Claudia Gámez Galindo, secretaria en funciones de Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, dio un plazo de cinco días al Gobierno Federal para incluir a los menores de 12 a 17 años en la Política Nacional de Vacunación (PVN) contra COVID-19.
Dijo que de incumplir dicha determinación se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que sancione el posible desacato de las autoridades a la orden judicial.
La orden está relacionada con la suspensión definitiva que Gámez Galindo concedió el 7 de octubre pasado a favor de toda la población menor de edad, entre 12 y 17 años, para ser contemplados en el proceso de vacunación.
“Se concede a las autoridades responsables prórroga de 5 días hábiles, contados a partir de la legal notificación, para que den cumplimiento a la suspensión definitiva dictada”, dijo Gámez Galindo.
Recordó que, al dar la suspensión definitiva, el 7 de octubre pasado, se dio un plazo de 48 horas para que las autoridades actualicen o adicionen la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2″.
El objetivo de la determinación es que se incluya a los menores de 18 y hasta los 12 años de edad en el PNV para ser inoculados contra COVID-19.
La secretaria en funciones señaló que el biológico que deberá ser aplicado a ese grupo es el Pfizer-BioNtech, por ser el único que las autoridades sanitarias han autorizado hasta el momento para su aplicación de emergencia a niños y adolescentes.
Detalló que el 14 de octubre pasado, el subdirector de Recursos Administrativos de la Secretaría de Salud, en representación de Jorge Alcocer, titular de la dependencia y de Hugo López Gatell, sub secretario de Prevención y Promoción de la Salud, solicitó una prórroga para acatar la suspensión definitiva.
En atención a ello, Galindo dio la prorroga y dijo que en un plazo de cinco días debe cumplirse con la medida ordenada en la suspensión definitiva a favor de este sector de la población.
“En ese sentido, reitérese a las autoridades responsables que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito de abuso de autoridad, por lo que cualquier violación a la misma dará lugar a que se dé vista al agente del ministerio público de la federación para los efectos conducentes”, advirtió.
La penalidad prevista para dicho delito es de uno a nueve años de prisión, según lo previsto en el artículo 215 del Código Penal Federal.
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