribunal del país y al ministro Pérez Dayán, que con su voto de calidad como Presidente de la Segunda Sala permitió que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.
Además, señaló, enjuiciar políticamente al ministro Pérez Dayán, además de ser un despropósito, “es uno más de los intentos de Morena para distraernos de los temas urgentes del país”, escribió también por sus redes sociales.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
Cada unidad tuvo un costo de 1.7 millones, por lo que el gasto fue de más de 15 millones de pesos.
El costo por camioneta podría oscilar entre 1.5 y hasta tres millones de pesos, dependiendo del nivel de blindaje.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera