La Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Leticia Ramírez Amaya, incumplió con la publicación de los nuevos Lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas de educación básica y media superior.

Tras las reformas a la Ley General de Educación realizadas en diciembre del 2023, la SEP debió publicar a más tardar el 17 de junio pasado los lineamientos, mismos que determinan cuáles alimentos no se podrán vender dentro de las escuelas y sus alrededores.

Por lo anterior, organizaciones de la sociedad civil como El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) presentaron un amparo en contra de la SEP, con lo que buscan, se publiquen los nuevos lineamientos, como lo dispone la ley, al no hacerlo, está violentando los derechos de los niños.

Y es que, al cierre del ciclo escolar pasado, se incrementó el número de escuelas donde se ofrecieron productos y alimentos chatarras, ya que nueve de cada diez centros educativos incumplieron con la ley, es decir, no retiraron las bebidas azucaradas ni alimentos sin valor nutricional.

Desde 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica. Sin embargo, “las autoridades educativas han sido omisas con la aplicación de la ley, ya que es un mercado de millones de pesos”, señaló en conferencia de prensa Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

Liliana Bahena, Coordinadora de Mi Escuela Saludable, de El Poder del Consumidor, afirmó que México enfrenta un grave problema de salud pública debido a las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes de las que niños y adolescentes no están exentos. “Actualmente, uno de cada cuatro vive con obesidad y se ha proyectado que, de no actuar, para 2023 serán siete millones quienes la presenten, también se prevé que el 50 por ciento de los infantes nacidos a partir de 2010 desarrollará diabetes a lo largo de su vida”, alertó.

De la misma manera, la asociación civil informó que la SEP carece de información certera respecto al número de escuelas en el país que siguen ofreciendo productos chatarra, lo que complica el problema, debido a que los estudiantes continuarán consumiendo estos productos.

Por su parte, Tania Ramírez, directora de REDIM, destacó que la autoridad federal violenta los derechos de los menores y jóvenes, porque ha quedado claro que la industria se opone a retirar sus productos de las escuelas, y en el caso de la SEP, es omisa.